La jornada del lunes fue especialmente violenta en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego de que un grupo indeterminado de encapuchados lanzara bombas molotov hacia el sector de ingreso, llegando al punto de que el encargado de seguridad del establecimiento fue rociado con bencina, un hecho que a todas luces resulta gravísimo. Estos ataques tienen lugar cuando todavía siguen frescas las secuelas de lo que fue la inflamación en los baños del establecimiento de bidones con combustible, un hecho que dejó a más de 30 estudiantes con graves quemaduras, algunos incluso con riesgo vital. Resulta inaudito que luego de pasar por esa traumática experiencia, en el INBA sigan repitiéndose atentados incendiarios.

El alcalde de Santiago -en tanto sostenedor del INBA- ha decidido presentar querellas en contra de los responsables, manifestando toda su voluntad para perseguir a quienes organizan estos hechos de violencia, incluida la aplicación de Aula Segura. Es la actitud que sin duda corresponde, pero frente al largo historial de violencia que arrastra el INBA así como otros establecimientos emblemáticos de la comuna -en algunos de los cuales también se han registrado hechos tan graves como rociar de combustible a profesores- se hace indispensable una respuesta mucho más sistémica, de tal manera que todas las instituciones den señales inequívocas de que no habrá espacio para seguir tolerando actos de violencia.

Por de pronto, es un hecho que la actitud complaciente de algunos sectores con la violencia -validándola como una forma legítima de protesta o como vehículo para aprobar petitorios- ha terminado siendo extremadamente contraproducente, alimentando una dinámica que ha llevado a que el vandalismo se torne cada vez más violento y recurrente. Volver a recuperar un sano sentido de autoridad en las aulas, y exigir que las demandas se canalicen por vías institucionales y pacíficas son pasos indispensables en esta tarea de recuperación. En ese orden de cosas, también parece necesario revisar los reglamentos internos que se han dado los establecimientos, de modo de asegurar que las sanciones disciplinarias sean posibles de ser aplicadas en la práctica, y que no terminen diluyéndose por concepciones erradas sobre cómo debería entenderse un debido proceso.

Decidor resulta que para efectos de que la Municipalidad de Santiago puede exigir el cumplimiento del estado de derecho y se sancione a los alumnos responsables de vandalismo, se haya tenido que solicitar la inhabilidad del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía. El polémico magistrado había desestimado la posibilidad de que el municipio fuese querellante a propósito de la quema de un bus en las afueras del INBA, y ante el reclamo del municipio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, esta determinó que Urrutia actuó sin la debida imparcialidad, inhabilitándolo en esta causa. Son casos como estos los que ilustran que si el Poder Judicial termina actuando con criterios excesivamente garantistas o ideológicos, los esfuerzos por combatir el vandalismo se debilitan gravemente, y en tal sentido la Corte ha enviado una señal correcta.