Magdalena Sepúlveda, abogada: “Es una caricatura decir que si se consagran ciertos derechos implicaría que cada persona pueda ir y demandar al Estado”

La exrelatora especial de la ONU sobre extrema pobreza y Derechos Humanos y la actual directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una de las editoras de un libro que reúne ensayos escritos por académicos nacionales e internacionales sobre discusiones constitucionales. En esta entrevista, aborda esa iniciativa y da su visión sobre cómo se ha abordado la provisión de derechos sociales en Chile.




Derechos sociales y el momento constituyente de Chile: Perspectivas globales y locales para el debate constitucional. Así se titula el libro que fue lanzado hace pocos días por una serie de instituciones: la Iniciativa Global sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la U. de Concepción (Centro de Derecho Ambiental y Cambio Climático y Programa de Estudios Europeos) y la U. de Essex en Reino Unido (Centro de Derechos Humanos).

La abogada Magdalena Sepúlveda, doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Utrecht (Países Bajos), es una de las editoras del texto que reúne ensayos de varios académicos que profundizan sobre varios temas de fondo del debate constitucional.

Sepúlveda, exrelatora especial de la ONU sobre extrema pobreza y Derechos Humanos, explica en esta entrevista la iniciativa que lidera y también da su visión del proceso chileno y defiende la idea de que se avance en más derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, dejando de lado algunas “caricaturas” y “visiones simplistas” que se argumentan en la discusión pública.

¿Cuál fue el diagnóstico que impulsó esta iniciativa?

Nosotros somos una organización global y el diagnóstico principal es que lo que existe de telón de fondo en Chile es una crisis de desigualdad que fue agravada por la pandemia y también una crisis de representatividad que pone por el piso el apoyo a las instituciones políticas y democráticas en el país. Y este diagnóstico es compartido en muchos otros países. No es solo que en Chile tengamos un problema de desigualdad y un problema de representatividad, sino que es global. Por lo tanto, la invitación que se hace a expertas y expertos internacionales es a que contribuyan para que nos den también su propia mirada respecto de estos grandes temas. Esta idea de que el modelo económico imperante, el modelo económico neoliberal que resguarda la Constitución del 80 ya no es un modelo viable, tampoco es una discusión que se esté dando solo en Chile, sino que se dan de manera global.

¿Y por qué ponen en énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales?

O sea, la discusión no se debiera dar tanto en si debe o no la Constitución consagrar derechos económicos, sociales y culturales. Si uno mira el constitucionalismo moderno, la respuesta es que debe consagrar Derechos Humanos, de los cuales los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales son parte de las constituciones modernas. Pero la dificultad, si se quiere, es que esta se tiene que consagrar de una manera sistémica, una manera en que no basta una consagración, que se podría decir como poética del derecho, sino que lo que se requiere es que la distribución del poder que es el que da el marco constitucional, los recursos, el equivalente a un recurso de protección actual, o sea, los mecanismos de exigibilidad de los derechos, los temas de distribución territorial, la institucionalidad, todo esté acorde y eso es lo que traemos acá. La idea es traer la evidencia para ayudar a los miembros de la Convención a mirar cuál es la experiencia comparada.

Antes de entrar en ese debate de fondo, te quiero llevar a un tema. Históricamente, la discusiones constitucionales han sido más de élite y hoy día empiezan, lentamente, a ser más socializados. ¿Cómo cree que se aporta a eso?

Eso es parte clave de este proyecto porque no es solamente para los asambleístas, sino también para la sociedad civil en general. El diagnóstico que acabas de hacer lo compartimos. Ha habido un desarrollo y un trabajo entre los constitucionalistas o los politólogos en Chile que es más bien de una élite y es importante poderlo traspasar, sobre todo cuando tenemos una asamblea que es bastante representativa de la sociedad y por lo tanto no necesariamente tiene que tener este tipo de conocimientos. Y si uno mira Chile en el contexto global, nuestro constitucionalismo también está bastante sesgado respecto de la protección de los los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales).

¿Por qué?

Porque existe todavía, a nuestro juicio, esta limitación de decir que el derecho a la vivienda es un derecho, el derecho a la salud es un derecho y que va mucho más allá de la libertad de elegir la forma de satisfacerlos. Sino que son derechos que tienen que ser consagrados como ciertos mínimos esenciales a toda la población. Lo mismo en materia de seguridad social o protección social. Y esta idea que en Chile parece ser como muy progresista, la verdad que a nivel de constitucionalismo global es lo mínimo aceptado. Y es común encontrar en un país como Suiza o un país como la India, las cortes constitucionales o las cortes supremas, dependiendo del mecanismo legal que tengan, estén llamados a resolver muchos de estos asuntos porque son considerados derechos exigibles en sede judicial. Entonces, esto también es bastante importante, que también de alguna forma los chilenos nos hemos convencido de una visión muy restringida de los DESC, que a nivel global tampoco se considera tan progresista.

¿Y a qué atribuyes que eso siga sucediendo?

En Chile tenemos un estudio bastante limitado de los derechos humanos. Por ejemplo, si hago la comparación en Europa, la Convención Europea de Derechos Humanos forma parte del marco constitucional de todos los países europeos, por lo tanto, se enseña en las facultades de Derecho. Tú sales estudiando realmente derechos humanos, derechos fundamentales porque se aplica directamente ya sea en algunos países dependiendo el sistema normativo que tengan porque tengan una ley que hace doméstica la Convención Europea de Derechos Humanos o porque se aplica de manera directa.

¿Y por qué cree que eso no es visto así en Chile?

Los operadores jurídicos chilenos, abogados, profesores de derecho, no están acostumbrados. Los jueces han habido algunos casos que un poco se acercan a alguna protección pero son la minoría. Entonces es eso, hay operadores jurídicos que no conocen los DESC porque realmente es nuevo el estudio de derechos humanos. Tenemos esta idea de que hay generaciones de derechos. Esta idea de que la primera generación son los derechos civiles y políticos. La segunda, los DESC, la tercera, los ambientales. Eso es, es totalmente obsoleto. Lo que se enseña ahora es que son todos los derechos indivisibles, por igual, de una misma naturaleza jurídica y que todos tienen obligaciones positivas y negativas. O sea, de hacer, de dar y de abstenerse. Por ejemplo, con el derecho a la vida: el Estado tiene que abstenerse de matar extrajudicialmente. Con el derecho a la vivienda se tiene que abstener del desalojo y en ambos tiene obligaciones positivas. El derecho a la vida tiene que capacitar a la policía, en el derecho a la vivienda se tiene que crear un contexto de leyes que protejan a los arrendatarios, que permitan financiar la vivienda y así. Entonces hay obligaciones positivas y negativas en ambos. Entonces, sí es un problema bastante más estructural que no tiene que ver tampoco en Chile, de qué sector político eres, es un problema con la forma en la cual estudiamos los derechos humanos en Chile.

“La Constitución tampoco soluciona todo, no es una panacea”

¿Cree que es riesgoso aumentar la expectativa de más derechos?

Lo encuentro necesario. La verdad es que no lo encuentro un riesgo. Al contrario, creo que por donde estamos creo que es conveniente, creo que es muy bueno, lo veo como positivo que la Constitución refleje este sentido de la importancia de la demanda social que hay por estos derechos. Y que no es de ahora ni del estallido social, sino que si uno mira atrás, en el segundo gobierno de Bachelet, cuando se abrió el proceso constituyente, los derechos sociales eran las primeras demandas que salieron en todos los espacios participativos. El punto que yo quería hacer y enfatizar es que el problema es que solo se consagre el derecho en si, sin esta visión más global. Hemos perdido la batalla comunicacional, la batalla de hacernos creer que no es posible consagrar estos derechos. Es una caricatura decir que si se consagra el derecho a la vivienda o a la seguridad social implicaría que cada persona pueda ir y demandar al Estado si no tiene estos derechos satisfechos. Y se dice además que entonces este sería el poder de los jueces o la tiranía de los jueces.

¿Y qué argumentaría a esa visión?

Todo eso es una caricatura, es un simplismo horrible que si uno mira el derecho constitucional moderno, se da cuenta que es un absurdo, es una caricatura. Un poco a eso también viene a responder el libro, es dar la evidencia de decir: “no, consagrar el derecho a la salud, consagrar el derecho a la seguridad social, consagrar el derecho a la vivienda, no implica que el día de mañana quien no tenga una vivienda propia pueda ir y exigirle al estado su vivienda”. La forma es mucho más compleja. Consagrarlo en la Constitución tampoco es la panacea. A lo que se refiere es que después la política pública, la legislación, todo el entramado legislativo de apoyo sea en base a la consagración de ese derecho y facilite el acceso a la vivienda. Lo que significaría, por ejemplo, en Chile, que la política pública tratara de solucionar el tema de la segregación habitacional. Y eso es lo importante, es realmente traer la evidencia para demostrar que esta visión simplista de la consagración de los DESCA que podemos tener en Chile no es lo que ocurre alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo una nota de precaución, es decir, la Constitución en sí tampoco soluciona todo, no es una panacea. Va a ser el primer paso, una condición necesaria, muy necesaria. Y como decía, una condición que es importante también para nuestro vivir democrático, para que la gente se sienta incluida, para empezar a tomar medidas en contra de los niveles de desigualdad que tenemos en el país, que haya una mayor inclusividad, etcétera. Pero es el primer paso, después es la política pública la que va a tener que hacer efectivos estos derechos.

Sobre lo que decía anteriormente. Indudablemente el nuevo entendimiento de los derechos en Chile debe estar acompañado de una mayor responsabilidad fiscal. De ahí el enfoque sistémico del que habla, ¿no?

Sí, el poder dar cumplimiento a las obligaciones garantizadas constitucionalmente requiere un ejercicio de recursos. Y eso es un tema clave en el proyecto que estamos llevando en la iniciativa global en Chile. ¿Y por qué es clave? Porque necesitamos un nuevo pacto fiscal, o sea, tomar los derechos sociales en serio requiere también que en este proceso de discusión constitucional veamos y establezcamos un nuevo pacto fiscal.

¿Y cómo imagina ese nuevo pacto fiscal?

Nos referimos a la forma en que el Estado va a tener los recursos disponibles para dar cumplimiento a las obligaciones que asuma en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y esto también es una visión desde los derechos humanos. Hoy en día está muy claro que la política fiscal es un tema muy importante en materia de derechos humanos. Es un tema, por ejemplo, que yo lo trabajo mucho desde los derechos humanos, la política fiscal y derechos humanos. Y esto para nosotros es clave. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que en Latinoamérica en general, y Chile también tenemos una muy baja tasa impositiva en comparación con Europa, por ejemplo. Y acá no significa de subirle el impuesto a las clases medias, lo que significa es subir el impuesto a las corporaciones.

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