SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto que crea el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES) ha generado un debate relevante. Más allá de su sostenibilidad fiscal, ha surgido una preocupación: ¿pondría en riesgo la autonomía universitaria al aumentar la dependencia de fondos públicos?

Se ha comparado con casos internacionales donde gobiernos autoritarios han condicionado el financiamiento estatal a universidades para imponer su visión ideológica, como ocurrió con Trump en EE. UU., Bolsonaro en Brasil u Ortega en Nicaragua. Pero, ¿existen señales de que eso pueda pasar en Chile? A mi juicio, no.

La gratuidad, que ya transfiere importantes recursos públicos, no ha significado un menoscabo a la autonomía. El FES, por su diseño, tampoco presenta mecanismos de control político. Lo que sí es cierto es que la autonomía debe resguardarse, pues garantiza la libertad de pensamiento, la crítica informada y la diversidad académica.

Las universidades son espacios donde se examina críticamente la realidad, se promueven derechos humanos y libertades cívicas. Por eso han sido blanco de regímenes autoritarios, como ocurrió en Chile tras el golpe de 1973.

Para proteger ese rol, propuse elevar la autonomía a rango constitucional. Este principio no debe confundirse con la libertad de enseñanza: implica también el derecho a gobernarse y actuar sin injerencias del gobierno.

A la autonomía debe sumarse la libertad de cátedra: enseñar, investigar y opinar dentro del rigor académico. Sin esa libertad, la autonomía se vuelve una consigna vacía. Darles rango constitucional fortalecería la democracia y blindaría a las universidades frente a futuras tentaciones autoritarias.

Osvaldo Corrales Jorquera

Rector de la Universidad de Valparaíso

Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile