Desde el próximo miércoles 20 de septiembre hasta el fin del período de campaña, las autoridades de gobierno u otras reparticiones estatales que realicen actos públicos, deberán invitar a todos los candidatos, ya sean presidenciales o parlamentarios, en base a lo establecido en la ley 18.700.

Así lo estableció el Servicio Electoral, que elaboró un instructivo sobre esta materia, el cual establece las condiciones a que deberán ceñirse las autoridades públicas para cursar las invitaciones y las consecuencias de su incumplimiento. Asimismo, pone énfasis en la definición de los distintos actores que participan y en los territorios electorales en que se aplica.

[ze_adv position="adv_300x100" ]

De este modo, se define como autoridad al jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado con competencia comunal, provincial, regional o nacional; mientras que por candidatos se entenderán aquellos que el Servel inscriba en el Registro Especial, en conformidad a la legislación actual.

El Servel detalla que se entiende por acto público aquel que tiene por objeto concretar las funciones de los servicios públicos, a las cuales convocan las autoridades que los dirigen. En dicho contexto, están las inauguraciones de obras, mediante las cuales se pone a disposición de la ciudadanía todo tipo de instalaciones, dependencias o infraestructura, sean éstas nuevas o remodeladas, públicas o municipales; tales como, escuelas, hospitales, servicios, monumentos u otros de similares.

[ze_adv position="adv_300x250-A" ]

En el instructivo se aclara que son de carácter público cuando se invita o convoca a la prensa y a los medios de comunicación social para que las difundan.