Después de 46 años (…) Que la condena sea por presunción después de 46 años me choca profundamente".

Así defiende el senador Juan Antonio Coloma a Cristián Labbé, condenado a 3 años de cárcel por torturas.

"Hay política, venganza (…y) ensañamiento judicial", agrega la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, criticando que el fallo "se sustente en declaraciones de una persona que dice reconocer la voz de Cristián Labbé después de casi 40 años de ocurridos los hechos".

Escuchando a ambos parlamentarios UDI, pareciera que las víctimas, negligentes, dejaron pasar décadas sin buscar justicia. Y que de pronto, caprichosamente, los jueces decidieron actuar sobre hechos ocurridos hace medio siglo.

Recordemos, brevemente, qué pasó en estos 46 años.

En 1973, en Panguipulli, Harry Cohen fue detenido, golpeado, torturado con electricidad y amenazado de muerte con un corvo. Vio a Labbé (no sólo "su voz") y lo identificó como autor de los golpes y amenazas. También en 1973, en el regimiento Tejas Verdes, el oficial de marina mercante Anatolio Zárate fue torturado con asfixias y electricidad. Él y otros detenidos, como Héctor Salvo y Luis Quilodrán, y el exconscripto Samuel Fuenzalida, también sitúan a Labbé en las salas de tortura que dirigía Manuel Contreras. Lo mismo ocurre con el pescador Cosme Caracciolo, en el cuartel de la DINA en Rocas de Santo Domingo.

Hasta 1990, hacer justicia en estos casos era por supuesto imposible. Pinochet promulgó una ley de autoamnistía y contó con el servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: "¡Los desaparecidos ya me tienen curco!".

Así pasaron 17 años.

El fin de la dictadura no cambió las cosas. La "Ley Rosende" entregó pensiones doradas a los obedientes ministros de la Suprema, para asegurar que los cupos fueran llenados por incondicionales al régimen. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del Ejército y las reglas estaban claras: "El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho", advirtió.

Sus hombres no fueron tocados.

Así pasaron otros 8 años.

En 1998, el exdictador colgó su uniforme, se convirtió en senador vitalicio y fue arrestado en el Reino Unido. Ya sabemos cómo zafó: en Londres se disfrazó de anciano moribundo para rogar compasión. Y de vuelta en Chile, literalmente, se hizo el loco; alegó demencia para eludir su responsabilidad hasta su muerte en 2006: "no me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto y si fue cierto, no me acuerdo", declaró al ser interrogado.

Así pasaron otros 8 años.

Mientras, algunos jueces valientes que hacían su trabajo investigando casos de derechos humanos, pagaban las consecuencias. A Milton Juica y Carlos Cerda los castigaron vetando en el Senado sus ascensos a la Corte Suprema. Recién en 2014 se levantó el castigo político a Cerda. Uno de los dos senadores que mantuvo el veto fue, precisamente, el mismo Juan Antonio Coloma que hoy se asombra de que los jueces no hayan sido más rápidos.

Así pasaron otros 8 años.

Mientras, el excoronel Labbé, alcalde de Providencia, entregaba instalaciones municipales para homenajear al criminal Miguel Krassnoff, justificándose por la "legítima lealtad de un camarada de armas". Tras ello, la UDI lo repostulaba al cargo (elección que perdió).

Cuando, en 2014, Labbé fue procesado y detenido por torturas, la directiva UDI en pleno lo visitó en el Comando de Telecomunicaciones. "Uno se pregunta si la justicia opera igual para todos", criticaba el entonces presidente del partido Ernesto Silva.

Así pasaron 46 años en que, efectivamente, la justicia no operó igual para todos.

Porque, mientras las víctimas eran ignoradas, los victimarios pasaron décadas disfrutando de las delicias del poder, la protección política y las jubilaciones millonarias de oficial castrense, para a lo más arriesgar alguna sentencia reducida en penales especiales de privilegio. La condena por las torturas de Labbé es menor a la que han recibido ladrones de gallinas y de celulares, y aún puede apelarla. (Además, está procesado por aplicación de tormentos en Tejas Verdes y Santo Domingo).

Todo esto, después de 46 años de impunidad y privilegios.