Las fracturas en las filas del gobierno peruano se han vuelto una constante en el período del Presidente Pedro Castillo, lo que coincide con un país marcado por una alta inestabilidad política. En menos de tres meses desde la asunción del Ejecutivo izquierdista, el profesor rural ha debido hacer frente a la renuncia de dos miembros del gabinete, incluido el jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, lo que derivó en el ingreso de un nuevo gabinete más “moderado”, liderado por la excongresista Mirtha Vásquez. A una semana de la incorporación de las nuevas figuras, el Legislativo pide ahora evaluar la permanencia del titular de Interior, Luis Barranzuela, y estudia las posibilidades de una vacancia en medio de un pleno unicameral dividido.

“La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) recibe apoyo del gobierno americano para proyectos alternativos, pero nos hemos enterado, por ejemplo, de que en Devida existen actos de corrupción, hubo millones de dólares que no han sido utilizados”. Con estas declaraciones, Barranzuela desató un sismo en el Ministerio del Interior peruano. El martes, el presidente de Devida, Fidel Pintado, dimitió acusando un “ataque injustificado” y señalando en una carta que “las acciones del actual ministro del Interior no están en sintonía con estos principios mínimos de articulación, da la impresión de que va en línea contraria”.

Según el diario limeño El Comercio, la controversia generada al interior del organismo encargado de diseñar y ejecutar la estrategia nacional para el combate de la droga se instaló en un ambiente ya crispado por la designación de Barranzuela, el exabogado defensor del líder del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, al que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular acusan de no estar capacitado para ejercer el cargo y de una posible interferencia de labores.

Una investigación periodística reveló que el abogado penalista de 58 años, cuando ejerció como oficial superior de la Policía de Investigaciones y Nacional de Perú, recibió 158 amonestaciones, entre ellas por abuso de autoridad y negligencias. Finalmente, en 1993 fue dado de baja. Además, Barranzuela es parte del estudio jurídico que lleva los casos lavado de activos de Cerrón y dirigentes de Perú Libre. Tan solo un día antes de la juramentación del miércoles pasado, el litigante ofició su salida del equipo legal cerronista.

Según el diario peruano La República, el actual cargo de Barranzuela lo faculta de estar al mando de las divisiones de la policía que trabajan con el Ministerio Público en los casos para los que trabajó como abogado.

En paralelo, la Fiscalía de Perú añadió al ministro del Interior en una investigación por presuntos delitos económicos en la empresa agroindustrial Tumán, en los que aparece nombrado por recibir un pago de US$ 51 mil. Debido a ese caso, contrató como representante legal al abogado Ronald Atencio, que defiende al ala dura de Perú Libre en la investigación a la presunta organización criminal “Los dinámicos del centro”.

“Desmiento que tenga injerencia el señor Vladimir Cerrón en el Ministerio del Interior y lo hago público porque no hay ninguna injerencia. Es una gran responsabilidad que se me ha entregado para defender la patria desde el ministerio. ¿Quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ahora estamos en un gobierno de izquierda”, defendió Barranzuela ante la prensa local.

Las visitas al despacho del titular de Interior también han sido foco de repercusiones. Según el diario Perú 21, en la lista del registro oficial aparece el congresista oficialista Guillermo Bermejo, investigado por delitos económicos y vinculado al grupo Sendero Luminoso, y el general en retiro Vicente Álvarez, acusado de ser líder del Escuadrón de la Muerte, un comando que operó entre 2012 y 2015.

Las discrepancias volvieron a escalar hasta el Legislativo, por lo que el ministro del Interior deberá acudir el próximo lunes al hemiciclo para responder un cuestionario ante la Comisión de Defensa del Congreso. Anteriormente, el exministro de Trabajo Iber Maraví fue interrogado por los asambleístas por sus vínculos con Sendero Luminoso, mientras el excanciller Héctor Béjar dimitió a 19 días de asumir el cargo tras acusar a la Marina de Guerra de haber “iniciado el terrorismo” en el país.

“El Perú vive en una profunda crisis política. Hemos tenido cinco presidentes en cinco años. Desde 2016, la historia política del Perú ha sido un incesante vaivén de inestabilidad. Y la elección presidencial de julio de este año sumó una mayor tensión a este escenario”, escribió el mes pasado Eduardo Dargent, profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en una columna para The New York Times.

En efecto, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció al cargo a mitad de mandato involucrado en el caso Odebrecht. Su vicepresidente, Martín Vizcarra (2018-2020), asumió el poder y fue destituido por el Congreso unicameral y dominado por la oposición el 10 de noviembre pasado. En medio de protestas, el líder del Legislativo, Manuel Merino, alcanzó a estar en el sillón presidencial por seis días antes de ser reemplazado por Francisco Sagasti (2020-2021), que convocó a elecciones presidenciales del 11 de abril pasado, las que finalizaron con la proclamación de Pedro Castillo, 43 días después del balotaje del 6 de junio, retrasado por señalamientos de fraude electoral.

La tensión interna en el gobierno de Perú Libre se suma a la reciente aprobación para debatir en el Congreso la modificación de la ley de interpretación de la cuestión de confianza mediante una ley ordinaria. Según el diario La República, la propuesta precisa que el mecanismo sea limitado para ser utilizado solo en materias de competencias del Ejecutivo, “no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”, lo que inclinaría la balanza a más acción del Legislativo que del gobierno, poniendo en duda el equilibrio de poderes. Ante esto, Castillo tendría dos opciones frente al Parlamento: plantear una moción de confianza para bloquear el avance de la iniciativa o entablar una acción ante el Tribunal Constitucional.

Para el periodista político peruano Marco Sifuentes, “la unicameralidad (del Legislativo) es un factor de inestabilidad política, porque hay una opción de disolver a todo el Parlamento si rechazan dos cuestiones de confianza presentadas por el Ejecutivo, lo que ya ha pasado anteriormente. Otro aspecto es la vacancia presidencial para lo que necesitan 87 congresistas, o sea 2/3 de solo 130 congresistas. Este Congreso se elige en la primera vuelta electoral, por lo cual puede pasar como con PPK (en 2016), es decir, que el vencedor tenga escasa bancada, mientras que Keiko Fujimori, que llegó en segundo lugar, obtuvo 73 congresistas. Hay errores de diseño que contribuyen a la inestabilidad electoral”.

En tanto, Eduardo Dargent explica a La Tercera que “la inestabilidad viene desde tiempo atrás. La unicameralidad es solo un detalle en la historia. Teníamos un sistema que había logrado una estabilidad precaria con un Ejecutivo más fuerte que el Congreso, al tener una bancada grande que permitía evitar siquiera la discusión de una vacancia. Pero en 2016 el consenso anterior se quiebra y va generando más inestabilidad promovida por los casos de corrupción”.

“A esto se suma la polarización en la campaña electoral, donde la fragmentación y un alto desinterés se convierte en el crecimiento de una opción de izquierda dura con Pedro Castillo. Una segunda Cámara podría dar más tiempo y tendencias nacionales, podrían quebrarse algunas de las dinámicas locales que llevan a estas alianzas en el Congreso, dado que, pese a la fragmentación, las pequeñas bancadas igual logran acuerdos para presionar al Ejecutivo sobre presupuestos y temas que pueden ser peligrosos”, detalla el politólogo. “Con el cambio de gabinete se logra un poco de calma social apelando al centro donde está la mayoría de peruanos, pero genera inestabilidad, porque de nuevo el Congreso puede ponerse hostil contra el Ejecutivo, con una bancada oficialista que puede estar golpeando a su propio gobierno”, agrega.

Según France24, un aspecto importante de las interminables crisis políticas en Perú son los escándalos de corrupción y los procesos judiciales que involucran a seis expresidentes, desde Alan García (1985-1990 y 2006-2011), pasando por Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), hasta Martín Vizcarra.

“Una de las causas principales para la carencia de partidos políticos consolidados es la carencia de partidos políticos consolidados. Antes eran 25 y ahora 11, porque los que no pasaron el umbral electoral se les quita la membresía”, explica a este diario el analista político Luis Nunes. Y añade: “Uno de los factores puede ser la unicameralidad, porque tener dos Cámaras te permite filtrar mejores leyes y establecer mejor coaliciones de grupos parlamentarios, pero también hay que considerar que este gobierno llegó con votos, pero sin cuadros técnicos preparados ni políticos con cierta preparación para tender puentes, por lo que se han aislado en una izquierda radical que no le trae nada bueno al país”.