La cancha dispareja de la sociedad civil

Ilustración: Camila Aravena

Han sido protagonistas en la pandemia. Las organizaciones de la sociedad civil están detrás de las ollas comunes, colaborando con niños y migrantes, y creando plataformas colaborativas. Según un reciente estudio de Sociedad en Acción, existen 319 mil y todos los meses se crean 1.400 nuevas, lo que refleja el interés de la gente en agruparse y empujar causas. Pero por delante tienen desafíos, como un mayor reconocimiento del Estado y el empresariado, profesionalizar su gestión y, además, sobrevivir a la crisis con menos donaciones y más gastos.




“Cori, me estoy quedando sin harina”, “necesitamos gas”, “¿sabes de algún dato de fruta?”. El WhatsApp de Corina Acosta (39) no para en todo el día, mientras reparte su jornada diaria entre su trabajo como coordinadora de proyectos educativos y su labor como gestora en La Olla de Chile, una iniciativa que creó con dos amigos donde, por medio de una plataforma web, hace el puente entre quienes quieren donar y las ollas comunes que se están multiplicando por el país debido a la crisis económica que arrastra la pandemia.

Todo partió en mayo, cuando Delight Lab proyectó la palabra “hambre” en el edificio de Telefónica y las redes sociales se llenaron de información sobre distintas ollas comunes. Desde el confinamiento, Corina y sus amigos empezaron comentar por WhatsApp con mensajes del estilo “oye, está heavy esto, ¿cómo ayudamos?”. Junto a dos de ellos, Victoria Medina y Alexis de Ponson, reunieron la información, llamaron a cada olla común para verificar su existencia e identificaron a los encargados. Luego se fueron sumando más amigos como voluntarios. Hoy su plataforma tiene más de 200 ollas comunes registradas.

“Es evidente que acá hay una carencia del Estado”, dice Corina. Sin embargo, agrega, el Estado “no puede abordar toda la problemática que implica una pandemia. Creo que es propio de la cultura chilena hacer catarsis en algunas crisis y hay un tejido social que reaccionó en esta emergencia, pero también existe otro que viene organizado desde hace mucho tiempo haciendo cosas”.

La Olla de Chile es parte del ecosistema de más de 319 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC) que existen actualmente en Chile. Ese dato se desprende del mapa de organizaciones de la sociedad civil 2020 que dio a conocer hace unos días el proyecto Sociedad en Acción, iniciativa del Centro de Políticas Públicas UC y la Fundación Chile+Hoy. En este contexto de crisis, desde la sociedad civil han surgido distintos proyectos para generar ollas comunes, entregar cajas de alimentos o acompañar a niños, adultos mayores y a inmigrantes. También se han creado plataformas de colaboración y proyectos innovadores para conectar a las comunidades y los barrios. “Desde los inicios de nuestra historia como país, la sociedad civil está aportando en los más diversos temas y anticipándose muchas veces al Estado, generando insumos y experiencia para el desarrollo de las políticas públicas”, dice Paula Streeter, socióloga y coordinadora de Sociedad en Acción. “En esta crisis esto se ha hecho más patente, sobre todo por su rápida capacidad de respuesta”, agrega.

Según los datos de este mapa 2020, de un total de 319.819 OSC, más de 213 mil se encuentran activas (de acuerdo con la Ley 20.500, aquellas que no renuevan su directorio en un plazo de cinco años son declaradas no vigentes, pero no pierden su personalidad jurídica). Más de la mitad de ellas se crearon hace menos de 10 años y cerca del 80% corresponde a organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos o uniones comunales. Entre sus ámbitos de acción están el deporte y la recreación (25,3%), seguido por el de vivienda, barrio y ciudad (23,7%) y la categoría de trabajo e ingresos (16,3%).

“Todos los meses se crean, en promedio, más de 1.400 nuevas organizaciones, lo que demuestra el interés genuino que tienen muchas personas en agruparse libremente para empujar un sinfín de causas y participar de lo público. No hay que olvidar que lo público no es monopolio del Estado, sino que abarca a todos los ciudadanos”, añade Streeter. En esa línea, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC y del proyecto Sociedad en Acción, dice: “Las personas necesitamos ser parte de la comunidad. Las OSC ofrecen una vinculación a causas importantes que nos dan mucho más identidad y sentido de pertenencia”.

Otro dato relevante es que las OSC tienen una distribución descentralizada. Las regiones del sur tienen una tasa mayor que el promedio país (12,2 organizaciones de la sociedad civil cada mil habitantes). “El movimiento de las organizaciones de la sociedad civil no es un fenómeno ‘santiaguino’, sino de todo el país”, comenta Irarrázaval.

La importancia de las OSC no sólo ha quedado en evidencia por la capacidad de reacción en esta pandemia. Desde el punto de vista económico, estas iniciativas generan más de 310.000 empleos, lo que corresponde al 3,6% de la fuerza laboral del país -sumando trabajadores remunerados y voluntarios- y aportan el 2,1% del PIB de Chile.

Un nuevo trato

Sólo en los últimos cinco años se han creado más de 85.000 nuevas organizaciones. “Tal como hemos concluido en otras investigaciones, las personas muchas veces se anticipan al Estado y a las políticas públicas buscando soluciones propias e innovadoras”, explica Ignacio Irarrázaval.

Esta idea se repite en las mismas organizaciones. “El Estado es un elefante mucho más difícil de mover. En cambio, las organizaciones de la sociedad civil tienen una capacidad de poder innovar, de probar, de equivocarse y de generar un vínculo mucho más profundo”, dice Pilar Goycoolea, directora de Fundación Urbanismo Social.

Innovar es algo que le tocó a esta organización durante esta pandemia. La fundación trabaja articulando a los distintos actores -Estado, privados y comunidad- para sacar adelante intervenciones en la ciudad y de esa manera darles sostenibilidad y gobernanza. Pero una vez decretado el confinamiento, Urbanismo Social creó la plataforma “Locales conectados”, para que las personas que reciben ayuda o beneficios compren en el comercio local de sus barrios.

Para Goycoolea, las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la cohesión social y a la convivencia, porque aportan a la democratización de los servicios, llegando a sectores que no están bien atendidos. “De alguna manera, la sociedad civil te permite mantener una democracia activa, fortalecida, con opinión y colabora en la construcción de una sociedad más diversa, pero menos desigual”, dice, y agrega: “Lo que mostró el estallido social es que existe tanta desigualdad, que no va a permitir el progreso económico, porque debilita la vida democrática”.

La pandemia, explica Goycoolea, demostró que estamos mucho más interrelacionados de lo que nos imaginamos. “Si una persona se enferma de coronavirus, por más que yo viva en La Dehesa, esta cuestión me puede llegar. Entonces, no da lo mismo que una persona que vive en un campamento lo esté pasando mal. Creíamos que cada uno podía salvarse solo, pero eso no es así”, dice. Luego agrega: “La sociedad civil es como que fuese aceitando las relaciones y construyendo los puentes entre distintos actores”.

En la tríada que conforman el Estado, la empresa y la sociedad civil, esta última es como el hermano menor respecto de los otros dos, mientras que en sociedades más modernas y desarrolladas, los tres actores tienen un peso similar. Un dato de Sociedad en Acción: en los países más desarrollados y de mejores ingresos, las organizaciones de la sociedad civil aportan el 7,6% de la fuerza laboral, mientras que en los menos desarrollados, sólo el 1,8. “Es super importante que las organizaciones de la sociedad civil tengan un sitial claro y relevante en la sociedad, porque cuando Estado, privados y sociedad civil no están en equilibrio empiezan los abusos y las cosas no fluyen bien”, comenta Anne Traub, directora ejecutiva de Fundación Niños Primero. “Hoy, sin duda, que la cancha está dispareja”, agrega.

Esta institución trabaja con niños preescolares de contextos vulnerables a los que se les lleva libros y juguetes, además de estimular su aprendizaje para que lleguen mejor preparados al colegio. El coronavirus cambió los planes de manera inesperada: “Nos pilló la pandemia y cuatro personas del equipo nos agarramos el coronavirus cuando este todavía venía cruzando el océano Atlántico”, cuenta Anne Traub. “No entendíamos mucho de qué se trataba... Fuimos de los primeros cien casos”.

La directora ejecutiva de Fundación Niños Primero dice que lo primero que pensó fue en la manera de no abandonar a los 600 niños y sus familias con quienes trabajan. “Hemos construido lazos y vínculos, no los podíamos dejar botados de un día para otro”, señala. Entonces idearon la manera de entregar ese apoyo de manera virtual para darle continuidad, pero además crearon el programa Familia Power, que busca mejorar el ambiente de estrés familiar al interior de los hogares, ayudando a contener a los menores y darles entretención.

“La pandemia nos podría haber botado, porque nuestro corazón era el trabajo en la casa de los niños, pero nos pusimos las pilas, nos reinventamos, nos rediseñamos y en cinco días creamos un programa”, dice Traub, con satisfacción.

El golpe de la crisis

Paula Streeter explica que muchas de las fundaciones dedicadas a trabajar con los sectores más vulnerables están viendo amenazada la continuidad de su trabajo, porque su fuente de financiamiento proviene principalmente de aportes de socios, venta de servicios y donaciones. “Para muchas de ellas sus costos han aumentado, ya que hay mayor demanda por los servicios que prestan y también porque las medidas sanitarias requeridas para operar implican un gasto que no estaba considerado”, dice.

Según el estudio Efectos del Covid-19 en organizaciones de la sociedad civil, elaborado por Fundación PwC Chile, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y Fundación Lealtad Chile -que respondieron 222 organizaciones-, el 86% cree que percibirá menores ingresos. Además, el 63,5% admite que no cuenta con el flujo de caja suficiente para satisfacer las necesidades del año 2020, y el 38,7% estima que deberá cerrar programas.

“La sociedad civil deberá profesionalizarse y generar mejores estándares: mejores sueldos y menos precarización del trabajo”, afirma Pilar Goycoolea, quien agrega que existe una idea romántica de las OSC que hay que dejar atrás. “Vivimos en una eterna postulación a proyectos y subvenciones que no tienen continuidad año a año. Entonces, como fundación, ¿cómo te aseguro que vas a tener un buen trabajo y un desarrollo profesional desde la sociedad civil? Debemos tener una estructura que permita que tu fundación sea sostenible, si no el propósito termina en nada porque no lograste sostenerlo en el tiempo”.

Goycoolea indica que no se puede vivir de donaciones porque eso requiere un marketing que demuestre la urgencia: “Hay temas que son necesarios e importantes, pero que no necesariamente son urgentes. Si no muestras la extrema pobreza, te quedas sin donaciones”, dice. Para ella, es relevante que estas organizaciones funcionen como un emprendimiento social sin fines de lucro y diversifiquen su estructura de financiamiento, por ejemplo, prestando asistencia técnica de acuerdo a su experticia o asesorando a los privados. “Trabajar con otros y que te financien otros no signifique que te van a poner la música o que pierdas tu propósito”, aclara.

El tema de las donaciones tiene, además, un entramado poco claro. “Desde una ONG ambiental y viendo lo que ocurre en la sociedad civil, vemos con buenos ojos que se genere una simplificación de esta decena de cuerpos legales que regulan las donaciones”, dice Eugenio Rengifo, miembro de la Red de Filantropía Ambiental. Él agrega que “es impensable en este contexto de catástrofe sanitaria y crisis ambiental que un país como Chile no haya avanzado hacia, al menos, organizar la forma en que se puede relacionar el privado y el donante con estas causas y, aun más, que no existan incentivos a las donaciones de las causas medioambientales. Urge avanzar a un marco legal de filantropía”.

Según Rodrigo Jordán, presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, las OSC “financieramente son extremadamente débiles”. Jordán valora que en el acuerdo nacional por la protección social y recuperación de empleos que presentó el gobierno a mediados de junio se anunciaran US$ 20 millones para las OSC. “La pregunta es qué porcentaje de este fondo va a ir para la sostenibilidad de la organización y cuánto para que realice proyectos. Porque eso es lo que hacemos en Chile: financiamos los proyectos, pero no financiamos los gastos basales, del director ejecutivo, de la secretaria o del contador. Debiera haber un fondo que sea para financiar basalmente estas organizaciones”.

Para Jordán, parte de entender cómo funciona una democracia sana es tener a estos tres componentes -Estado, empresas y sociedad civil organizada- funcionando bien. Eso no ocurre hoy, explica, porque “en la dictadura militar se terminaron todas las sociedades intermedias. Antes de eso tú podías participar en el club social, las juntas de vecinos, el colegio profesional, pero se terminó con todo eso, y cuando se volvió a la democracia, los gobiernos democráticos no quisieron recuperar la importancia de la sociedad civil”.

Para recuperar ese tejido social, agrega, “lo primero es una conciencia profunda de su importancia. Tiene que haber un cambio en el Estado y en el empresariado para que quieran fortalecer a este sector. Por eso valoro tanto los 20 millones dólares. Porque nos reconocen. Existimos”.

¿QUE ES UNA OSC?

La definición del Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad John Hopkins establece cinco requisitos:

-Ser una organización. Deben poseer una estructura interna, tener estabilidad en sus objetivos y un documento de constitución. No es requisito un estatus jurídico.

-No distribuir utilidades entre los miembros. No tener fines de lucro.

-Ser autónomas. Controlan sus propias actividades y poseen procedimientos propios de gobierno interno.

-Ser voluntarias. La participación, membresía y contribución de tiempo y dinero no debe ser obligatoria ni estar estipulada por ley.

-Ser privadas. No deben estar ligadas estructuralmente al Estado y no deben ejercer ninguna potestad pública.

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