El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha delineado recientemente los principales ejes del plan económico que pretende implementar la futura administración. En tal sentido, el objetivo es que apenas se instale el gobierno comience a desplegarse gradualmente un conjunto de medidas de corte administrativo y otras de carácter legal, además de un ajuste fiscal que en el período podría llegar a unos US$ 6 mil millones. Las metas son sin duda ambiciosas, partiendo por la reforma tributaria que el secretario de Estado pretende enviar a tramitación legislativa en abril, la cual tendrá una primera fase consistente en un crédito tributario asociado a la contratación, para luego dar pie a una rebaja del impuesto corporativo, desde el 27% al 23%, en un horizonte de cuatro años.

Quiroz también ha puesto de relieve la intención del nuevo gobierno por destrabar en un plazo acotado inversiones por US$ 12 mil millones que ya pasaron por el proceso de tramitación ambiental; también busca introducir incentivos tributarios para la exportación de servicios, combatir la “permisología” y devolver mayores grados de libertad en el uso del suelo, lo que a su juicio es rápido de hacer y sería una forma muy efectiva de apuntalar la inversión. Existe confianza en las nuevas autoridades en cuanto a que este sello procrecimiento que pretende caracterizar a esta administración -poniéndose como meta tasas de expansión de la economía en torno al 4%- marcará una importante diferencia, lo que ha llevado a Quiroz a afirmar que “creo que tendremos un segundo semestre extremadamente dinámico”.

No cabe duda de que resulta positivo que la nueva administración se haya puesto metas audaces para reactivar la economía y que para el logro de dicho objetivo busque dar señales concretas, con un plan cuyos ejes en lo grueso han sido ampliamente compartidos por diversas voces. En cierto modo ello ya se está reflejando en un notorio cambio en las expectativas de mercado, con índices accionarios en niveles récord y anuncios de nuevas inversiones, lo que además se acompaña con un precio del cobre en niveles especialmente altos, lo que favorece los ingresos fiscales.

Con todo, es fundamental que las futuras autoridades eviten caer en una simplificación de los desafíos que vienen y en alimentar expectativas desmedidas en cuanto a lo que el gobierno podrá lograr en materia de crecimiento, inversión y ajuste fiscal, tal como parece estar ocurriendo a la luz del excesivo optimismo que trasluce Quiroz, de cuyas palabras se podría desprender que se avecinan resultados extraordinarios ya en el primer año.

Volver a poner en marcha a la economía chilena y ordenar las cuentas fiscales será un desafío de enorme envergadura, donde no basta con las buenas ideas y la voluntad de llevarlas adelante, sino que también debe confrontarse con las posibilidades que permite la realidad. Así, por ejemplo, no podría cuestionarse que la nueva administración se empeñe en destrabar inversiones por US$ 12 mil millones, pero dar la idea de que para ello basta con la decisión del Ejecutivo para asegurar su aprobación parece excesivamente optimista, cuando probablemente algunos de esos proyectos enfrentarán presiones ambientalistas o podrían ser objeto de judicialización -el caso del proyecto minero-portuario Dominga resulta en tal sentido paradigmático-, variables que escapan a la voluntad de un gobierno. También parece un exceso de optimismo pronosticar tan anticipadamente que vendrá un segundo semestre particularmente dinámico, sin antes esperar que los indicadores sectoriales vayan confirmando tal reactivación. Es claro que si las cifras de crecimiento terminan siendo más modestas este año respecto de lo anticipado, el gobierno corre el riesgo de que tempranamente se le reproche una promesa incumplida y se ponga en duda la efectividad de su plan.

La llamada “luna de miel” -ese período de gracia que suelen disfrutar los gobiernos en sus primeros meses, cuando todavía se conservan dosis razonables de popularidad y existe mayor control de la iniciativa política- deben ser aprovechados con astucia justamente para aterrizar expectativas, evitando caer en la tentación de alimentar un exceso de optimismo. Es también el período donde el futuro gobierno debe procurar ser mucho más claro en el detalle de sus propuestas. Si bien en campaña se acepta que puedan esgrimirse los grandes lineamientos como estrategia para conquistar votos, una vez electo es fundamental que empiece a centrarse en cómo se van a llevar a cabo. En ese orden de cosas, una de las medidas que sigue despertando dudas es cómo se logrará un recorte de US$ 6 mil millones y a la vez conseguir un equilibrio fiscal, cuando por otra parte se propone una rebaja tributaria considerable y los reportes indican que el cierre fiscal de 2025 puede terminar con una desviación del déficit estructural que supere el 3% del PIB, es decir, tres veces la meta original.

El futuro ministro Quiroz confía en que la combinación de recortes de gasto, mayor crecimiento y cerrar el último año con balance estructural permitirían lograr un equilibrio, pero a la par mantiene su predicamento que una parte importante del ajuste debe ocurrir el primer año -por un asunto de economía política-, sin que hasta aquí se hayan entregado mayores detalles del plan ni qué grado de sintonía existe con el futuro Congreso.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast llegará al poder precedido de un considerable triunfo electoral; sin duda es sano para el país que se esté observando un mejor ánimo en el mercado, pero ahora viene por delante la delicada tarea de bajar a piso las propuestas y ser realistas con sus resultados.