En el nombre de Martín: Suprema condena a Gendarmería por muerte de bebé en la Cárcel de Mujeres

Una década ha pasado desde que Maritza García dio a luz a su hijo muerto estando en prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de San Miguel. Hace unos días, la Corte Suprema ordenó al Estado pagarle $ 100 millones por el “trato indigno” que recibió por parte de Gendarmería.




La cesárea estaba programada para el 23 de diciembre de 2010, dos días antes de la Navidad.

Maritza García Salvatierra enfrentaba un embarazo de alto riesgo. Dos años antes había sido diagnosticada con un cuadro de diabetes mellitus del tipo 1, por lo que debía seguir un riguroso tratamiento: inyecciones diarias de insulina y una dieta estricta. La verdad es que un cuarto hijo con su marido no estaba en sus planes. Pero qué le iban a hacer, se dijeron, cuando en junio, con 32 años, supo que estaba embarazada. Su matrona se lo advirtió: no era fácil un estado de gravidez con alzas de azúcar por su enfermedad, pero si se cuidaba bien, no habría complicaciones. Le recomendaron, eso sí, adelantar el parto de Martín.

“El que tu hijo crezca y nazca bien va a depender de ti”, le dijo la médica. Pero no dependió de ella.

Qué hacemos aquí

Maritza estaba arreglando su bolso el miércoles 22 de diciembre. Al día siguiente debía partir temprano al hospital a realizarse la cesárea. Estaba nerviosa. Sacar a su hijo de su vientre a los siete meses la tenía angustiada. Pero no solo eso, notaba a su esposo distinto. Se levantaba temprano, llegaba tarde y hacía muchas llamadas a escondidas. Mientras doblaba unos piluchos que le había comprado a Martín, un estruendo la interrumpió. Oficiales de la PDI vestidos de negro y armados ingresaron a su departamento en la calle Urmeneta, comuna de Recoleta. Venían con una orden de allanamiento. Maritza fue detenida y trasladada a un tribunal bajo la acusación de pertenecer a una agrupación dedicada al tráfico de drogas en la que su hermano y su cónyuge estaban involucrados. En su casa se encontró casi un kilo de cocaína. La mujer alegó inocencia. El mismo día que estaba programado el nacimiento de su cuarto hijo, quedó en prisión preventiva.

Gendarmería determinó enviar a Maritza a la Cárcel de Mujeres de San Miguel, ex Centro de Orientación Femenino (COF). Al ingresar, una gendarme anotó en su hoja de vida que cursaba su séptimo mes de embarazo, que padecía diabetes y, por lo tanto, era de alto riesgo. Le asignaron una pieza en el denominado PAC o “patio de conducta”, al que –en esa época- eran derivadas las mujeres embarazadas privadas de libertad. También estaban ahí las evangélicas. Era una especie de módulo de resguardo, alejado del resto de la población penal. Maritza recuerda que temblaba y acariciaba su vientre mientras pedía perdón a Martín.

-¿Qué hacemos aquí?-, sollozaba.

La noche

Recuerda haber sentido frío. La noche del 22 de febrero de 2011, cuando volvió del Hospital Barros Luco, ya no quedaban camas disponibles en el módulo del COF. Maritza García, recién parida de un hijo muerto, tuvo que recostarse en el suelo. El agua del baño del penal corría e inundaba las piezas. Se largó a llorar. Una anciana que llevaba más de seis años presa la escuchó.

-Duerma en mi cama, mi niña. La muerte de un hijo es lo más terrible por lo que pasa una mujer en la vida.

Ha pasado casi una década desde ese día en que, estando en prisión preventiva, la llevaron al hospital para extraerle a su hijo sin vida. “No hay momento en que yo no piense en mi hijo y todo lo que pasé estando presa, siendo inocente, y nadie me escuchó. Ese gesto de esa abuelita fue una de las únicas luces de humanidad que viví en el encierro”, cuenta hoy la mujer, mientras cuida a su madre en la cuarentena. En el living de la casa destaca una fotografía: es Martín, sin vida. “Es la única imagen que tengo de mi hijo y me va a acompañar hasta que me vaya y por fin pueda conocerlo”, dice.

Como no pudo tener a su hijo el 23 de diciembre, le reprogramaron la cesárea para el 21 de febrero. Pero unos días antes sintió una fuerte punzada. “¡Seño!, ayúdeme, por favor!”, cuenta que le dijo a una gendarme con la que las internas tenían buenas migas. La custodia intentó que un médico la fuera a ver, pero, dice Maritza, no hubo respuesta de las autoridades penitenciarias.

-Yo creo que nunca me creyeron que estaba mal, pensaban quizás que me estaba aprovechando del embarazo para escaparme, pero yo no era una delincuente, menos miembro de una banda, yo en la cárcel era una ‘pollo’, así me decían.

En enero y en febrero, recuerda, tuvo los peores episodios de descompensación por su diabetes. Asegura que nunca la llevaron a controles de su embarazo, que le inyectaban insulina sin analizar la dosis que requería y que nunca tuvo una dieta acorde a los alimentos que ella necesitaba para enfrentar su enfermedad. Sólo el 21 de febrero llegaron unas gendarmes para decirle que la llevarían al Barros Luco para su cesárea. A esas alturas, cuenta la mujer, ya no sentía a Martín. “Él siempre se movía, me despertaba a patadas en las noches, yo le hablaba y le decía todo lo que íbamos a hacer cuando saliéramos de ese lugar”, dice. Al llegar al recinto asistencial, un médico ordenó una ecografía. “Obito fetal”, dijo el resultado. Martín había muerto en el útero de su madre por asfixia. Siete horas después le hicieron una cesárea para sacar el cuerpo sin vida de su hijo. Pesaba cinco kilos con 165 gramos, medía 50,5 centímetros. “Exceso de tamaño del feto”, dice la ficha médica.

Aún adolorida, Maritza pidió ver a su hijo. Sus padres, además de una gendarme, la acompañaron a verlo. No pudo despedirlo. El cuerpo del pequeño Martín estuvo dos años en la morgue del Barros Luco. Sólo un mes después, una vez que salió libre, pudo hacerle un funeral.

La luz

-Señorita, por favor, ayúdeme, el caso de mi hija es cruel, es injusto, pero ella no quiere luchar. No cree en la justicia.

Juana Salvatierra peleó durante casi tres años por la inocencia de su hija. Fue entonces cuando escuchó sobre la Fundación Pro Bono y la ayuda que brindan sin costo a quienes necesitan asistencia judicial. Carolina Contreras, directora ejecutiva del organismo, recuerda que tuvieron que hacer muchas gestiones para convencer a Maritza García para demandar al Estado por falta de servicio.

Una vez que la mujer se convenció, las abogadas Isidora Fernández y Nicole Nanning –del estudio Barros & Errázuriz- iniciaron una batalla en tribunales para que el Estado indemnizara a la mujer y a su familia por los tratos que tuvo mientras estaba presa. “El caso de Maritza pone de manifiesto que las desigualdades de las que todos somos conscientes afectan también la capacidad y derecho de acceso a la justicia de las personas. En esta situación que tanto daño le hizo a la vida de Maritza y de su hijo, ella estaba en una irrefutable posición de desventaja por su vulnerabilidad social y económica, sobre todo porque es muy difícil y, para la mayoría de las personas imposible, enfrentarte judicialmente al Estado. En la fundación lo que buscamos es acercar la justicia a la ciudadanía y que, independiente del resultado del juicio, las personas puedan reconciliarse con ella al saber que pudieron acceder, que tuvieron una defensa de calidad y que en sus causas se respetó el principio de debido proceso. El acceso a la justicia debe entenderse como un derecho y no como un privilegio”, explicó Contreras.

El 19 de junio pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema les dio la razón. “Gendarmería incurrió en la falta de servicio que se le imputa, pues ni ella ni su personal han demostrado haber cumplido con las prescripciones médicas que debía seguir la actora, contando para ello con los recursos materiales y humanos, lo que es más reprochable aún, y lleva a establecer que actuó por debajo del estándar que le era exigible ante la situación de embarazo de alto riesgo de la demandante, durante su privación de libertad y estado de gravidez, actitud omisiva y de total falta de diligencia, que significa que no se cumplió con el deber jurídico de cuidado de la salud de la señora García ni de su hijo que estaba por nacer”, dice la sentencia, que obliga al Estado a pagar 100 millones a la mujer.

Gendarmería junto con lamentar lo que vivió Maritza García y su familia en el año 2010 señaló que acatarán el fallo. Agregaron que desde ese caso a la fecha se ha avanzado en el mejor cuidado de embarazadas privadas de libertad y quienes pasan por procesos de alto riesgo son atendidas en recintos especializados externos.

Maritza espera junto a Juana y sus hijos que se acabe pronto la cuarentena. “Yo esta demanda la hice en el nombre de Martín, no por mí, sino para que nunca más un hijo o hija de una mujer presa tenga este final. Estoy pensando cambiar a mi hijo de cementerio. Vamos a tener un nuevo funeral, en que por primera vez tengo la sensación de que se hizo justicia. Y lo hice por ti, Martín”.

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