La otra arista de la violencia rural: las más de 60 tomas de terrenos que inquietan al gobierno y a la policía

Foto: AgenciaUno

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Solo este año se ha registrado medio centenar de reivindicaciones en predios de la Macrozona Sur. Durante el año pasado la situación era totalmente distinta: solo siete usurpaciones habían tenido lugar en La Araucanía, Biobío y Los Ríos. En Carabineros y el Ministerio Público dicen estar atados por un fallo de la Corte Suprema, de abril de 2018, en que se ordena que los desalojos sólo pueden realizarse con orden judicial, o bien, en flagrancia.


Frenar la violencia rural en la Macrozona Sur es, desde el lunes, una de las máximas prioridades del gobierno. Por lo mismo, para abordar el tema, no solo se están levantando cifras respecto de la cantidad de atentados en la zona, sino que también Interior está analizando el comportamiento histórico de las distintas comunidades a lo largo de los últimos años.

Y es así que apareció un dato que activó la preocupación del Ejecutivo, las policías y también del Ministerio Público: el aumento de las tomas de terrenos en La Araucanía, el Biobío y, en menor medida, en Los Ríos. Se trata de las también llamadas usurpaciones de predios rurales por parte de comuneros mapuches que reclaman la propiedad de terrenos y fundos que actualmente están en manos de privados.

Según datos de Carabineros, y que compartieron en las reuniones sostenidas entre el martes y miércoles en La Araucanía con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario, Juan Francisco Galli, ya son más de 60 las tomas de terrenos en la Macrozona Sur, entre el 1 de enero y el 23 de febrero.

La cifra es considerada “extremadamente alta” por parte de las autoridades policiales de la zona, dado que en el mismo periodo de 2020 se registraron siete de estas tomas. El subsecretario Galli explicó a La Tercera que “las usurpaciones que han surgido durante el último tiempo incluyen un territorio nuevo, que antes no se veía, como las tomas de territorios en Nueva Imperial y Lautaro. Lo que uno ve ahí es que algunas comunidades están marcando los predios previo a los ataques”.

Galli agregó que “estamos viendo cuál es el fenómeno que ocurre detrás de eso, pero tal como se ve en el video de Carlos Gutiérrez, agricultor que sufrió la toma de su predio hace dos días, una comunidad que dice ser pacífica le advierte que hay comunidades más radicales que quieren tomarse ese mismo terreno. Por lo mismo, estamos coordinando con los agricultores para asegurar el proceso de la cosecha y tomar las acciones penales correspondientes en caso de tomas violentas”.

En las policías, tanto la PDI y Carabineros, como también en el Ministerio Público, han detectado que el problema radica en que no hay capacidad policial para abordar este fenómeno y la violencia rural a la vez. Por ejemplo, en la policía uniformada ponen como ejemplo que disponen de 600 uniformados para medidas de protección en predios, lo que merma el trabajo preventivo y de rondas en otros sectores de la Macrozona Sur.

Además, fuentes policiales señalaron que el problema que se presenta es que los “ocupantes” ilegales de los predios llegan a los fundos y se toman el terreno, pero luego, cuando llega la policía, acuerdan el desalojo. Sin embargo, a los pocos días ya están de vuelta nuevamente.

El jefe de Control y Orden Público (COP) en La Araucanía, general Carlos González, manifestó que “es un fenómeno que es parte de las presiones de las comunidades para que un propietario tenga que negociar o tenga que entregar territorios determinados. Es muy complejo hacer prevención de situaciones que ocurren puertas adentro, y más en zonas que están muy lejos de los cuartes policiales”.

El general agregó que “lo que sí estamos haciendo es ir con las patrullas en dos etapas: el diálogo y el desalojo. Lo primero consta de tres procesos en que Carabineros va al lugar, tras recibir la denuncia, y trata de invitar al abandono del predio. La última opción es ir con los recursos para obligarlos a terminar la toma, y es ahí, al momento de huir, cuando muchas veces ocurren situaciones de incendios y ataques al personal policial”.

La Suprema y un fallo incómodo

El otro problema que se presenta, advierten en la policía y el Ministerio Público, es la jurisprudencia que zanjó la Corte Suprema, el 4 de abril de 2018, respecto de la toma de terrenos y el actuar policial tras un recurso de amparo presentado por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ante un desalojo de un predio en La Araucanía.

El INDH presentó, en febrero de ese año, un recurso de amparo en favor de siete comuneros mapuches, pertenecientes al Lof Mallekoche, del sector Bajo Malleco, comuna de Collipulli, quienes fueron desalojados del fundo El Fiscal y detenidos por funcionarios de Carabineros.

La comunidad Mallekoche reivindicaba el predio como parte de su territorio ancestral y en ese contexto ingresaron al fundo, el 19 de febrero de ese año, levantando viviendas ligeras y permaneciendo en el lugar hasta el 21 de ese mes. Tras la denuncia de los propietarios fueron desalojados por Carabineros, lo que motivó la acción del Instituto.

Sin embargo, el caso no tuvo éxito en la Corte de Apelaciones y llegó a la Suprema, quienes dictaminaron una resolución que, hasta hoy, dicen en el Ministerio Público, Interior y Carabineros, tiene consecuencias. El máximo tribunal determinó que “el procedimiento llevado a cabo el 21 de febrero de 2018 por Carabineros de Chile en el fundo ‘El Fiscal’, ubicado en la Ruta R-182 de la comuna de Collipulli, fue ejecutado sin orden judicial o norma legal que lo ordenara o autorizara, afectándose de esa forma, ilegalmente, la libertad personal y seguridad individual de los amparados que fueron sujetos de ese procedimiento, debiendo Carabineros, en el devenir, ajustarse estrictamente a las normas que autorizan su actuación autónoma en la forma en que se razona en este fallo”.

El fallo fijó criterios que las policías deben considerar y aplicar en relación a la flagrancia del delito de usurpación no violenta y es que el límite temporal es de 12 horas desde verificada la ocupación, momento en el cual se justifica una actuación autónoma; pasado ese límite, Carabineros requiere de una orden judicial requerida por intermedio del Ministerio Público.

En simple, solo se puede desalojar sin autorización judicial en el caso que los ocupantes sean detectados en flagrancia por la policía, lo que es muy difícil, advirtieron fuentes de Carabineros y del Ministerio Público, dado que los ocupantes muchas veces “entra y salen” de un mismo predio. Además, los procesos de desalojo con autorización judicial requieren de una denuncia por parte de los afectados, los que muchas veces, dicen, están bajo amenaza.

Esta mañana (miércoles) -en tanto- se registró un nuevo ataque incendiario en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, el que terminó afectando a dos vehículos pasado el cruce Mininco, frente a la posta rural de la comuna.

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