La Universidad de Chile se arma para enfrentar a Azul Azul. La Casa de Estudios que le da el nombre al club está inquieta con los últimos acontecimientos que bordean a la concesionaria que administra a la institución deportiva. Ni siquiera la salida de Michael Clark de la testera de la firma, que se da en el marco del bullado caso Sartor, ha logrado aquietar la sensación.

La entidad educacional pasa a la ofensiva y toma una acción concreta: contrata al prestigioso abogado Andrés Jana, según información recabada por El Deportivo. Lo hace por expresa petición de Rosa Devés, la rectora, quien de momento pidió una ruta legal, no penal. La misión es específica: estudiar profundamente el contrato de concesión del nombre institucional a la firma, ante la posibilidad de que se estén vulnerando principios que resguardan su cumplimiento. Los que más inquietan están asociados a la imagen de la entidad educacional más tradicional del país.

El escenario que inquieta a la universidad es la posible exposición de la concesionaria a una eventual violación moral del pacto. En ese contexto, en la Casa de Bello optan por una actuación firme, pero cautelosa. Estiman que el vínculo no se está cumpliendo en las condiciones acordadas, que, paralelamente, consideran ‘débil y ambiguo’.

En la mesa de Azul Azul, la entidad de educación superior más antigua del país, que detenga la Serie A de las acciones, está representada por Andrés Weintraub y Héctor Humeres. Sin embargo, ambos representan una clara minoría frente a quienes forman parte de la Serie B: Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, José Ramón Correa, Francisco Aylwin y José Miguel Insulza.

Aunque la relación se mantiene en los términos originales, en la casa de estudios estiman que son varias las situaciones que la han lesionado. “Han sido demasiadas las cosas que han ocurrido”, se lamentan en la Alameda.

La Casa de Estudios se refirió a los pasos a seguir. “Las recientes diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público en el marco de la investigación seguida en contra del Sr. Michael Clark Varela, ex presidente de Azul Azul S.A., refuerzan lo señalado por esta Casa de Estudios Superiores en la última junta ordinaria de accionistas de la concesionaria, en la que advertimos una falta de transparencia en la información de la sociedad y la existencia de un débil gobierno corporativo”, dice el escrito al que tuvo acceso este medio.

“Se ha encargado la elaboración de un informe jurídico al profesor de la Facultad de Derecho de esta Universidad, Andrés Jana Linetzky, que determine los alcances legales de la situación, incluidos sus efectos sobre el Convenio suscrito con Azul Azul S.A. y proponga distintos cursos de acción procedentes para la protección y respeto de los derechos de la Universidad. Dicho informe será entregado a la autoridad que sea elegida como próxima Rectora o Rector de la Universidad de Chile para su análisis y decisión. La Universidad de Chile reconoce en el club de fútbol profesional una parte importante de su identidad e historia y velará permanentemente para que sus valores y principios formen parte del presente y futuro del Club que lleva su nombre”, cierra.

Una eminencia

Jana es un abogado de alto nivel. Es socio fundador de Jana & Gil Dispute Resolution. La firma se describe como “expertos globales con resultados concretos en resolución estratégica de disputas complejas en arbitrajes y litigios”.

“Con más de 25 años de trayectoria, nuestro equipo ha asesorado y representado con éxito a inversionistas y estados en disputas de alta complejidad abordando diversos sectores a lo largo de América Latina. Nos especializamos en arbitraje nacional e internacional, así como en litigación civil de alta complejidad. Combinamos estándares de clase mundial con la atención personalizada y flexible de una firma boutique, enfocada en obtener resultados concretos”, se describe.

Jana tiene presencia en varias entidades a nivel mundial. Es árbitro y experto internacional en la resolución de conflictos comerciales, de inversión y de derecho Internacional Público ante la Corte Internacional de Justicia (ICJ), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Ha actuado en cortes locales de distintas jurisdicciones, tales como Chile, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Argentina.

En ese contexto, ocupó un relevante cargo: fue vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje, Cámara de Comercio Internacional entre 2021 y 2024 y el Chair del Grupo de Trabajo II sobre Resolución de Controversias ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

Además, forma parte del panel de árbitros del CIADI, es miembro de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, del Consejo de SIAC, del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI y fundador y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB).

En el plano académico, está ligado a la casa de estudios, en la que se formó y se licenció en 1994, con distinción máxima. Tres años después comenzó a ejercer como profesor de derecho privado. Tiene un Máster en Leyes en la Universidad de Harvard. Su experiencia profesional consigna pasos por Bofill, Mir & Álvarez Jana Abogados; Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados y el Banco Central, en Chile. En Estados Unidos, prestó servicios en Arnold & Porter, con sede en Washington.

El contrato de la discordia

El Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos entre la Universidad de Chile y Azul Azul se firmó el 18 de agosto de 2008, entre el rector Víctor Pérez y el presidente estudiantil Federico Valdés. Aparece acreditando el acuerdo Cristián Aubert, en calidad de gerente general. Hoy es uno de los directores de la concesionaria. La validez del vínculo será hasta diciembre del 2052, luego que en el 2022 Azul Azul pagara la deuda tributaria histórica de la Corfuch a la Tesorería General de la República e extendiera su mandato por 30 años más.

“Se ha celebrado el presente convenio de autorización de uso y goce de los símbolos distintivos de la Universidad de Chile, sujeto a las siguientes cláusulas”, establece, de entrada, el escrito.

En los primeros párrafos, la Universidad de Chile aprueba el uso de su nombre, logos y distintivos por parte de la concesionaria, la que debe plegarse a los valores y a la misión de la tradicional casa de estudios. “La Universidad de Chile es la única y exclusiva propietaria de su nombre o denominación, ‘Universidad de Chile’, teniendo como Símbolos Distintivos el diseño de la letra ‘U’, la figura del búho o chuncho, y las Marcas Registradas a su nombre, así como de todas las demás acepciones, diseños o figuras que constituyan derivaciones del nombre, símbolos o marcas registradas, propiedad que la Sociedad reconoce explícitamente. Respecto de las marcas y dominio que actualmente contienen el nombre o símbolos de la Universidad de Chile y que no están registradas a su nombre, la Universidad entiende que su utilización por Azul Azul S.A. se ampara en el presente acuerdo”, señala.

También se entregan los lineamientos para los acuerdos comerciales que la concesionaria estimara conveniente de cara al futuro. “En ejercicio de este derecho de uso y goce, Azul Azul S.A. podrá emprender la contratación de avisos, propaganda, letreros, etiquetas, impresos, estampados, etcétera, en cualquier producto de consumo masivo, incluso en combinación con otras marcas; contratar merchandising, intermediación de terceros en la gestión de negocios o actividades, y, general, ejercer el uso y goce de lo autorizado para los fines de gestionar profesionalmente su concesión del club, pudiendo contratar con terceros la utilización del nombre, logos y símbolos en artículos e instalaciones comerciales, pero siempre en forma parcial y limitada”, fijan.

“La Universidad no asume ni asumirá responsabilidad alguna por los compromisos que la Sociedad contraiga con terceros en ejercicio de sus facultades de administración, lo que se expresará así en los contratos que Azul Azul S.A. contraiga con terceros”.

El acuerdo entre ambas partes tiene obligaciones económicas de parte de Azul Azul. Aparte de entregar acciones a la Universidad de Chile, que permitan ubicar a dos miembros en la mesa directiva (hoy esos cargos están cubiertos por Andrés Weintraub y Héctor Humeres), se debe pagar el “1,05% de los Ingresos Brutos Totales, o sea de todos los ingresos de la Sociedad antes de impuestos sean estos de cualquier naturaleza”. Esto, según el propio Andrés Weintraub, bordea los $ 400 millones.

Para cerrar, el contrato establece cómo se deben zanjar las diferencias entre ambas partes. Este último punto, hoy está ejecutado por la Casa de Estudios.“Toda diferencia o dificultad entre las partes, relativa a este convenio, será sometida a un árbitro de derecho designado por las partes de común acuerdo. Si no se llegare a acuerdo dentro de los treinta días siguientes desde que se planteare por escrito la controversia, el árbitro de derecho será designado por el tribunal ordinario competente”.