SEÑOR DIRECTOR:

En un país que valora el estado de derecho, no puede naturalizarse que la cárcel sea la respuesta unívoca y automática frente a toda infracción penal.

Organismos nacionales e internacionales han sido claros en el diagnóstico relativo al hacinamiento carcelario que enfrentan nuestras prisiones. La sobreocupación impide segmentar adecuadamente a la población penal, lo que expone actualmente a personas con bajo compromiso delictual, muchas veces imputadas por delitos no violentos, a contextos de alta peligrosidad. Aquella exposición no solo vulnera su derecho a la integridad personal, sino que además aumenta las posibilidades de reincidencia, socavando cualquier intento de reinserción social. Casos denunciados por familiares de personas privadas de libertad, en relación a extorsiones y amenazas al interior de las cárceles, son un reflejo de esta falla estructural.

Frente a esta realidad, es imperativo avanzar hacia una política criminal racional, proporcional y respetuosa de los derechos humanos. Esto implica restringir el uso de la prisión preventiva y potenciar las penas sustitutivas contempladas en la Ley 18.216, ampliando su aplicación a través de criterios judiciales más consistentes con una infraestructura institucional robusta para su adecuado seguimiento, y promover formas de excarcelación a personas con bajo compromiso delictual.

La advertencia ha sido clara: si se insiste en usar la cárcel como solución fácil y generalizada, no solo se perpetúa un sistema injusto, sino que también se alimenta un círculo vicioso de inseguridad que solo favorece al crimen organizado. Reformar el sistema penal no es una señal de debilidad institucional, sino una señal de madurez democrática.

Alejandrina Tobar

Consejera INDH