Ricardo Montero (PS): “La actual Constitución está más preocupada en proteger intereses privados que garantizar derechos sociales”

Ricardo Montero Allende, abogado y candidato constituyente por el distrito 18.

Respecto a las Fuerzas Armadas y de orden público, el abogado plantea que en la nueva Constitución se deben incluir “criterios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilización y que siempre respeten los Derechos Humanos”.




“Más que exigir un derecho en particular, lo primero que escucho en las calles es la demanda por respeto”. De esta manera relata uno de sus desafíos Ricardo Montero e candidato constituyente por el distrito 18 (Linares, Cauquenes y Parral, entre otras).

Él es abogado, exjefe de gabinete de los ministerios de Defensa e Interior y militante PS. Más tarde, fue coordinador nacional de la etapa participativa del proceso constituyente que surgió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Seis años después, Montero es una de las opciones a la Convención de la Lista del Apruebo. Entre sus prioridades constituyentes está afianzar un Estado que garantice ciertos “mínimos sociales”, una Constitución verde “con visión de futuro” que resguarde el agua y por último, un nuevo concepto de seguridad.

¿Qué atributos lo podrían llevar a ganar como constituyente por el distrito 18?

El primero es mi vinculación por la zona y poder entender cuáles son los problemas, dolores y propuestas que requiere el Maule Sur. Lo segundo, es que durante toda mi carrera he participado como voluntario o profesional en temas vinculados a la participación y la articulación ciudadana, que es un deseo muy sentido hoy por la población. Llevo más de diez años trabajando por el cambio constitucional a través de diferentes instancias, principalmente como coordinador nacional del proceso participativo de la Presidenta Bachelet.

En su campaña, plantea que la nueva Constitución es la oportunidad para discutir sobre el concepto de seguridad que como sociedad queremos construir. ¿Qué transformaciones plantea para este concepto de seguridad en la nueva carta fundamental?

Uno de los pilares menos analizados de la Constitución del 80 es el poder de la seguridad que está inspirado en la doctrina de la seguridad nacional y, en particular, en el concepto de seguridad nacional. Incluso hoy está presente 25 veces en la Constitución, entonces eso hay que cambiarlo. Necesitamos un nuevo concepto de seguridad, uno que sea democrático, que subordine de forma eficiente a las instituciones armadas del poder, que se rija por criterios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilización y que siempre respeten y resguarden los Derechos Humanos.

Con respecto a lo último, ¿por qué es necesario incluir en esta materia la obligación de respetar los DD.HH.?

Hay un criterio general respecto del Estado en cuanto al respeto y resguardo de los DD.HH., pero también creo que las instituciones armadas por tener la particularidad del monopolio de las armas, deberían obtener un compromiso explícito con el respeto y el resguardo de los Derechos Humanos.

También señala que se debe construir una Constitución que asegure el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a ciertos mínimos sociales para generar más bienestar, ¿cuáles son esos mínimos sociales?

La actual Constitución está más preocupada en proteger intereses privados que garantizar derechos sociales. Y ahí necesitamos un Estado con un rol mucho más activo y proactivo, que al menos se garantice un mínimo en materia de salud, de educación, de pensiones y un derecho que hoy día no está en la Constitución que es el derecho a la vivienda. Esos son mínimos que tienen que estar intencionados por el Estado para ir avanzando.

¿Cuál es su posición frente a una eventual transformación del Estado subsidiario hacia uno solidario?

Hay que dejar atrás este Estado que está preocupado de proteger intereses privados. En ese sentido creo en un Estado social, democrático y ecológico de derecho. Ese es el enfoque que debería tener el rol del Estado.

¿Cómo se puede materializar una Constitución “verde”?

Necesitamos una Constitución que tenga responsabilidad intergeneracional y para eso el medio ambiente es clave. En particular, un requerimiento muy sentido del Maule sur tiene que ver con el agua. Poder tener un enfoque de Derechos Humanos respecto al agua, garantizar su uso cotidiano y también el agua vinculada a saneamiento que es un tema que muchas veces queda de lado pero que es esencial. El Estado tiene que tener una visión más estratégica respecto al medio ambiente y en particular con respecto al agua.

¿Se deberían incorporar ciertos mecanismos de participación ciudadana, durante el proceso de la Convención?

Absolutamente. Creo que todo el proceso tiene que ser democrático, participativo, paritario e inclusivo. Tiene que tener como principios rectores la transparencia y la rendición de cuentas. En ese sentido, la participación no puede quedarse limitada a 155 personas encerradas en cuatro paredes. Hay que abrirlo a la ciudadanía y a las regiones para poder empoderar a la población para hacerla parte de este proceso.

¿Qué desafíos y oportunidades vislumbra en este proceso constituyente?

Más que exigir un derecho en particular, lo primero que escucho en las calles es la demanda por respeto. Las personas quieren y necesitan sentirse respetadas. Es imposible restablecer confianzas si no hay respeto y eso está directamente vinculado con la dignidad. Precisamente, el primer responsable por resguardar esa dignidad es el Estado, entonces si hablamos de los sentimientos y perspectivas, creo que estamos al debe.

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