Femicidas: Radiografía a 50 crímenes del 2019

Una carta de retractación llegó hasta el Juzgado de Garantía de Puerto Montt en mayo de 2018. “Solicito la nulidad de la medida de protección en contra de mi marido, José Rivera Ojeda. Quiero darle otra oportunidad”, escribía María Barría Mansilla, de 56 años. Ocho meses después, el 2 de enero de 2019, su cuerpo sin vida fue encontrado al interior del hogar que compartía con su cónyuge, un hombre que, al final, terminó siendo también su femicida.

Fue el primer delito de violencia de género registrado en el sistema penal chileno el año pasado. Al igual que en otros 12 del mismo período, el victimario se suicidó. Este crimen impactó a la comunidad de la Región de Los Lagos, por la brutalidad del asesinato -la víctima presentaba un golpe en la frente y heridas cortopunzantes en casi todo el cuerpo- y porque durante sus 35 años como matrimonio ella lo había denunciado cuatro veces por violencia intrafamiliar.

Durante el año 2019, según registros del Ministerio Público y el Poder Judicial, hubo 50 femicidios en Chile, 15 más que los registrados el año anterior. La cifra dista mucho de los conteos que realizan ONG como la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que desde hace varios años tipifica todos los crímenes con motivación de género como femicidios. Con la entrada en vigencia de la recién promulgada Ley Gabriela, las cifras oficiales inevitablemente se incrementarán, ya que se tipificarán como “femicidios” todos los asesinatos que tengan razones de género como móvil, independiente del tipo de relación que la mujer tenga con su agresor. El año pasado, 23 femicidas convivían con sus víctimas; 14 de estos -como José Rivera- estaban casados con ellas y ocho eran exconvivientes.

A raíz de estas cifras, a nivel legislativo se comenzó a discutir la posibilidad de elevar las penas a los femicidios, una propuesta que se ganó algunos críticos al otorgarle, teóricamente, un mayor valor a la vida de una mujer respecto a la de un hombre. La abogada Ymay Ortiz, jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, desestima a esas voces que planteaban una especie de discriminación: “Hay leyes que sancionan con mayor dureza el asesinato de un fiscal, incluso de un policía... ¿Eso es inconstitucional? No. La violencia de género es una forma de discriminación y el asesinato de una mujer por razones de género es la más cruel y radical manifestación de la discriminación. Mayoritariamente, a quienes matan por razones de género son a las mujeres. A los hombres no los matan por ser hombres; a las mujeres, sí. De eso hablan las cifras y la evidencia”.

De los 50 femicidios contabilizados en 2019, en 20 de ellos existían antecedentes de violencia intrafamiliar denunciados por la víctima en el sistema. Once de estos casos contaban con una medida cautelar que no fue acatada por el femicida. La radiografía a los femicidas del año pasado devela que los mayores nudos del proceso están en los sistemas de protección fallidos. Quienes están enredados en la maraña judicial aseguran que junto con la retractación de las víctimas de violencia, otra de las complejidades que se presentan es que algunas mujeres acuden a denunciar a sus victimarios ante Juzgados de Familia y no en el sistema penal. En los primeros, el centro de medida cautelar no es tan estricto, ni tiene el seguimiento que realiza la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

Para Ortiz, el sistema completo es el que debe acompañar a una víctima de violencia de género para ampararla y evitar a toda costa su muerte. La abogada, en todo caso, es crítica de una idea que circuló en el Ministerio de la Mujer a mediados del año pasado, respecto de un modelo de tobilleras electrónicas usado en Argentina, en el que tanto el agresor como la víctima tendrían que ocupar el dispositivo. “Hacerlas cargar a ellas que son las víctimas con la responsabilidad de tener que evitar la violencia es otro tipo de discriminación. Ellas son las víctimas, no son ellas las encargadas de autodefenderse, sufrir una limitación o estar obligadas a portar ningún dispositivo. Hay que dejar de culpar a las mujeres, como cuando se dice que se llegó a una absolución en un caso de violencia intrafamiliar por la retractación de una mujer. Eso tiene que cambiar, no se las puede culpar, si una causa es absuelta es porque este fenómeno es complejo, y ni los tribunales, ni las policías, ni la fiscalía hemos trabajado en este tipo de criminalidad, pero estamos aprendiendo a hacerlo”.

A quienes participan del sistema también les llama la atención la agresividad de los victimarios, que se ve reflejada en la radiografía. Un total de 24 de ellos causó lesiones mortales con objetos cortopunzantes, nueve fueron por asfixia, tres a golpes y 10 con arma de fuego. Estos crímenes se concentran en las regiones de Los Lagos y Metropolitana, donde ocurren principalmente en el centro de Santiago y en la zona sur. En el sector oriente de la capital, en tanto, no se registró ningún femicidio en 2019