SEÑOR DIRECTOR:

En los noventa, Chile enfrentaba un déficit relevante de infraestructura vial y restricciones fiscales para financiar su expansión. Las concesiones surgieron como una solución: privados financiarían, construirían y operarían carreteras, recuperando inversión mediante peajes. Treinta años después, estas autopistas forman parte de la vida cotidiana de los chilenos.

En este contexto, el gobierno anunció un acuerdo con Autopista Central que contempla rebajas del 10% en la tarifa base y del 25% en horarios punta, a cambio de extender la concesión por 20 meses. La medida ha generado posturas contrapuestas sobre sus beneficios para los usuarios y la empresa.

Determinar su conveniencia social requiere mayor evidencia. Un estudio reciente del Centro Interdisciplinario de Data Science UDP muestra que los usuarios responden poco a las variaciones en los peajes, lo que podría limitar el aumento de la congestión asociado a menores tarifas. También, investigaciones periodísticas revelan que las nuevas concesiones pueden generar importantes ingresos fiscales.

Estos aspectos abren una discusión sobre las prioridades del sistema: recaudación, rentabilidad privada o bienestar de los usuarios. El debate, entonces, exige mayor transparencia sobre las ganancias de las concesiones o el valor económico de sus extensiones, entre otros. Asimismo, resulta necesario evaluar sus costos y beneficios a corto, mediano y largo plazo.

Esta discusión ofrece una oportunidad para revisar las prioridades de la política de concesiones. Solo con evidencia rigurosa será posible determinar si este acuerdo puede extenderse a otras autopistas o si existen alternativas que generen mayores beneficios para la sociedad.

Gabriel Pino

Director

Doctorado en Cs. de la Administración, UDP