La epidemia de los disparos

Ilustración: Giselle Riutort

El 2020 dejó una tendencia indeseada: hubo 721 homicidios, la cifra más alta en los últimos cinco años. No solo eso. El uso de armas de fuego en ellos aumentó un 33,86% con respecto al año anterior. El fenómeno es peor en Santiago. En la capital esta semana hubo dos nuevas víctimas de balaceras. Dos niños de 6 y 5 años que fueron enterrados mientras una ley de armas duerme en el congreso.




El 1 de marzo Itan Padilla iba a entrar a primero básico. Lo haría de forma online y eso lo tenía ansioso. El niño de seis años quería reencontrarse con sus compañeros, aunque fuera a través de un computador. Su mamá, Scarlet Ahumada, dice que Itan, el menor de cuatro hermanos, hacía amigos donde iba. Que era conversador e inteligente. Para despedir las vacaciones, el 28 de febrero lo pasaron en casa de la abuela materna, en Maipú. Ahí almorzaron, se mojaron con la manguera y tomaron helados.

Ahumada recuerda que iban de regreso a Puente Alto en su camioneta poco antes del toque de queda, cuando escucharon disparos en la intersección de Américo Vespucio con Segunda Transversal. Era una balacera entre delincuentes que habían robado un auto y personal de Carabineros de civil. Una de las balas disparadas por Carabineros mató a Itan Padilla mientras cantaba y antes de que pudiera volver a clases. Su hermano mayor, Aydann Cabrera (18), iba sentado adelante. Dice que al principio no lo creía. Pero días después del incidente ya comprende lo que pasó: “Me mataron a mi guagua –repite–. Estuve ahí cuando me la quitaron”.

Itan Padilla no fue el único niño asesinado la noche del 28 de febrero.

Una hora antes, y a 25 kilómetros de distancia, Tamara Moya (5) y su madre fueron víctimas de una encerrona, cerca del cruce de Pedro Fontova con El Carmen, en Huechuraba. Un grupo de delincuentes, hasta ahora no identificados, las detuvo para robarles el auto. Aunque la mujer entregó el vehículo sin resistencia, según explica en Facebook el padre de la menor, los delincuentes dispararon a Moya en el pecho.

Ambos casos forman parte de las 71 personas asesinadas con armas de fuego en lo que va de 2021. Pese a que en general los delitos disminuyeron el año pasado, los homicidios se incrementaron. Según un estudio del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, en 2020 hubo 721 homicidios, el número más alto en los últimos cinco años. Y el uso de armas de fuego en ellos aumentó significativamente: de acuerdo a datos entregados por la PDI, a nivel nacional en 2019 hubo 319 víctimas de homicidio con arma de fuego, mientras que el año pasado, la cifra aumentó a 427, un 33,86% más. La Región Metropolitana concentró el 58,3% de los casos del año pasado.

Marcelo Pávez trabaja en un restaurante de comida rápida justo al frente de donde Itan Padilla murió. Escuchó la balacera del domingo y no le asombró. Explica que desde 2016 el uso de armas de fuego es cada vez más común por parte de bandas del sector. De hecho, en el local de comida los han asaltado cinco veces: una de ellas con pistola.

El fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Pablo Sabaj, explica que el “denominador común” en encerronas y portonazos, como el robo que generó la balacera en Maipú, es que la intimidación se ejerce con armas de fuego reales. “Las armas hechizas, que alguna vez tuvieron alta incidencia (...) han quedado en el pasado. En la actualidad existen delincuentes mejor armados”, dice Sabag.

Por otra parte, la fiscal jefe de Análisis Criminal de la Fiscalía Centro Norte, Tania Sironvalle, confirma que éste es un fenómeno en alza en las comunas que cubre esa fiscalía, incluida Huechuraba: “La utilización de armas de fuego en estos ilícitos se duplicó el año 2020 (62%) respecto al año 2019 (30%)”. Además puntualiza que, si bien Huechuraba tiene sectores donde se producen robos con intimidación, el lugar donde asesinaron a Tamara Moya “no presenta una alta frecuencia de casos policiales de hechos de este tipo”. En este mismo sentido, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, sostiene que el sector no tiene un historial de casos similares: “Es un área residencial (...), un lugar donde las familias suelen transitar, encontrarse, recrearse, compartir y hacer deporte”. El edil, además, afirma que, según ha planteado el Consejo Comunal de Seguridad, si bien los delitos de alta connotación pública bajaron durante el año pasado, sí se produjo un incremento en la violencia en ellos en zonas de Huechuraba y otros sectores de la región Metropolitana.

Homenaje a Tamara Moya en Huechuraba.

Vivir entre disparos

Uno de los comerciantes de calle Segunda Transversal, quien prefiere mantener su identidad en reserva por miedo a represalias, cuenta que hablaba por teléfono en su patio cuando escuchó los disparos. Se agachó tan rápido, que sus manos quedaron rasmilladas. Desde un hoyo en su portón vio cómo las personas que estaban en la calle al momento de la balacera se refugiaron en un restaurante de comida china. El hombre dice que los portonazos y las amenazas con armas de fuego van en aumento en el sector. Desde las 19.00 le da miedo salir, porque, dice, se pone peligroso. Scarlet Ahumada, madre de Itan Padilla, reconoce que ella no sospechaba que la calle fuera riesgosa: “Tenía que pasar obligada por ahí. Tenía que pasar nomás”.

Itan Padilla.

Además del uso de armas en delitos como los portonazos, a las autoridades les preocupa que bandas ligadas al narcotráfico se armen e impacten a los vecinos. En particular, en la zona sur de Santiago los homicidios aumentaron en un 50% durante el año pasado. Y se estima que el 70% de esos delitos se asocia a ajustes de cuentas entre bandas. El fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur, Christián Toledo, confirma que han detectado que los disparos injustificados -popularmente conocidos como “balas locas”- en comunas como La Granja, San Joaquín y La Pintana suelen estar asociados a “grupos o bandas dedicadas al narcotráfico”.

Situaciones como en la que murió Itan, han ocurrido en seguidilla desde fines del año pasado. Tras una balacera entre bandas rivales ocurrida en La Granja en enero de este año, y que dejó a un hombre muerto y a un menor de siete años herido, el alcalde de la comuna, Felipe Delpin, propuso ilegalizar la tenencia de armas, a excepción de las Fuerzas Armadas y Carabineros. “No podemos acostumbrarnos a decir que tener armas es algo normal. Porque no es normal. Aquí nadie, ningún particular debería tener armas en su casa, ni de caza, ni de fuego, de ningún tipo”, sostiene. La alcaldesa de La Pintana está de acuerdo con la iniciativa y, además, es partidaria del marcaje de las municiones: “Hay armas en el ambiente, las sentimos, se mata con ellas, pero también se venden municiones. Producto de la venta de municiones, ha muerto mucha gente inocente”, dice.

Pero la idea de prohibir las armas en su totalidad no es nueva. A raíz del caso de Moya y Padilla, el diputado Marcelo Díaz enfatizó en la sesión de la comisión de seguridad de la Cámara del 3 de marzo que el proyecto “Chile sin armas”, presentado por él mismo en 2019, ya está en tramitación. El proyecto, en concreto, busca prohibir la tenencia de armas, a excepción de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y la DGAC. “Sería muy oportuno que lo pusiéramos en tabla (...), porque el tema se está transformando en una terrible noticia frecuente”, dijo en la sesión. El proyecto debería iniciar su tramitación durante las siguientes semanas. Ahumada, la madre de Itan Padilla, pide que el proyecto avance: “Quiero que la ley de armas que duerme en el Congreso despierte, porque se murieron dos niños de la misma forma”.

Investigaciones aparte

Hasta diciembre de 2020, según la subsecretaría de Prevención del Delito, en Chile se registraban 837.583 armas de fuego inscritas: una por cada 22,8 habitantes. Sin embargo, a esa cifra se deben sumar aquellas que no están registradas. El fiscal Toledo sugiere que el origen de las armas usadas en los delitos suelen corresponder a armas inscritas que han sido robadas o hurtadas, armas que se inscriben a personas sin que ellas tomen conocimiento, y otras que no están inscritas y que “probablemente vienen del extranjero”. También se ha detectado que algunas de ellas son adaptadas, es decir, armas a fogueo que han sido transformadas. Rodrigo Marcos, presidente del Colegio de Criminalistas de Chile, explica que un arma a fogueo se puede comprar legalmente, pero si se adultera para que empiece a disparar municiones reales, es ilegal. “Las armas de fogueo normalmente se vuelven armas de puño, que vienen a ser de tipo revólver o pistola, aptas para el disparo”, dice. Por eso, considera, se debería regular más la venta de armas a fogueo.

Tanto el laboratorio forense de Carabineros como el de la PDI tienen sistemas de bases de datos de huellas balísticas, que se ocupan en la resolución de delitos violentos. Sin embargo, esas bases de datos no están compartidas entre los laboratorios de ambas instituciones. Rodrigo Marcos explica que ambas bases funcionan bajo un mismo sistema de identificación en base a huellas balísticas, Ibis, por lo que podrían unirse. “Es un tema de voluntad poder generar esa base de datos común, que compartan la información entre las dos instituciones”, dice.

De acuerdo a Marcos, que se unan ambas bases de datos facilitaría la tarea de determinar de dónde vienen las balas. Pero ese no es el único problema. Aunque en Chile hay más de 800 mil armas de fuego inscritas, las muestras balísticas que hay en cada una de las bases de datos policiales no llegan al 1,5%, según datos del Colegio de Criminalistas. “Como es una porción menor, la probabilidad de encontrar estos match, es menor. Si tuviéramos una base de datos más robusta, que tuviese una cantidad de huellas balísticas más representativa (...), obviamente sería más fácil encontrar estos matchs”, explica Marcos.

Con esa información unificada, tal vez podrían prevenirse escenas como las del jueves pasado. Ese día, fueron los funerales de Itan y Tamara. Aunque en ninguno de los casos se ha logrado identificar al responsable de sus muertes, Scarlet Ahumada dice sentirse más tranquila luego de que el Laboratorio de Criminalística de la PDI confirmara que la bala que mató a su hijo provino de un funcionario de Carabineros. Dice que no descansará hasta que se castigue a los responsables. “Yo sé que va a ser difícil, pero juro que no voy a bajar los brazos. Quiero justicia para mi Itan y para Tamara.

Después, Ahumada agrega algo más: “Y para todos los niños que se han ido”. Sólo que cinco días más tarde volvió a pasar. Un lactante de seis meses y tres adultos resultaron heridos durante una riña en El Tabo. El menor, que quedó con riesgo vital y fue derivado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, también fue víctima de una balacera.

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