Sorpresa e impacto. Así describían los cercanos al ex alcalde de Providencia y coronel (R) Cristián Labbé, la decisión de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes de dejar detenido y someter a proceso al ex edil, en el marco de la investigación del caso Tejas Verdes.

En el auto de procesamiento se sostiene que “aparecen presunciones fundadas para estimar que Cristián Labbé Galilea ha tenido participación, en calidad de autor, en el delito de asociación ilícita”.

El ex alcalde había asistido a un careo ayer por la mañana y tras la diligencia se tomó la determinación de dejarlo detenido y trasladarlo al Batallón de Telecomunicaciones en la comuna de Peñalolén.

La causa de Tejas Verdes es acerca de la desaparición y torturas de 13 personas, entre ellos militantes del Mapu, PS y MIR.

Junto a Labbé fueron procesados otros nueves oficiales y suboficiales en retiro del Ejército.

El ex alcalde habría sido instructor de boinas negras en el regimiento Tejas Verdes.

Ayer en la tarde la directiva de la UDI fue a visitar a Labbé, y tras el encuentro el presidente del partido, Ernesto Silva, lanzó duras críticas.

“Uno se hace la pregunta si la justicia opera igual para todos, cuando hemos visto que dirigentes políticos han reconocido haber participado en hechos de sangre y que andan libres por las calles”, sostuvo el diputado.

Aunque no lo nombró directamente, sus dichos eran una clara alusión al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien el domingo en Estado Nacional relató que “cuando se produce el degollamiento de cuatro profesionales del Partido Comunista, en ese momento se acercan dirigentes del Frente Patriótico a consultarle al PC si estarían de acuerdo con ajusticiar al tirano. Nosotros sabíamos que era una responsabilidad muy grande y llevé la consulta, se consultó y se resolvió que sí”.

Interior apelará

Ayer, en tanto, funcionarios del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior anunciaron que apelarán a la resolución de la magistrado para aumentar los delitos, ya que pedían el procesamiento de Labbé por homicidio, secuestro, torturas y asociación ilícita, y la orden sólo se decretó por esta última.

El abogado de Labbé, en tanto, Cristián Espejo, cuestionó el delito por el que se le acusa a su defendido.

“Claramente nosotros no estamos de acuerdo con que se le impute un delito de esta naturaleza, porque si no por esta vía el Ejército completo debería estar por asociación ilícita”, dijo Espejo a PULSO.

En el gobierno, en cambio, la reacción fue con cuatela. El vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde, sostuvo que “esperamos que todos estos crímenes sean esclarecidos y quien tiene que determinar finalmente la responsabilidad son los tribunales de justicia”.

A su vez, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, afirmó que “son definiciones del Poder Judicial y, por lo tanto, para nosotros son obligatorias de respetar”.