Como senador, Víctor Pérez cultivó un perfil duro, especialmente en temas de orden y seguridad pública. Apoyó entusiastamente las controvertidas Ley Antisaqueos y Ley Antibarricadas, en enero de este año.
Pero como ministro del Interior no mostró igual ímpetu por restaurar el orden. Frente al paro de los camioneros, que ocuparon durante una semana parte de las carreteras chilenas, afectando el suministro de alimentos, gasolina, exportaciones, durante la pandemia, no aplicó la Ley de Seguridad del Estado. Ni la mentada Ley Antibarricadas, cuya norma incorporada como Artículo 268 del Código Penal castiga al que “sin estar autorizado interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos” y " a los que los que interpusieren sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta”.
El paro fue convocado por una parte de los gremios de transporte de carga por la falta de seguridad en las rutas, especialmente en La Araucanía. La muerte de un camionero, atacado mientras dormía en su vehículo, y el disparo que sufrió una niña de nueve años en otro camión fueron las gotas que rebasaron el vaso. Ambas son situaciones graves e inaceptables, sin justificación alguna.
Pero eso no obsta que los medios para promover esta causa justa sean ilegítimos.
El ministro Pérez optó por esperar y negociar, mientras los días iban pasando y la transgresión aumentaba el daño en la ya compleja vida pandémica.
Con la amenaza de una acusación constitucional encima por parte de la DC, el ministro logró cerrar, a la hora final, un acuerdo con los camioneros, quienes depusieron el paro a cambio de beneficios económicos para las víctimas de actos terroristas, suma urgencia a 12 de 13 iniciativas legislativas, inversión en infraestructura policial, entre otras medidas.
Pero el fin del paro no acabó con uno de los mayores errores autoinfligidos por el gobierno. Porque aunque no esté obligado a aplicarlas, al solo negociar y no ponerse firme da una señal de incoherencia y doble estándar: pondera -los hechos lo muestran- de distinta manera la gravedad de la disrupción del espacio público de manera ilegal.
Al ministro Pérez, cuando era senador, le parecía gravísimo parar a los conductores e impedirles el paso si no bailaban.
“Cuando alguien obliga a otro a bajarse de su auto para bailar y si se niega, se le amenaza con violencia, estamos hablando de una intimidación mucho más directa, porque esa persona se termina sintiendo humillada”, dijo en enero.
Pero le parece mucho menos grave usar como medida de presión la fuerza: cruzar los camiones en la carretera en medio de la crisis del Covid, amenazando nada más y nada menos que cortar el suministro alimenticio, durante la peor pandemia en 100 años.
Desde un punto de vista político, se ganó pleitos de todo tipo. Desde luego, con la oposición, a la que le regaló la oportunidad de -aun cuando el paro se bajó- acusarlo constitucionalmente por eventual abandono de deberes (como han hecho con cinco otros ministros de este gobierno), por no invocar la ley de Seguridad del Estado ni la Ley Antibarricadas, de la cual muchos de ellos no eran para nada partidarios: doble estándar también.
Su actuar también le valió críticas privadas y públicas de su propio sector, que han visto con desconcierto su inacción. Desde la Sofofa, Bernardo Larraín dijo que “por mucha empatía que se tenga con la causa, hay que ser coherentes en aplicar los instrumentos jurídicos que dispone el Estado de Chile para evitar la coacción, el bloqueo, la forma ilegítima de hacer ver los puntos de vista... Es importante no solo avanzar en la aprobación de nuevas leyes, sino que usar las existentes, como la que acabo de nombrar (Ley Antibarricadas)”, señaló a Radio Universo.
Especialmente grave es que el ministro Pérez haya perdido una oportunidad única -justamente por su empatía con esta causa- de hacer valer los valores democráticos y del respeto al estado de derecho como base de la vida en común. Y de hacer explícito que en democracia los fines no justifican emplear medios fuera de la ley.
El abogado Jorge Correa Sutil, exministro del Tribunal Constitucional, aseguró que el bloqueo de rutas y la tolerancia frente a ello debilitan el estado de derecho. “El más poderoso ácido disolvente de la democracia es el uso de la fuerza o la violencia como métodos para arrancar decisiones de la autoridad”, dijo a El Mercurio.
El ministro Pérez “licuó” no solo la Ley Antibarricadas, sino que afectó la posibilidad de combatir ese ácido disolvente. Porque de aquí en adelante, ¿con qué legitimidad va a aplicar esta ley -u otra- contra quienes usen la fuerza, la violencia, la intimidación?
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