En octubre de 2002, la denuncia contra el sacerdote José Andrés Aguirre, conocido como “cura Tato”,  remeció a todo el país, y de manera colateral la credibilidad de la  Iglesia, tocando la fibra más sensible: la confianza y la fe de los feligreses en sus pastores y guías espirituales.  Para Rosa María Pinto, el caso no sólo marcó su vida profesional, sino también la espiritual. Pinto, quien hoy es secretaria titular de la Corte Suprema, se desempeñaba entonces como jueza del Decimosexto Juzgado del Crimen de Santiago. En esa calidad, la abogada,  en un fallo de segunda instancia, condenó a  Aguirre a doce años de presidio. Fue la primera pena -y la máxima hasta ahora- que ha recibido un sacerdote chileno por parte de la justicia civil.

Pinto accedió a conversar sobre el caso en noviembre de 2012, en una entrevista  hecha en su oficina en el tercer piso del Palacio de Tribunales, cuando el caso ya estaba resuelto, para una tesina de Periodismo, realizada en la Universidad Alberto Hurtado, entre agosto y diciembre del año pasado. Lo que sigue  es un extracto de ese trabajo académico, cuyo tema fue el juicio y los últimos días en la cárcel de José Andrés Aguirre.

Rosa María Pinto fue la primera en escuchar la acusación en contra del “cura Tato”, cuando una religiosa acudió en junio de 2002 al juzgado porque “tenía una denuncia grave que hacer”, según relató Pinto.  Mientras la entonces jueza oía atenta, la religiosa le contó que en una pequeña capilla de Quilicura había un sacerdote que estaba abusando sexualmente de un par de hermanas que participaban como acólitas. De inmediato se abrió una investigación.  Rosa María Pinto asegura que lo primero que supieron era que se trataba de un sacerdote diocesano, dependiente del Arzobispado y que había sido enviado a un viaje espiritual. Entretanto esperaban su regreso, tomaron las declaraciones a las niñas afectadas. Apenas Aguirre puso un pie en el aeropuerto de Pudahuel,  lo tomaron detenido,  llevándolo directamente al juzgado. El cura había sido consignado a Honduras por tres años, sujeto a supervisión de un prelado, tras los rumores que ya rondaban en la Iglesia por los abusos.

La primera en tomarle declaraciones fue Pinto:

-Fue impactante. Yo soy católica, en esa época era mejor católica. Y tener un sacerdote al frente y que no puso ningún problema para confesar fue bien complicado.  A todo contestó que sí. Reconoció las denuncias. No puso oposición, parecía que venía advertido. Habló conmigo en términos bastante normales, porque como no negaba nada, no hubo que hacer ningún esfuerzo. Él confesó de a poco -aseguró la entonces jueza.

En septiembre de 2002, Aguirre fue denunciado ante la Brigada de Delitos Sexuales por una mujer que lo acusaba de la violación de su hija, la menor V.P.C., entonces de 16 años.  Durante el juicio y como una revelación accidental,  la hermana, T.P.C., de 14 años en la época, contó que el sacerdote también había abusado de ella. A esta acusación se sumaron durante el 2002 diez casos, todos de menores de Quilicura, que aseguraban haber sido víctimas de Aguirre en el período 1988-2002.

-Se investigaron varios casos y en definitiva se acreditaron nueve, si mal no recuerdo, -dijo Pinto-. Se fueron probando en la medida en que las niñas hablaban, los papás hablaban y otras personas del colegio y la parroquia también. Él reconoció desde el primer momento que tenía una relación con una de las niñas, que fue el caso más notorio, el de las hermanas. Admitió que era muy amigo de los padres de esta niña. En ese contexto él visitaba mucho la casa -explicó Pinto.

Después de diez meses de investigación, la en esos días magistrada condenó al sacerdote José Andrés Aguirre a doce años de cárcel por los delitos de abusos deshonestos en contra de nueve menores y como autor del delito de estupro reiterado a la décima víctima.  El fallo también lo inhabilitó de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

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Fue alrededor de los treinta años cuando José Andrés Aguirre empezó a manifestar  los primeros síntomas de la  enfermedad degenerativa que padecía: síndrome de Steinert, una distrofia muscular miotónica, mal que durante los últimos meses  ni siquiera le permitía tomar el control remoto o caminar por sí solo.

-Cuando lo conocí no se le notaba mucho la enfermedad.  Recuerdo que tenía muy buen aspecto, -relató Pinto-. Era alto, corpulento. Recuerdo también que tenía una cara como sin gestos. Él llegaba y hablaba. Nunca se le vio un gesto de nada, no se le veía ningún síntoma de un posible arrepentimiento ni tristeza, nada. Siempre fue así, muy inalterable. Emociones no le vi nunca.  Honestamente no tenía mucha cara de sacerdote, tenía cara de jugador de rugby. Un mentón cuadrado, bien masculino y con hombros grandes.

Durante el proceso, en 2002, la defensa de Aguirre intentó relacionar las agresiones en perjuicio de las niñas con los trastornos mentales que supuestamente padecía. Sin embargo, los informes del Servicio Médico Legal y un tercer informe que realizó el Hospital Clínico de la UC  sólo reconocieron que sufría dicha enfermedad degenerativa, pero que eso no limitaba su condición de imputable.  El juicio siguió adelante.

-Todo el proceso se hizo en forma bastante expedita y el fallo salió rápido. Cosa que no era muy usual porque las causas criminales se demoraban mucho más. Era una cosa terriblemente impactante porque por primera vez veía a un sacerdote imputado, ahí en la cárcel. No había dudas de que él era culpable. Lo terrible es que él ya había tenido una historia anterior que fue relatada durante el juicio y dijeron que se había puesto en conocimiento de la Iglesia y que la Iglesia no había realizado nada. De hecho, se pidieron varios informes y yo no logré muchas respuestas. Al final todo esto (el caso) creó un clima bastante sensible. Muchos padres estaban temerosos, le temían a la Iglesia.  Además, hubo más casos que no se pudieron comprobar porque las niñitas no comparecieron y él al final ya no llegaba a las audiencias -contó Pinto.

Más allá de su experiencia profesional, el caso caló hondo en la espiritualidad de la ex jueza. “Durante meses yo no pude ir a la iglesia”, comentó.

El 6 de julio de 2004, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en lo penal. En lo civil, aumentó el monto de la indemnización que se había solicitado a 100 millones de pesos, los que debían pagar solidariamente el condenado y el Arzobispado de Santiago, como tercero civilmente responsable. El Arzobispado  apeló la sentencia y el miércoles 5 de enero de 2005, la Segunda Sala de la Corte Suprema  lo marginó de responsabilidad en un fallo dividido de tres contra dos.

La entonces jueza mantuvo su opinión de que la Iglesia debió compartir la indemnización:

-Aquí hubo perjuicios serios -aseveró Pinto. Y agregó-:

-Yo le pregunté: “¿Por qué usted no se sale del sacerdocio? Porque a mí me parece que, así como me cuenta, usted no tiene vocación sacerdotal”. “Sí, sí la tengo”, me decía él.

Tras ser condenado por la justicia, Aguirre perdió su estado clerical por disposición del Arzobispo de Santiago, medida que fue confirmada por el Vaticano. El dictamen eclesiástico le impidió seguir ejerciendo sus derechos y labores pastorales, de por vida.

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Durante sus años en la cárcel, en el Centro de Asistencia, Tratamiento y Rehabilitación (Asistyr) de Colina I, varias personas solicitaron el  indulto por razones humanitarias a favor de Aguirre. Desde Jaime Nawrath, capellán nacional de Gendarmería, hasta el sacerdote Nicolás Vial, ex capellán nacional de Gendarmería y presidente de Fundación Paternitas. Sin embargo, nunca se le concedió. Sólo un beneficio otorgado por la Justicia, a través de la Comisión de Reducción de Condenas de la Corte de Apelaciones de Santiago, le rebajó 24 meses la pena y le permitió vivir durante el último tiempo en la casa de su papá, en Santo Domingo.

-Espero que en ese tiempo (en la cárcel) haya podido meditar, -comentó Pinto.

Casi un año después de estas declaraciones, el ex sacerdote, que no accedió a ninguna entrevista, falleció el lunes de esta semana producto de una insuficiencia respiratoria aguda. Hasta la fecha se han conocido múltiples casos de abusos sexuales cometidos por religiosos en contra de menores de edad entre los que se encuentran los de Francisco José Cox, Fernando Karadima, Jorge Galaz, Richard Joey, José Ángel Arregui Eraña, entre otros. De todos ellos, Aguirre ha sido el único que ha cumplido -hasta ahora- su condena completa.