En los últimos años, hemos avanzado en reconocer que el cambio climático es un fenómeno transversal que afecta todos los aspectos de nuestra sociedad. Sin embargo, todavía persisten vacíos críticos en la manera en que diseñamos políticas públicas e instrumentos estratégicos como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Hoy quiero referirme a una de esas brechas: la incorporación de los océanos como un eje prioritario en nuestra respuesta climática.

En 2022, Chile aprobó su primera Ley Marco de Cambio Climático, creando un Comité Científico que tiene por mandato asesorar al Estado con evidencia robusta y recomendaciones independientes. Desde ese espacio, he podido constatar que el desafío no es solo técnico. También es político, cultural y comunicacional: necesitamos que la ciencia no se quede encapsulada en papers o en conferencias académicas, sino que permee la toma de decisiones concretas.

Cuando comenzamos a trabajar en las recomendaciones para la nueva NDC, propusimos que el océano dejara de ser un tema accesorio. Porque no se trata solo de proteger ecosistemas; se trata de reconocer su rol esencial en la captura de carbono azul, en la regulación climática y en la provisión de servicios ecosistémicos que sostienen la vida y la economía en nuestras costas. Hoy, más del 80% de esas recomendaciones fueron aceptadas por el Gobierno. Pero ese avance también expone la magnitud de lo que falta.

Uno de los principales problemas es la ausencia de una gobernanza climática coherente para el océano. No contamos con un sistema consolidado de datos ni con indicadores robustos que permitan monitorear impactos y resultados. Tampoco hemos resuelto cómo integrar el conocimiento indígena y local que, en muchas comunidades costeras, es la única fuente de información disponible. Sin ese enfoque territorial y participativo, cualquier política climática corre el riesgo de ser percibida como lejana o impuesta.

Por eso, estamos trabajando en un informe científico que reunirá, por primera vez, toda la evidencia sobre la relación entre océano, clima y biodiversidad en Chile. La idea es contar con un documento que no solo sirva para la COP de Brasil, sino que se convierta en una referencia permanente para actualizar la NDC y guiar inversiones públicas y privadas. Será, en cierta forma, un pequeño IPCC chileno del océano.

Pero el conocimiento no basta si no hay voluntad de actuar. Aún enfrentamos la carencia de financiamiento sostenible, la falta de mecanismos claros para evaluar la efectividad de las medidas y la urgencia de incorporar justicia climática y equidad de género en todas las estrategias. Si pensamos que la pobreza se concentra en la franja costera de nuestro país, la dimensión social y ética de la acción climática no puede seguir relegada.

El océano es nuestra última frontera climática. Y como toda frontera, implica incertidumbre, pero también oportunidades. Si logramos transformar el conocimiento científico en políticas públicas, podemos posicionar a Chile como un líder regional en carbono azul y resiliencia costera. Si fracasamos, corremos el riesgo de que el cambio climático profundice las desigualdades y degrade irreversiblemente nuestra biodiversidad marina.

La decisión está frente a nosotros. No hay tiempo que perder.

Por Álex Godoy, Miembro del Consejo de Cambio Climático de Chile y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos CISGER de la Universidad del Desarrollo