La investigación que llevaba adelante la Fiscalía de Coquimbo en el marco del caso Procultura, a cargo del fiscal regional Patricio Cooper, experimentó un duro revés luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo presentado por la defensa de la psiquiatra Josefina Huneeus, cuyo teléfono fue objeto de una interceptación por parte de la PDI.

De acuerdo con la acción judicial, las escuchas fueron llevadas a cabo de manera ilegal, puesto que en la orden judicial dictada al inicio para interceptar teléfonos no figuraba el móvil de Huneeus, quien en ese momento no tenía la condición de imputada, ajustándose mejor en su caso la figura de testigo; en cambio, sí figuraba Alberto Larraín, fundador de Procultura, entre cuyos teléfonos se contaba uno que seguía utilizando Huneeus, quien era su excónyuge. El teléfono de esta última comenzó a ser “pinchado” a partir de octubre pasado -incluso se captó una conversación con el propio Presidente de la República-, y cuando la policía hizo hallazgos que podían dar pistas para las causas que se investigan, la Fiscalía decidió solicitar sucesivas renovaciones para la escucha de dicho teléfono. La Corte de Apelaciones estimó que se llevaron a cabo diligencias intrusivas sin fundamentación alguna y que, en parte, tampoco cumplen las exigencias propias de los preceptos que las regulan, declarando la ilegalidad de las decisiones jurisdiccionales como también de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron.

La Corte formuló duros reproches a la jueza de garantía que autorizó las escuchas al teléfono de Huneeus sin mayor rigor, como también a la policía y a la propia Fiscalía, asegurando que se han validado actuaciones policiales -al amparo de quien dirige la investigación- “propias de tiempos pretéritos de la República”.

Más allá del uso de ciertas frases polémicas por parte de la Corte de Apelaciones, las que han dado pie para que sectores de oposición acusen de sesgo político, en las materias de fondo se advierte un fallo bien fundado, que da cuenta de decisiones investigativas contrarias a derecho. Y aun cuando dicha resolución aún puede ser apelada, es una buena señal que la institucionalidad esté funcionando, y ante lo que aparece como una afectación de garantías, se haya actuado con rapidez.

A partir de esta resolución, el fiscal nacional decidió apartar de la investigación de Procultura al fiscal Cooper, y en su lugar trasladó la causa a la fiscalía de Antofagasta. Esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por sectores de oposición, pero lo cierto es que forma parte de las atribuciones del fiscal nacional, y es posible que dado que el fiscal Cooper ya enfrenta una petición de destitución por parte de parlamentarios oficialistas -por el caso Sierra Bella-, lo prudente sea no exponer a dicho fiscal ni tampoco la causa Procultura.

Con todo, es muy relevante que esta investigación pueda seguir su curso con plena normalidad. Las presiones políticas que el caso enfrenta desde distintas veredas -sectores del Frente Amplio han sostenido que aquí hubo un intento de espionaje, lo que resulta una imputación excesiva y de la cual el propio gobierno ha tomado distancia- son lastres complejos, pero ni estos ni los errores cometidos en esta investigación deben inhibir al nuevo fiscal del caso para investigar a fondo.