En el debate acerca del flagelo de la delincuencia y el crimen organizado, el énfasis suele estar puesto en las medidas que adopta la autoridad para combatirlo -como por ejemplo las capacidades con que cuenta la policía-, así como en la efectividad del sistema penal para sancionar a quienes delinquen. Es evidente que se trata de aspectos fundamentales, que la sociedad valora altamente, pero muchas veces se pasa por alto una dimensión que también resulta clave para prevenir el delito, como es asegurar que los niños y adolescentes reciban educación y no deserten de sus colegios.

Un reportaje publicado por este medio, en el cual se dio cuenta de la admirable labor que realizan colegios de la zona sur de Santiago contra la deserción y el narco, entregó también una serie de antecedentes que permiten una mejor comprensión del enorme riesgo que representa la deserción escolar particularmente en sectores socioeconómicamente más vulnerables, porque es allí donde existe mayor propensión de que los niños o adolescentes puedan ser reclutados por bandas dedicadas al crimen organizado, o caigan en un consumo problemático de drogas, que a su vez es un factor muy determinante para terminar en el mundo del delito.

Desde luego, debe ser motivo de preocupación que de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, en 2025 los infractores menores de edad -entre 14 y 17 años- aumentaron en 7% respecto del año anterior; el cuadro resulta aún más inquietante al analizar períodos más extensos, pues si en 2021 más de 2.600 menores se vieron involucrados en delitos asociados al crimen organizado, en 2024 el número escaló a casi 5 mil. Se ha hecho cada vez más frecuente que bandas dedicadas a este tipo de delitos recluten a menores de edad -ello es muy habitual en el caso de los “portonazos”-, los que generalmente ven aquí mejores oportunidades para conseguir beneficios económicos inmediatos y una forma de validación social muy superior a la que pueda proporcionar la educación formal.

Asimismo, revelador resulta un informe de los investigadores Manuel Alcaíno y Raimundo Undurraga, quienes encuentran evidencia de que la interrupción educativa de niños y adolescentes tiene estricta relación con los índices de criminalidad. Así, por ejemplo, al observar la muestra de estudiantes que abandonan el sistema alrededor de un 7% comete algún delito, según registros de programas del Sename, lo que contrasta con el 0,5% que se observa en la población escolar general. Pero un hallazgo especialmente relevante es que el 73% de estos delitos ocurre en el mismo período o con posterioridad al abandono escolar, lo que a juicio de los investigadores permite concluir que la deserción y el delito ocurren cercanos en el tiempo.

Este conjunto de antecedentes permite poner de relieve que asegurar la educación formal de niños y adolescentes no solo es un deber que tiene la sociedad, sino que es también una pieza fundamental en cualquier política de seguridad y prevención, de modo que ello debería constituir una prioridad en las políticas públicas. Es sin duda una buena señal que la desvinculación escolar haya venido cayendo en los últimos años, pero las cifras aún distan de ser satisfactorias: el año pasado hubo más de 40 mil deserciones, lo que sigue imponiendo fuertes desafíos para el país.