El escuadrón jurídico del general Rozas

Mario Rozas

Tras el estallido, la autoridad policial ha sumado 30 querellas por actuaciones de Carabineros. Para ello, se ha asesorado con cotizados penalistas de la plaza. Otros abogados, de bufetes corporativos, organizan la defensa de varios funcionarios imputados.




Este martes, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Pilar Ahumada, autorizó una importante diligencia. La solicitud había sido presentada algunos días antes por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Pervancich, mandatada por su superior, el fiscal nacional, Jorge Abbott, para investigar la responsabilidad del Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades en las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas en el país desde el 18 de octubre. La diligencia pedida por la fiscal no era otra que un interrogatorio al general director de Carabineros, Mario Rozas, cuyo nombre está adosado al del Primer Mandatario y a los de dos ministros del Interior -Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel- en casi todas las querellas presentadas por estos delitos en los últimos meses.

Dada la investidura de Rozas, quien está a la cabeza de los más de 50 mil funcionarios de Carabineros en todo el país, su toma de declaración requería la venia del tribunal. Ahora que fue otorgada, Rozas -junto al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez- deberá comparecer ante la fiscal Pervancich en una fecha y un lugar acordados previamente con el Ministerio Público.

Será la primera vez que el general tendrá que declarar como querellado. Su único testimonio judicial, a la fecha, lo dio en calidad de testigo, frente a la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, por el caso de Gustavo Gatica, cuyos padres habían presentado una acción penal amplia contra "todos quienes resulten responsables".

La situación judicial de Rozas se ha ido tornando más seria con el paso de los meses. Hasta esta semana, en los registros del Poder Judicial y los equipos jurídicos de la policía uniformada figuraban 21 querellas en contra del general director de Carabineros por su participación en presuntos delitos de lesa humanidad, además de otras nueve acciones penales por delitos como torturas y apremios ilegítimos. Gran parte de ellas están concentradas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que tiene jurisdicción sobre la comuna de Santiago, donde están emplazadas tanto la Dirección General de Carabineros como el Palacio de La Moneda.

En las querellas figuran algunos casos que han alcanzado gran notoriedad pública, como la muerte del "primera línea" Mauricio Fredes, el atropello de Óscar Pérez por dos vehículos de Carabineros y diversos episodios de trauma ocular y lesiones graves de adultos y niños. La cantidad de causas que investiga la fiscalía y las altas penas asignadas a los delitos de lesa humanidad -podrían llegar a los 20 años de cárcel- son un tema que preocupa en el Alto Mando uniformado. A tal punto que, incluso, aseguran altas fuentes de Carabineros, tres abogados de la institución con "dedicación prioritaria" trabajan en los primeros lineamientos de su defensa.

Asesores jurídicos externos

Llamados telefónicos, mensajes de texto e, incluso, cartas. Las formas para intentar contactar al general Mario Rozas han sido diversas, aseguran en la institución, pero el objetivo es el mismo: concretar un acercamiento para sumarse a su defensa en las querellas presentadas en su contra.

Quienes conocen de estas tratativas aseguran que el abogado Jorge Parra Aguilar, parte de la Defensoría Jurídica del Personal de Carabineros, es formalmente el titular en la representación penal de la máxima autoridad de la policía uniformada. Sin embargo, y de manera paralela a esta función, un reconocido estudio jurídico externo se sumó desde mediados de noviembre al trabajo de diseñar una estrategia jurídica que apunte a lograr la absolución o sobreseimiento del general Rozas. O, ante un escenario adverso, se evite una condena efectiva contra el alto oficial.

Uno de los estudios que participarán de la defensa del general Rozas es el equipo de Ortiz y Compañía. La tarea de coordinar y desarrollar una estrategia jurídica en conjunto con el equipo de abogados institucionales recayó en los penalistas Cristian Muga y Rodrigo Ávila. Ambos profesionales, que asumieron la labor ad honórem, ya tienen experiencia en la defensa de autoridades. Uno de sus últimos casos fue la representación del intendente Metropolitano, Felipe Guevara, en la acusación constitucional impulsada por la oposición tras aplicar una estrategia policial de "copamiento preventivo" en Plaza Italia para enfrentar las manifestaciones no autorizadas. El 4 de febrero, el Senado rechazó la acusación contra Guevara por no alcanzar el quorum requerido.

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El 4 de febrero se rechazó la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara.[/caption]

Quienes conocen las labores que realizará este nuevo equipo de asesores jurídicos externos, aseguran que, en una primera etapa, ni Muga ni Ávila asumirán la representación formal del general Rozas. Su principal tarea, detallan las mismas fuentes, será "prestar asesoría jurídica tanto al general Mario Rozas como a los generales que conforman el Alto Mando institucional en caso de que se presenten nuevas querellas".

La decisión de contar con un equipo externo, una especie de "primera línea jurídica" ante las acciones legales presentadas contra las máximas autoridades policiales, se maneja con reserva en el Alto Mando. "Una de las condiciones que impuso el general director es que se trabaje con máxima reserva y discreción para trabajar en la defensa del general Rozas", asegura una alta fuente de la institución uniformada.

Además del estudio Ortiz y Compañía, otros reputados bufetes de abogados e, incluso, académicos universitarios han tomado contacto con los abogados de la Dirección de Justicia de la institución para ofrecer sus servicios en materia penal y civil.

Además de las querellas presentadas contra el general Rozas, existen una serie de causas presentadas en las Cortes de Apelaciones a nivel nacional. Desde el estallido social, 153 recursos de amparo han sido interpuestos contra uniformados, según los registros judiciales. De ese número, 123 han sido rechazados, 21 fueron acogidos y 8 están pendientes. En cuanto a los recursos de protección, existe registro de 161 casos ingresados a los tribunales, de los cuales 113 están pendientes, 46 fueron rechazados y solo dos fueron acogidos.

Financiando la defensa policial

En noviembre de 2019, un grupo de abogados provenientes en su mayoría de grandes estudios corporativos dio origen a una ONG que fue inscrita en el registro de organizaciones comunitarias de la Municipalidad de Las Condes. Se llama "Nos Importan" y tienen una página web que no identifica a sus integrantes.

En ella se presentan como una agrupación ciudadana que nace "con el fin de promover el respeto y el aprecio de los chilenos hacia el personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de Chile; así como también de darles todo el apoyo profesional que requieran, especialmente en tiempos de crisis". Y precisamente eso han hecho.

Con los recursos reunidos por los aportes de sus miembros fundadores y donaciones de terceros, han participado en la defensa legal de varios carabineros que han sido imputados y formalizados tras la crisis iniciada en octubre. Si bien en la constitución de "Nos Importan" participaron cerca de 15 fundadores, la ONG ya suma más de 50 miembros. La asamblea constitutiva se realizó el 25 de noviembre.

¿Quiénes son? La organización la preside Alejandra Cruzat Valdés, hija del empresario Manuel Cruzat Infante, dueño en los años 80 de uno de los mayores grupos económicos locales. Cruzat es casada con un socio del estudio Carey y Cía., el mayor del país, Salvador Valdés Correa, quien contactó y reunió a un grupo de abogados, en su mayoría corporativos, que participan en un comité legal que define las causas en las que brindarán asesoría.

"Prestamos apoyo profesional cuando hay funcionarios que no pueden ser defendidos por la institución. Ofrecemos ayuda a carabineros, pero no a la institución, a personas", cuenta Salvador Valdés, un jurista especializado en fusiones y adquisiciones que ha representado a las canadienses Brookfield y Ontario Teacher's Pension Plan, a la estadounidense Christus Health en la compra del 40% de la Red de Salud UC, y a la mexicana Bimbo en la adquisición de Nutrabien.

En el comité legal de "Nos Importan" hay socios de otros relevantes estudios de abogados de la plaza. Por ejemplo, Florencio Bernales, especialista en litigios y socio del estudio Cariola, Diez Pérez-Cotapos, quien es consejero del Colegio de Abogados desde enero de este año, en reemplazo del renunciado Arturo Alessandri. También participa Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval, socio del estudio PPU, otro experto en fusiones y adquisiciones, quien ha asesorado al grupo Luksic en varias operaciones y en la reorganización de Enersis, en 2015. También Jorge Vial Álamos, socio senior de un bufete boutique de litigios que antes estuvo en Morales & Besa y en Urenda, Rencoret, Orrego & Dörr, y ha asesorado a empresas como Domino's Pizza y SQM en arbitrajes internacionales. En la ONG hay dos jóvenes abogados de un estudio especializado en temas mineros y medioambientales, Juan Francisco Gutiérrez Undurraga y Francisco Javier Valdivieso, que ofician como secretario y tesorero de "Nos Importan".

Este grupo de abogados ha construido su experiencia legal en negocios y disputas civiles. Por ello, lo que hacen en esta organizacion es gestionar y financiar la contratación de penalistas que asuman las investigaciones. "Tenemos alrededor de 10 casos", cuenta Salvador Valdés. No han asesorado al general Mario Rozas, pero no descartan hacerlo. "No nos ha pedido ayuda, pero encantados de ayudarlo si lo quisiera", agrega Valdés. La ONG, dice el socio de Carey y Cía., no solo contribuye a la defensa penal. También ha prestado ayuda a comisarías y ha colaborado con formación y reinserción laboral de los uniformados.

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