Recientemente se conoció el informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, y desde entonces el Ejecutivo ha entregado señales preocupantes respecto de su implementación futura, siendo todavía incierto qué medidas pretende incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos o que enviará como proyectos de ley separados.

La Comisión fue convocada por el Ministerio de Hacienda como una de las medidas correctivas tras el segundo incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural. Compuesta por expertos de distintas sensibilidades políticas, acordó 34 medidas, todas aprobadas por unanimidad. Las propuestas se estructuraron en siete áreas de trabajo: salud, educación, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos transversales. En total, 16 iniciativas por US$ 2 mil millones orientadas a reducir el gasto, y otras 18 medidas por US$ 2.500 millones apuntaban a contener el aumento futuro del gasto.

Pese a la transversalidad del documento -lo cual le brindaría al gobierno espaldas para comenzar a introducir estos cambios-, las primeras señales provenientes del Ejecutivo no han sido favorables en cuanto a la viabilidad para discutir al menos parte de estas propuestas en lo que resta de mandato. El ministro del Interior, por ejemplo, desestimó de plano avanzar en la fusión del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) con su cartera. “Esta es una propuesta que deberá ser estudiada en su momento (…) No está dentro del programa de gobierno, y, más aún, con los meses restantes del gobierno, no se pueden impulsar cambios que impliquen eliminar ministerios”.

Esta reticencia naturalmente sorprende, desde luego porque dado que el grueso de estas propuestas tendrá que ser abordada por la siguiente administración, no se entiende por qué no comenzar a incluirlas desde ya en el Presupuesto 2026. Desde un punto de vista técnico tampoco se advierten buenas razones para la reticencia, dado que estas vienen evaluadas por el grupo de expertos. Por ejemplo, respecto del término de la Segegob la Comisión ha planteado que, luego de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, resulta de toda lógica concentrar en Interior las funciones de lo que algunos llaman el “Centro de Gobierno”. Sin duda al país le haría bien comenzar a discutir una racionalización del abultado aparato público, sobre todo si hay reparticiones que ya no se justifican como tales.

Las señales confusas del Ejecutivo podrían además abrir un flanco para todo el resto de las propuestas. Cabe recordar que la Comisión además propuso otras medidas de mayor complejidad política, como descontinuar 124 programas sociales y no sociales. Es esperable que cada una de estas iniciativas encuentre resistencia de algún grupo de interés. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión envió una carta pública llamando a desestimar la recomendación de la Comisión en cuanto a descontinuar el fondo que lo beneficia, mientras el Colegio de Profesores rechazó tajantemente el congelamiento de salarios, una de las 18 medidas de contención de gasto. Estos ejemplos muestran que, para poder materializar estas y otras medidas, el Ejecutivo debe demostrar convicción y capacidad de persuasión en su coalición y en el Congreso, más que intentar traspasar el costo del ajuste a la siguiente administración.

Sin perjuicio de que una vez que se presente la Ley de Presupuestos será posible tener una idea de hasta dónde el Ejecutivo pretende avanzar con estas reformas, las señales que ha dado hasta aquí son frustrantes, y llevan a preguntarse por el sentido de que el propio Ministerio de Hacienda haya convocado hace algunos meses a dicha comisión de expertos -justamente para ayudar a contener el gasto e ir convergiendo hacia las metas fiscales-, para una vez entregado el informe comenzar a retroceder.

La estrategia del gobierno resulta todavía más difícil de comprender considerando que en vez de centrar los esfuerzos políticos en promover estas reformas, en cambio haya abierto una serie de flancos a raíz de los recortes que, según ha trascendido, evaluaría introducir en los recursos destinados a seguridad y los gobiernos regionales. Los temas relacionados con la seguridad ciudadana son hoy la principal preocupación de las personas, y si bien más recursos no garantizan una solución al problema de fondo, menos recursos en seguridad constituirían señales difíciles de comprender para la ciudadanía. Con ello irónicamente solo ha conseguido complicar a la propia candidata del oficialismo, Jeannette Jara -quien se ha visto obligada a salir a dar una serie de explicaciones-, y en cambio regaló un punto a sus contendores, especialmente a José Antonio Kast, hasta aquí su más estrecho competidor, y para quien la seguridad pública es una de sus banderas clave.

Los expertos en materia fiscal han sugerido que un tercer año consecutivo de incumplimiento de la meta de balance estructural es altamente probable en 2025. Por ello el Ejecutivo debe redoblar esfuerzos para acercarse lo más posible al cumplimiento de esta meta y evitar deteriorar la credibilidad del mercado en las reglas definidas por el Ministerio de Hacienda. De allí que para avanzar hacia el equilibrio de las finanzas públicas y estabilizar la deuda, resulta imprescindible que el Ejecutivo haga un esfuerzo genuino por incorporar la mayor cantidad de medidas propuestas por la Comisión. De lo contrario, todo este esfuerzo podría terminar en una inexplicable oportunidad perdida.