En el mes de mayo, el Día de los Patrimonios contó con una cifra récord de visitas reportadas -la más alta en sus 26 versiones-, con más de 2 millones de asistentes y sobre 1,4 millones de visitantes virtuales en las 3.232 actividades desarrolladas a lo largo del país, dando cuenta del gran interés que oportunidades de esta naturaleza despiertan en la ciudadanía.

Sin embargo, lo ocurrido hace dos semanas con motivo de un incendio que afectó a un edificio de la comuna de Santiago y que destruyó el mural “Terremoto” -pintado en 1958 por Nemesio Antúnez y declarado Monumento Nacional en 2011-, marca un dramático contraste, al poner nuevamente en evidencia la fragilidad de la institucionalidad que debe estar encargada de la protección y promoción de nuestro patrimonio. No estamos en presencia de casos aislados, como lo relevó un reciente reportaje de este mismo medio en relación con la desprotección que afecta a otros murales, sino que esta falta de cuidado también se observa en ciudades como Valparaíso, donde resulta manifiesto el abandono que presenta el casco histórico de la ciudad, pese a que es monumento nacional y fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2003 por la Unesco. El vandalismo de que fue objeto el centro de Santiago con motivo del llamado estallido social, y que ha costado tanto recuperar, es otra muestra de ello.

Esta actitud displicente con el patrimonio también se refleja en la liviandad con que la materia muchas veces es abordada desde el propio Estado. El hecho de que la reforma a la ley 17.288 de 1970 que legisla sobre monumentos nacionales -con la cual se busca “modernizar su institucionalidad, actualizar sus categorías y otorgar una protección efectiva al Patrimonio Cultural en Chile mediante su identificación, conservación, puesta en valor, gestión y promoción”- lleve siete años de tramitación legislativa; y el que después de 22 años el Concejo Municipal de Valparaíso recién haya aprobado el jueves pasado el Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso –uno de los compromisos contraídos con la Convención del Patrimonio Mundial de Unesco-, no hacen sino confirmarlo.

Es clara la relevancia que el patrimonio cultural tiene para el país y así lo consagra el proyecto de ley en discusión, al señalar que “contribuye a construir identidades, fortalecer comunidades y que son transmitidas de una generación a otra, en un proceso continuo y dinámico de valoración que contribuye a la memoria histórica, social y cultural, al respeto del entorno natural y a un desarrollo humano integral y sostenible”; sin embargo, es necesario que ello se traduzca en políticas eficaces y congruentes, por lo que su tramitación es una oportunidad que no se puede desaprovechar.

Es hora de que el país avance -como lo ha hecho en otra infinidad de materias- para que el reconocimiento al patrimonio deje de ser algo meramente simbólico, y su protección y promoción permitan la convergencia de esfuerzos tanto públicos como privados, con una institucionalidad dotada de las facultades y recursos que permitan anticiparse a los riesgos que hoy enfrenta.