En el Centro Penitenciario de Chillán las personas privadas de libertad reciben el desayuno a las 9.30 horas, almuerzan a las 12.00 y su cena es a las 16 horas; además, al final de la jornada se les entrega una colación a las 17 horas. Según este itinerario pasan más de 16 horas entre la última comida y la primera del día siguiente. Esto es parte de las observaciones que aparece en el quinto estudio de Condiciones Carcelarias en Chile (periodo 2019) elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El documento, de más de 300 páginas y al que accedió La Tercera, da cuenta del recorrido realizado por funcionarios de la institución en 44 de los 83 centros de detención que hay en el país y que se ubican en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío y La Araucanía. Para elaborar el análisis se realizaron 655 entrevistas, entre personas privadas de libertad y funcionarios de estos recintos.

“La calidad de la comida que recibe en su módulo es mala debido a que le ha llegado comida con pelos, plumas y fecas. Además, según se señala, la comida llega fría y falta higiene en los alimentos”, indica un testimonio del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, en el que habitan imputados, es decir personas que aún no cuentan con una condena firme, sino que más bien están presos en espera de juicio.

De acuerdo con la información recopilada por el INDH, el lapso de 20 horas entre la última comida de un día y la siguiente del otro ocurre frecuentemente en el penal de Valparaíso. Se reduce a 18 horas en los recintos de San Miguel, Puente Alto y Santiago Sur. En Santiago I este período llega a 17,5 horas. En tanto, de las 44 cárceles observadas, en varias de ellas el espacio entre el primer alimento y el siguiente no rebasa las 14 horas, siendo esta una situación óptima, pero que no se da en la mayoría de los lugares examinados. Entre estas últimas se encuentran Punta Peuco, la cárcel de Yungay, en la Región de Ñuble, y el recinto de Lautaro, en la Región de La Araucanía, entre otros.

Otra de las dificultades a la hora de recibir alimentos es la forma en dónde se entrega. Algunos internos que fueron entrevistados mencionaron que desde Gendarmería no reciben bandejas ni cubiertos para comer. “En ocasiones los platos los traen familiares. En el caso de los cubiertos, un grupo de internos señalan que deben comer con botellas plásticas, ya que funcionarios de Gendarmería no permite el ingreso de lozas”, dijeron algunos presos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Los Andes.

En algunos de los módulos inspeccionados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II se verificó que no hay una cama para cada ocupante, de manera que la mayoría de los reos deben compartir cama, dormir en el suelo, ubicar colchones en espacios que no sean literas u otra situación similar. Específicamente, en el módulo 12 de aislamiento se denuncia falta de colchones, entre otros elementos básicos, como frazadas y sábanas. Se detectaron, además, que en estos espacios hay personas que duermen en el suelo, en baños, patios, pasillos u otros espacios.

Esto da cuenta de que al menos en 11 establecimientos penales no hay una cama para todas las personas en privación de libertad de algún sector del recinto. Llama la atención que esto ocurre en la mitad de las cárceles de la Región de O’Higgins y de la Región Metropolitana.

En penales que estadísticamente muestran un número de personas privadas de libertad mayor al de su capacidad declarada, se observa que se ha recurrido a distintas estrategias desde la administración penitenciaria para que exista acceso a una cama. “Si bien existen camas para cada uno de los internos, en varias celdas hay camarotes para cuatro personas, situación que implica que quien duerme en la superior queda a centímetros del cielo de la celda”, indica el documento.

De las 83 cárceles del país, se puede decir que casi la mitad (45%) tiene un nivel de ocupación superior a su capacidad y de ellas 19 unidades superan el 140% de ocupación, que es considerado como un nivel crítico. Las más afectadas son Taltal (265,6%), Copiapó (220,7%), Santiago Sur o ex Penitenciaría (203,8%) y Petorca (200%).

Si se compara la situación entre 2018 y 2019 se observa un aumento del nivel de ocupación. Si en 2018 era de 101,5%, en 2019 se registra un 106,4%.

En 24 recintos el acceso al agua no está asegurado las 24 horas al día. Más aún, en 23 el acceso a servicios higiénicos no es permanente. Los servicios higiénicos únicamente están disponibles al exterior de las celdas o módulos, por lo que durante las horas de encierro deben hacer sus necesidades en recipientes como baldes, bolsas o similares, o bien pedir autorización para salir de la celda. También hay casos en que, existiendo servicios higiénicos al interior de la celda, estos no están en condiciones de ser utilizados, por estar tapados o descompuestos.

En varios reportes se indica que la población aislada o en celdas solitarias no tiene baños, manifestándose aquello expresamente en los recintos CCP Los Andes, CDP Limache, CP Valparaíso, CCP Colina II, CDP Angol y CDP Villarrica.

La presencia o ausencia de plagas puede ser un indicador que otorgue alguna noción sobre el estado de higiene de los establecimientos. Este es uno de los temas que en las entrevistas realizadas se manifiestan rápidamente, aunque también se reporta desde la observación directa del equipo que realiza el monitoreo. Se constata la presencia de plagas en 11 de los 44 recintos penales, donde se reportan vinchucas, ratones, chinches, pulgas, palomas, ratas y cucarachas.