Ambos candidatos son partidarios de una reforma tributaria subiendo la carga tributaria entre 8 a 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Entre los instrumentos que se proponen hay bastante coincidencia. Reducir la evasión y la elusión, eliminar exenciones tributarias, cambiar la estructura del impuesto a la renta y gravar a los sectores de altos patrimonios. En el programa de Gabriel Boric se menciona que la mitad de la recaudación (entre el 4% y el 5% del PIB) proviene de “reducir la evasión, junto con eliminar exenciones tributarias injustificadas. Asimismo, se simplificará el sistema tributario a través de la desintegración, manteniendo y mejorando el régimen especial para las pymes. La otra mitad provendrá de impuestos a los altos patrimonios y el royalty minero”.

Entre las principales diferencias radica la gradualidad del alza de la carga tributaria. Mientras Daniel Jadue lo pretendía hacer en un solo período presidencial -es decir, en cuatro años-, Boric lo plantea en un horizonte de 8 años. “La claridad con los horizontes temporales es importante. Dependiendo de lo que ocurra con el proceso constituyente, proyectamos que podría demorarse 8 años, esto es, dos períodos presidenciales consecutivos”, ha dicho Boric. En general, los economistas han señalado que es inviable un incremento de la magnitud que buscaba Jadue en ese plazo.

Otra de las diferencias entre ambas bases programáticas está puesta en el énfasis que Boric le otorga a los impuestos verdes. Por ejemplo, plantea que se reformulará el actual cobro de los impuestos específicos a los combustibles. Así, se avanzará a un impuesto de 7 UTM por metro cúbico para gasolinas y diésel, sin exenciones (hoy es 6 UTM gasolinas, 1,5 UTM diésel) para industria y transporte. También, menciona que el diseño del impuesto actual no es “verde” y beneficia a grupos de interés. Se plantea una corrección del impuesto a las emisiones fijas aumentando el precio del Co2 a las cifras mencionadas anteriormente. Asimismo, señala que se debe considerar ampliar las actividades gravadas, por ejemplo, incluyendo el cambio de uso de suelo, emisiones de residuos, medios de transporte exentos de impuestos, entre otros, ganadería extensiva. Además se propone cambios al impuesto a vehículos con el objetivo de que se aumente la tasa hasta demostrar tener un efecto real en la adquisición de automóviles nuevos. Asimismo, se debe considerar ampliar el tipo de vehículos motorizados afectos al tributo, ya que hoy grandes vehículos no deben pagarlo, entre otras materias ambientales. Nada de eso se menciona en las medidas del programa del PC.

En materia de costo de sus programas no hay prácticamente diferencias: el de Boric asciende a los US$26 mil millones, mientras que el de Jadue a unos US$27 mil millones.

Sobre pensiones, si bien existe coincidencia en los objetivos, en las vías para lograrlo se pueden percibir algunas diferencias que tendrán que congeniar para aunar ambas propuestas.

Por un lado, Boric propone la creación de una institucionalidad pública que administre las contribuciones sociales de los trabajadores en estos años. Un órgano público, autónomo, idóneo técnicamente, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que invierta esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles, plantea el programa de Boric. El documento dice que la cotización previsional actual del trabajador es de aproximadamente 12% (10% más los costos de administración) y agrega: “Se propone mantener esta contribución y la creación de una contribución previsional obligatoria de 6% para el empleador, así ambas sumadas llegan a un total de 18%”. También habrá una pensión contributiva, que se calculará en función a lo contribuido por cada persona.

Mientras que Jadue tenía en su programa la creación de un sistema de solidaridad intergeneracional basado en cuentas nocionales, donde las cotizaciones en cada período de tiempo pagan pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, pero además financian un Fondo de Ahorro Colectivo para pagar las pensiones futuras.

Otra de las divergencias apunta al monto de la Pensión Básica Universal. Mientras Boric plantea la creación de una Pensión Básica Universal de $250 mil para todas las personas, independiente de sus contribuciones previsionales, Jadue buscaba un piso de igual a un 75% del salario mínimo vigente que a principios de 2022 sería de $258.750, y que considerando su propuesta de salario mínimo de $567.000 ese monto subiría a $475 mil. Además, Jadue tenía en su diseño una combinación de tres sistemas de reparto que se refuerzan entre sí: el reparto intergeneracional, el reparto intergeneracional y el reparto de género. “Nosotros estamos planteando un sistema de pensiones en donde las AFP no juegan absolutamente ningún rol. Es un sistema contributivo, con la escalera de seguridad social que plantea la OIT. Es un sistema de reparto corregido”, dijo en su momento Jadue. Un sistema de reparto corregido no está implícito en el programa de Boric.

En el programa de Boric se propone una pensión contributiva que en régimen se calculará en función de lo contribuido por cada persona en su vida activa, con un reconocimiento a las labores de cuidado, con solidaridad intra e intergeneracional, y se subsidiarán los períodos de desempleo con cargo a los excedentes del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, existiendo de esta manera un seguro social de lagunas previsionales. En cambio, Jadue tenía un fondo de capitalización colectiva, el cual proponía crear un fondo que se alimentará de las cotizaciones corrientes y del rendimiento de sus inversiones para pagar pensiones mediante un Aporte Solidario Complementario.

Ambos fijaron eliminar las AFPs para que pasen a jugar un rol secundario como seguros privados, pero ninguno propone que las nuevas cotizaciones se vayan a estas administradoras.

En salud, hay más similitudes que diferencias. Ambos plantean avanzar en la universidad de la atención en salud, aunque a través de distintas fórmulas: entre los principales cambios que propone Gabriel Boric está la universalización de la cobertura de Fonasa, lo que se traduce en que todas las personas del país estarán afiliadas a dicha institución. Las isapres se transformarán en seguros complementarios y suplementarios voluntarios. Si bien sostienen que seguirán existiendo prestadores privados, se cambiarán las reglas del juego.

Asimismo, se pretende asegurar un sistema de prestación pública de carácter universal, basado en prestadores estatales, con altos estándares de calidad. “Se implementará el modelo de redes integradas de sistemas de salud basadas en la atención primaria, las que se articularán en un Servicio Nacional de Salud”.

En cambio, Jadue establecía un plan universal de salud, lo que implica que todos los ciudadanos tendrán derecho a atenderse de manera gratuita en el sistema de salud público. De acuerdo con el programa, para que todos tengan los mismos derechos, sin importar el monto de sus aportes, “se pondrá fin al subsidio público a las isapres y prepararemos planificadamente al sistema sanitario en su conjunto para acoger en mejores condiciones a las y los beneficiarios que deseen atenderse en prestadores públicos o en privados integrados a la red pública, bajo una nueva regulación”. La cotización de salud seguirá siendo el 7% obligatorio, pero se quitarán los topes de cotización, para mejorar la progresividad del sistema de cotización.

De acuerdo con el comando del FA, el costo de reformar Fonasa y preparar la red asistencial, especialmente para la Atención Primaria de Salud es del 1% al 1,5% del PIB, mientras que en el programa de Jadue el costo para el Fisco es del 1,2% del PIB anual adicional, lo que se utilizaría de dos formas: primero, aumentar el per cápita (Aporte Previsional Solidario (APS) de $ 8.000 a $ 11.000, estimando un crecimiento de US$ 503 millones anuales y, segundo, cerrar la brecha hospitalaria que hoy está en US$ 1.194 millones.

En cuanto al incremento del salario mínimo, si bien los dos proponen elevarlo durante el período de gobierno, las fórmulas y cifras son distintas. Por el lado de Boric, se menciona que “se establecerá un mecanismo progresivo y políticas que permitan fijar sueldo mínimo nacional asociado a la línea de la pobreza relativa o satisfacción de necesidades básicas para una familia promedio, revirtiendo la tendencia que desde la dictadura determina el valor del Salario Mínimo sin conexión con el costo de vida real de los y las chilenas, que lo mantiene hasta hoy por debajo del promedio de los países de la OCDE (medido como fracción del salario promedio)”. En cambio, Jadue lo fijaba con un monto fijo a alcanzar: elevar el salario mínimo a $567 mil al fin de los cuatro años de gobierno.

En otra materia, el programa de Jadue proponía cambios importantes al funcionamiento del Banco Central. “Se ampliará las funciones del Banco Central, el que se regirá por un directorio que exprese a los distintos actores económicos y sociales y se coordinará con la autoridad gubernamental para que la política monetaria sea parte de una política económica de desarrollo con sus componentes fiscales, de ingresos, cambiarios, de fomento productivo y de lucha contra el cambio climático.” También agrega la idea de que el BC preste dinero directamente a empresas, lo que hoy no puede hacer. “Mantener una disposición de fondos para crédito concesional y condicionado a empleo con equidad de género para las empresas de menor tamaño (a los mismos niveles de 2002-2021), por parte del Banco Central u otro mecanismo del Estado, al menos los dos primeros años”. En cambio, Boric hace una mención relacionada con la rendición de cuentas. Primero propone revisar y perfeccionar el régimen de sanciones especiales de la Ley de Lobby (Congreso, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial) y en caso de incumplir las obligaciones de las autoridades involucradas para mejorar el control y fiscalización de órganos que han visto mermada la confianza ciudadana sobre su quehacer.