El informe que la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó al Presidente de la República -luego de casi dos años de trabajo- ha traído reacciones encontradas. Pese a que todos los partidos políticos con representación parlamentaria se comprometieron a respaldar esta instancia, si algo ha quedado en claro es que este informe dista de cerrar la compleja temática relativa a la reparación del Estado al pueblo mapuche, particularmente en lo que se refiere a la restitución de tierras. Sectores de la oposición ya adelantaron su rechazo a este informe, acusando que está permeado de tintes “octubristas”, mientras otros señalan que al no lograrse una propuesta por unanimidad -de los ocho comisionados, siete votaron a favor-, como establecía su reglamento, se ha incumplido un requisito básico y ello le resta legitimidad. Algunos sectores del mundo indígena, en tanto, también han manifestado reparos, por considerar que las dimensiones abordadas por la comisión resultan restrictivas.

La misión encomendada a la Comisión para la Paz era sin duda sumamente exigente, pues según quedó establecido, debía construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Su trabajo, además, se ha desarrollado en el marco de la violencia que ha golpeado a estas zonas, en particular a La Araucanía y Biobío, donde los ataques de naturaleza terrorista han dejado una enorme estela de daños materiales, muertos y heridos.

Es natural entonces que distintos sectores sientan que sus pretensiones no fueron satisfechas, pero cabe no perder de vista que el trabajo de la Comisión ha logrado entregar un diagnóstico altamente consensuado entre sus integrantes sobre la situación de las tierras y a su vez ha concordado una veintena de propuestas, varias de las cuales probablemente encontrarán amplia acogida, como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la revitalización cultural y lingüística o buscar formas de representación política. Otras, como el reconocimiento a las formas propias de organización mapuche, probablemente serán más resistidas. Innovador es que se hayan propuesto mecanismos de compensación alternativos a la entrega de tierras, una demanda largamente sentida. Y aunque no era su mandato diseñar soluciones específicas para enfrentar la violencia de grupos radicalizados, reconoce que en estas zonas se ha producido violencia terrorista, que hay víctimas y al respecto propone mecanismos concretos de reparación.

De allí que sería inentendible desechar sin más sus diagnósticos y no valorar el esfuerzo de contar con ciertas miradas más compartidas. Con todo, es un hecho que en el tema más complejo de todos, como es la entrega de tierras y los montos que se comprometerán en ello, la propuesta ha dejado abierta una serie de interrogantes, y mientras ello no se despeje, es difícil pensar que el objetivo de traer un entendimiento definitivo se produzca.

Al analizar el diagnóstico de los comisionados, vale la pena resaltar que coinciden en que la demanda por reparación territorial, bajo las reglas actuales, puede crecer indefinidamente, no solo producto de las actuales condiciones normativas que permiten la expansión constante del universo de solicitantes a partir de títulos de merced, sino también por el crecimiento interno de las comunidades ya constituidas, puesto que cada una de ellas puede actualizar el número de familias que la componen cada seis años, sin mayores limitaciones. En ese orden de cosas, es valioso que, entre otras medidas, se haya propuesto establecer un límite máximo de crecimiento del número de familias para ciertos grupos, correspondiente a un 5% en el futuro.

Pero donde probablemente se producirán roces es en la fórmula que la Comisión utilizó para determinar las tierras que restan por devolver así como el fondo que propone para financiar dichas adquisiciones, que alcanza a los US$ 4 mil millones. Para el cálculo de la demanda de predios de tierras indígenas la Comisión consideró, entre otros factores, un parámetro de habitabilidad de 10 hectáreas por familia, en tanto que el precio unitario por hectárea de predio agrícola se estimó en $7,8 millones.

Sin duda resulta particularmente valioso que la Comisión se haya empeñado en poner límites al gasto fiscal destinado a la restitución de tierras así como a la cantidad de hectáreas que restan por entregar, pero llama la atención que para el cálculo no se cuente con información mucho más precisa de las tierras que efectivamente deben ser restituidas a cada comunidad en función de los títulos que poseen, y en cambio se hayan utilizado una serie de supuestos. De momento no es posible establecer si producto de ello hay una sobreestimación en la cantidad de terreno y si acaso los costos podrían ser eventualmente menores a los proyectados. Con todo, puesto que las reivindicaciones de algunos grupos son sumamente extensas, apelando a criterios históricos, no deberían desestimarse sin más las estimaciones que ha hecho la Comisión, pero probablemente esta metodología será objeto de visiones encontradas.

De particular complejidad resulta la propuesta de que al cuarto año desde que entre en operaciones el nuevo sistema propuesto, el tribunal arbitral -un organismo que se propone crear para dirimir una serie de conflictos que surjan en el proceso- deberá evaluar por única vez el funcionamiento de este en su conjunto, donde entre otros aspectos habrá de analizar si la tierra disponible es suficiente para optar a ella como forma de reparación. Además de que será necesario ponderar la pertinencia de introducir una instancia que no será parte de la estructura judicial y que respecto de sus resoluciones no cabrá recurso alguno, no son claros los alcances de este proceso de evaluación. De no precisarse mejor, existe el riesgo de que las demandas territoriales se multipliquen ante la expectativa de que el tribunal les dé la razón, lo que en la práctica podría echar por la borda el proceso y mantener abierto el conflicto, que es justamente lo que se quiere evitar.