El último catastro de TECHO Chile sobre campamentos en Chile no ha traído buenas noticias. El reporte correspondiente al período 2024-2025 indica que este tipo de asentamientos ha seguido aumentando -se registró un incremento de 10,6% respecto del catastro anterior-, lo que se traduce en un total de 1.428 campamentos, albergando a más de 120 mil familias. Aun cuando la tasa de crecimiento fue menor a la observada en otros años, lo cierto es que pese los esfuerzos para contenerlo se trata de un fenómeno que sigue en plena expansión, y será una tarea que necesariamente deberá abordar la siguiente administración.

Los campamentos constituyen probablemente la manifestación más concreta de los problemas sociales que arrastra el país. Entre las principales razones para terminar viviendo en este tipo de asentamientos se cuentan el alza en el costo de la vida, donde muchas familias no son capaces de pagar arriendo, un dividendo o el costo de los servicios básicos. Otro factor que ciertamente ha incidido es el aumento de la inmigración irregular, lo que fuerza a buscar espacios en lugares como los campamentos. Antofagasta es un caso que refleja bien este problema, donde casi el 60% de las familias en campamentos están constituidos por migrantes.

Las condiciones de vida en los campamentos suelen ser precarias -en muchos casos se siguen usando pozos sépticos o letrinas-, a lo que cabe añadir que más del 80% se encuentra en zonas de alto riesgo natural, enfrentando amenazas como inundaciones, tsunamis, incendios o remociones en masa. Es fundamental entonces que el país refuerce las políticas públicas para reducir sustantivamente el número de campamentos. Al mirar la realidad que estos constituyen, se observa que existen distintos tipos, algunos de los cuales logran contar con condiciones que les permiten aspirar a soluciones habitacionales, pero en otros casos, como los llamados megacampamentos, la realidad muestra que constituyen focos muy complejos, precisamente por consentir que se expandan sin control en el tiempo. Ha sido, por ejemplo, el caso de San Antonio, donde las más de 10 mil personas que residen irregularmente en dicha toma se resisten a dejar estos terrenos. Se han constituido cooperativas para negociar con el gobierno y los dueños, pero se ha comprobado lo difícil que resulta llegar a un acuerdo que logre satisfacer a todas las partes. Ello es aleccionador sobre la importancia de que la autoridad frene a tiempo los asentamientos irregulares, ejecutando el desalojo temprano -sin perjuicio de las ayudas sociales que se entreguen a los pobladores-; también es relevante que desde el mundo político se evite cualquier asomo populista, prometiendo soluciones mágicas o creando expectativas sobre terrenos que han sido ocupados de manera ilegal.

Parte del problema también radica en el déficit habitacional que sigue arrastrando el país. En este ámbito, el Plan de Emergencia Habitacional -que contempla la construcción de 260 mil viviendas- elaborado por el gobierno mostraba a comienzos de año un avance del 71%, donde el resto está en ejecución o pendiente de ser iniciado. Pese a este avance, claramente se requiere agilizar aún más dicho programa, sobre todo en aquellas zonas -como Antofagasta- que aún presentan un rezago importante.