SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana se recordó el trágico incendio de Viña del Mar donde murieron 138 personas, el segundo incendio más mortífero del mundo en lo que va del siglo. Esto ocurre mientras debemos lamentar la muerte de 21 personas en los graves incendios que han afectado a la Región del Biobío, en una temporada que aún no concluye y que, junto a las de 2022-2023 y 2023-2024, se ubica entre las más letales de nuestra historia.

Tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 existieron dos consensos básicos: el modelo de gestión de emergencias no daba el ancho y una de sus principales fallas fue el sistema de alerta y evacuación. Quince años después, el diagnóstico vuelve a imponerse.

Pareciera que la responsabilidad y rendición de cuentas en nuestro sistema de emergencias es más frágil, incluso, que nuestra memoria. En los últimos cuatro años, dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados han sido categóricas al advertir la urgencia de corregir el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), asignando responsabilidades claras al Ministerio del Interior y Senapred.

A pesar de esa evidencia -y de cerca de 200 personas fallecidas en cuatro temporadas-, el país sigue operando con un mecanismo que no constituye un sistema, sino un mensaje de telefonía celular.

Con un nuevo gobierno próximo a asumir, el desafío es claro: seguir anclados en la autocomplacencia o avanzar hacia cambios que permitan al Estado cumplir su función más básica en materia de seguridad pública: proteger la vida.

Michel De L’Herbe

Consultor en Emergency Management