El complejo frente que se abrió para el gobierno a raíz del sobreprecio en las tarifas eléctricas producto de errores de cálculo de la propia autoridad técnica -que derivó en mayores costos por unos US$ 115 millones, a lo que se suman otros US$ 100 millones detectados por la empresa Transelec, producto de una errónea sobrevaloración de sus activos- ha tenido un impacto político directo para La Moneda, lo que motivó la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow -quien ahora enfrenta la posibilidad de ser acusado constitucionalmente- como también la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.

Pardow trató inicialmente de bajar el perfil a la situación, atribuyéndolo a errores metodológicos, planteando además que lo cobrado en exceso sería devuelto a los consumidores en el más breve plazo. Las explicaciones claramente fueron consideradas insuficientes, entre otras razones porque el error que motivó el mayor sobreprecio de las tarifas que aplican las generadoras -derivado de una fórmula de cálculo que incluyó dos veces el costo de la inflación- data de 2017, y en todo este tiempo no fue detectado sino hasta un par de meses atrás. Sin embargo, este antecedente no había sido informado públicamente, al parecer tampoco a La Moneda, pese a que Pardow habría sido alertado en septiembre. Más extraño resulta aún que el caso de Transelec tampoco haya sido informado, considerando que hace un año la empresa había reportado a las autoridades sectoriales de un error en el cálculo y la voluntad de restituir los fondos a los consumidores.

El nuevo biministro de Economía y Energía ha tratado de contener esta crisis, planteando que los recursos serán restituidos en enero, en las cuentas de electricidad, deslizando también responsabilidades a las propias empresas eléctricas, por no haber reparado en el error de cálculo. Pero han surgido nuevos antecedentes producto de un informe de la consultora Valgesta Nueva Energía, según el cual los consumidores solo habrían pagado US$ 2 millones, y no US$ 115 millones, porque la diferencia se encuentra expresada en instrumentos financieros que recién se ejecutarían en 2028, aunque el ministro insiste en que las generadoras recibieron esos fondos y deberán ser restituidos.

No cabe duda de que el error deriva principalmente del complejo sistema para calcular las tarifas eléctricas, a lo que se añade que una vez que se descongelaron estas se generó una deuda de US$ 6 mil millones con las generadoras, que ha implicado reajustes en las cuentas de la luz, complejizando aún más los cálculos. Resulta por tanto cuando menos aventurado que la autoridad pretenda trasladar la responsabilidad a las empresas, cuando es el ente técnico el encargado de estimar las tarifas y ni siquiera este pudo calcularlas bien, de modo que debería demostrarse fundadamente que las empresas estaban al tanto de este error.

Como era de esperar, este manejo errático por parte del gobierno le ha terminado repercutiendo fuertemente, y una vez más es el reflejo de la incapacidad de esta administración para anticiparse a las crisis y diseñar planes de contingencia que permitan un control de daños y atenuar el impacto político. Era evidente que si en total los consumidores absorberían sobrecostos por más de US$ 200 millones tal situación sería motivo de escándalo, pero esos efectos no fueron anticipados, no existió ningún diseño para enfrentar una posible crisis -a pesar de que hubo margen para haber preparado un plan de contingencia-, y todavía no se han dado explicaciones razonables de por qué estos antecedentes no fueron transparentados públicamente en su momento.

Insólitamente otra vez se repite el patrón respecto de lo sucedido con el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, donde pese a que La Moneda tomó conocimiento de una acusación de presunta violación a una funcionaria el gobierno creyó sin más la versión de Monsalve, desatendiendo a la víctima -algo aún más incongruente considerando que esta generación, cuando era oposición, era reacia a aceptar la buena fe, pero ahora sin embargo dieron plena credibilidad inicial al exsubsecretario- y el caso solo se hizo público una vez que lo destapó un medio de comunicación. Las erráticas explicaciones posteriores del gobierno y del propio Presidente de la República solo amplificaron aún más la crisis, nuevamente dando cuenta de que no había diseño para un control de daños.

El caso de los líos de platas relacionados con el escándalo de las fundaciones fue otro ejemplo ominoso de cómo no se previeron los efectos políticos que algo así tendría, relevando que La Moneda fue lenta para reaccionar una vez que se tuvieron los primeros antecedentes con Democracia Viva, en Antofagasta, para luego ir reaccionando a cuentagotas a medida que se iban destapando nuevos escándalos.

Tal parece que esta administración culminará su período sin haber aprendido las lecciones en todo este tiempo, mostrando serias incapacidades para administrar los momentos de crisis y hacer buena gestión. El caso con las eléctricas ya le ha traído un duro efecto al tener que remover al ministro de Energía, y se expone ahora a la posibilidad de que prospere una acusación constitucional contra la exautoridad, donde para ello incluso parece haber votos dentro del propio oficialismo. Son las consecuencias inevitables de que el caso justo haya estallado en plena campaña electoral, lo que ratifica la torpeza de que esto no se haya intentado desactivar mucho antes.