Que las flores iban a estar más baratas y entonces podían ser más románticos (cuando los alimentos subieron de precio). Que se levantaran más temprano para paliar el alza del costo del Metro (a gente que está en pie a las 5 am). Frases de este tenor, por parte de exministros del Presidente Piñera, previo al estallido social, fueron un acicate al malestar que se estaba incubando en Chile: una provocación -involuntaria, pero no por ello menos dañina- a la rabia por la desigualdad y a la frustración por las arduas condiciones de vida, de jubilación, de salud, de millones de chilenos.

Reflejaron frivolidad, pero, sobre todo, justamente aquello que estaba en el origen del malestar: la diferencia entre las vidas de unos y otros y la desconexión entre quienes ostentan el poder y quienes deben vivir con las consecuencias de sus decisiones.

Esta semana, en que es difícil exagerar la gravedad de la crisis política que se ha desatado, frases del mismo tenor se volvieron a oír.

“...He estado en una actividad agrícola -donde ha sido declarada esencial, por lo que ha habido trabajo- y falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del gobierno. Se lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Si el gobierno me está poniendo los bonos, para qué voy a salir a trabajar”, dijo Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a radio Futuro. (Hubo frases en el tono de otro gremio, las que luego se explicaron o matizaron).

Para el representante gremial de una de las actividades más importantes de nuestro país, los bonos estatales -la falta de ellos, lo engorroso y confuso que es obtenerlos- no son el tema. Eso no es la preocupación, sino que estos bonos desincentivarían a que la gente trabaje. O a que lo haga con cotizaciones previsionales, salud, derechos laborales y todo aquello que constituye la diferencia entre el contrato y el descampado de la informalidad.

No se quedó sólo ahí en su análisis: lo atribuyó a rasgos propios del “trabajador chileno”.

“Es el estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla. Es un estilo de vida de nuestra gente y contra eso no tenemos nada que hacer. El estilo es que si recibe un bono, posiblemente similar a lo que recibe como sueldo, aunque el sueldo es más alto, tiene la opción de no trabajar y no lo hace. O tiene la opción de trabajar informal, trabaja informal”.

La verdad es que las palabras de Ariztía no reflejan el estilo e idiosincrasia de los trabajadores y trabajadoras chilenos, sino más bien la suya y -hay que suponer- de quienes representa en su gremio, al menos. Una mentalidad prejuiciosa, para partir: no hay datos que sustenten sus declaraciones; estos, más bien, las desmienten. Según la última encuesta de Microdatos de la Universidad de Chile, publicada el jueves, solo el 0,5% de los inactivos no busca trabajo por recibir subsidios o ayudas del gobierno, y solo el 0,3% por los retiros de las AFP. En total, menos del 1%.

¡Prejuicios!

En segundo lugar, hacer artilugios -u omitir información- para obtener “beneficios” del Estado (o evitar pagar lo que al Estado le corresponde de los ingresos propios) no es una “idiosincrasia” de la que los grandes empresarios o gremios estén inmunes. Casos graves y repetidos de colusión, en artículos tan esenciales como remedios y pollos, pasando por papel higiénico, están a la vista.

Lo más preocupante es que estas palabras revelan una mentalidad que simplemente no ve -o no quiere ver- la realidad de quienes durante la pandemia han pasado a la pobreza, a la inseguridad alimentaria o a vivir con el miedo a perderlo todo. Y que la ayuda del Estado ha estado marcada por una disonancia cognitiva: mientras los números que informa el ministro de Hacienda son muy altos, a los bolsillos no llegan esas sumas, o no en las requeridas para paliar una pandemia más larga y difícil de todo lo previsto.

Tal como ha establecido la economista Andrea Repetto en su columna de El Mercurio, mientras la Dipres informa que Chile lidera la región en cuanto a ayudas por la pandemia, pues el Estado ha gastado en este ítem el 10% del PIB, si se cuenta lo que las familias realmente han recibido solo es un 2% del PIB. “Esto significa que unos ocho millones de personas han recibido en promedio algo más de 40 mil pesos al mes”, calcula la economista.

No es que la gente esté “llena de bonos” que los hacen dejar de tener ganas de trabajar formalmente. Están inmersas en una precariedad profunda, que no se ha atenuado lo suficiente, como el gobierno sostiene, con sus ayudas. Algo que tampoco se va a solucionar con el tercer retiro de los fondos de pensiones: es seguir pagando la pandemia con los ahorros de las personas e hipotecando sus pensiones.

Declaraciones como las del presidente de la SNA reflejan, además, escaso o nulo cambio o evolución en ciertos sectores de la élite empresarial desde el 18/O. No se ve proceso, apertura a repensar y remirar la sociedad desde una óptica diferente. De la defensa, de “ellos” y “nosotros”, sus idiosincrasias y las nuestras.

La élite económica, empresarial y gremial que se sienta representada por los dichos de Ricardo Ariztía debiera pensar si, de cara a la construcción de un nuevo pacto social, es sostenible y constructivo no solo decir frases así, sino mirar de este modo prejuicioso a sus trabajadores, que son parte esencial de los frutos y éxitos de las empresas que ellos poseen. Y que, en este caso, son quienes están bajo el sol, sembrando y cosechando la tierra.