Las fojas del juez Madrid

Una denuncia penal complica al ministro del caso Frei Montalva, quien asumirá en los próximos días como presidente de la Corte de Apelaciones. En una de las aristas abiertas por homicidios con inoculación de toxinas en la dictadura, se acusa al juez de haber extraído fojas de un expediente y falsificar una resolución. La fiscalía abrió investigación y lo citará como imputado.




El 6 de diciembre de 1981 los reos de la Cárcel Pública de Santiago vivieron un día fatal. Durante la jornada habían recibido a sus familiares, quienes además de compañía les llevaban alimentos para hacerles un poco más tolerable el encierro. Pero todo cambió al término de la hora de visitas.

Como todos sus compañeros, el entonces militante del MIR Guillermo Rodríguez Morales volvió a la Galería N° 2 del recinto penitenciario. Allí, ofreció comida a los demás y todos comenzaron a compartir sus víveres.

A las pocas horas, Héctor Pacheco Díaz (22), quien estaba encerrado por un delito común, comenzó a sentir la boca seca, náuseas y vómitos. Su cuerpo comenzó a paralizarse. Lo mismo pasó con su compañero de celda, Víctor Corvalán Castillo. Al día siguiente, el propio Guillermo Rodríguez comenzó con los síntomas y, junto a otros compañeros de armas, logró advertir a la Vicaría de la Solidaridad que era posible que hubiesen sido envenenados. Dos semanas después, Pacheco y Corvalán fallecieron en la Posta Central. Habían sido víctimas de la inoculación de una toxina botulínica, en medio de una operación de inteligencia que involucró a médicos y veterinarios del Dine que -según establecería el ministro Alejandro Madrid, 33 años después- tenía como fin “la eliminación física de opositores al régimen militar”.

Esta causa, denominada “Envenenamiento en la Cárcel Pública”, es una de las aristas del caso Frei que Madrid investigó durante 15 años y cuya sentencia fue dictada el 30 de enero de 2019. Dos años antes, Madrid se había pronunciado sobre el caso de la Cárcel Pública, condenando a cinco miembros en retiro del Ejército, además de médicos y veterinarios del Dine, por su responsabilidad en dos homicidios consumados y otros cinco frustrados.

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Son días de expectación para el juez Madrid. Tiene por delante dos hechos que han marcado su trayectoria. Por una parte, el 1 de marzo le toca asumir como presidente de la Corte de Apelaciones, por un asunto de antigüedad. Y, por otra, se espera que esta semana la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirme o revoque la sentencia dictada hace dos años por el ministro Madrid, en la que da por acreditado que el expresidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado bajo la inoculación de un agente químico mientras estuvo hospitalizado en la Clínica Santa María. Pero hay algo que ensucia el horizonte de Madrid. Se trata de una polémica denuncia penal en su contra y que determinó la apertura de una investigación en la Fiscalía Centro Norte. Se le acusa de haber falseado una resolución y supuestamente haber eliminado fojas del expediente del caso de envenenamiento en la cárcel, luego de una instrucción que habría recibido del tribunal de alzada capitalino. El fiscal de Alta Complejidad, Jaime Retamal, ya dio una orden a la PDI para que se interrogue a los actuarios del magistrado y está en agenda su citación.

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Una ruma de expedientes invadían ese 22 de enero de 2018 el despacho de la fiscal judicial Loreto Gutiérrez. Tenía pendiente varios informes y quería terminar temprano para disfrutar de esa cálida tarde de lunes. A sus manos llegó la causa por el “envenenamiento masivo de presos de la Cárcel Pública”, ya que las defensas de los condenados a 20 años de presidio como autores del crimen habían apelado y, por ende, los superiores jerárquicos del juez Madrid revisarían su sentencia. Ella debía informar, sin que esto fuera vinculante a lo que decidiría la corte, si estaba de acuerdo o no con la condena. Fue en esa revisión cuando vino el primer aviso.

La fiscal Gutiérrez detectó ciertas incongruencias: por una parte, en el texto el magistrado había señalado que se impondría una pena máxima de 15 años y un día, y en la parte resolutiva del fallo terminó condenando a 20 años de cárcel a los autores. Por otra, la fiscal notó que el juez Madrid no se hacía cargo de las alegaciones particulares de los representantes de las víctimas, entre ellos la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos. Como responder cada una de las peticiones de los intervinientes en un caso es importante en las tramitaciones de la justicia antigua, la fiscal judicial propuso que se le devolviera el expediente al juez para que arreglara los vicios. La corte, entonces, ordenó a Madrid enmendar sus errores de forma.

El 31 de agosto de ese año, el abogado Carlos Neira -quien representaba a uno de los exoficiales del Ejército condenados- fue hasta el despacho del magistrado para notificarse de los cambios que había hecho Madrid a sugerencia de la fiscal judicial. Todo iba por aguas tranquilas, hasta que el 23 de octubre del año pasado -con pandemia y alegatos virtuales de por medio- se hizo vista de esta causa. Los ministros Juan Muñoz, Jorge Zepeda y Fernando Carreño escuchaban atentos al relator Francisco Javier Vela, quien exponía un resumen de la sentencia del juez Madrid. Lo mismo hacían los abogados de las partes, cuando de pronto escucharon algo que no estaba en sus registros. Se miraron extrañados. En el relato de Vela aparecía un argumento que les resultó sorpresivo, por lo que solicitaron a la sala de la corte una copia del expediente que había estudiado el relator. El abogado Neira y otro de los defensores advirtieron entonces que nunca habían sido notificados de esta modificación que introdujo el juez Madrid en la sentencia, mediante la cual se dejaba sin efecto el considerando que sostenía que los autores del homicidio tendrían un máximo de pena de 15 años y se reemplazó por 20 años de cárcel. Esta situación motivó una arremetida de la defensa, una presentación al pleno de la Corte Suprema y una denuncia de carácter penal ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, argumentado “una adulteración de la sentencia original”.

La denuncia contra el juez Madrid fue presentada hace un par de semanas, y en tribunales, aun cuando no hay actividad presencial, es tema obligado. En ella, el abogado advierte que se está frente a un delito de falsedad, el cual castiga a aquellos empleados públicos “que abusando de su oficio cometieren falsedad (…) haciendo en documento verdadero cualquier alternación o intercalación que varíe su sentido”. El abogado acompañó las copias de ambas resoluciones -la que conoció inicialmente y la que tuvo a la vista el relator- las cuales, señala Neira, tienen distintas fechas: una es del 11 de mayo, y la otra del 25 de mayo. “No tengo ninguna duda de que esta última es una burda adulteración (por decirlo en forma suave) de la original y las razones que tuvo el señor ministro para incurrir en ello las desconozco”, dice el denunciante. Éste apunta a que el propio Madrid, o alguien de su tribunal, al advertir que no había acatado lo que la fiscal le sugería, introdujo una nueva resolución en que ahora sí rectificaba el párrafo en el que decía que los autores serían condenados a 20 y no a un máximo de 15 años como señalaba la sentencia original en uno de sus considerandos, lo que generaba una inconsistencia, pues al momento de resolver se contradecía condenando por una pena aún mayor a la que se había impuesto en el texto de la sentencia.

“A la resolución dictada y notificada se le agregó un párrafo para salvar la omisión, se extrajo del expediente la anterior y se le reemplazó por la nueva, dándole la misma numeración, pero, por inadvertencia del actuante, se le puso una fecha distinta, sin cambiar el número de las fojas que aparecen notificadas”, declaró Neira ante la fiscalía.

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Al interior del Poder Judicial se comenta que no son tan poco usuales los errores administrativos, sobre todo en tribunales donde se tramitan causas de largo aliento, como han resultado ser las que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos en dictadura. De hecho, Madrid investigó durante casi una década el caso del envenenamiento por la toxina botulínica antes de encausar a exmilitares. Lo que sí, dicen sus propios compañeros de pleno y también un par de supremos, es que se están haciendo frecuentes los errores de forma en las sentencias de Madrid. No pocos recuerdan que el fallo del caso Frei contiene una serie de errores de fechas, nombres de testigos, repetición de considerandos e incluso frases inentendibles que tendrían que ver con partes que fueron dictadas con algún programa tecnológico y no escritas manualmente.

“El apuro y la desprolijidad con la que se actuó en la falsificación de la sentencia rectificatoria de que se trata queda de manifiesto cuando el ministro instructor dice que ‘se deja sin efecto la frase 15 años y un día’, la que de conformidad a lo razonado en dicho fundamento se sustituye por el numeral ´20 años´, sin reparar que en el considerando 41° citado se advierte que la pena ´quedará finalmente en la de presidio mayor en su grado máximo en su extremo inferior’, extremo inferior que, por supuesto, es precisamente 15 años y un día y no los 20 años que incorporó mediante esta decisión”, fustiga el denunciante. Finalmente, Neira pidió al Ministerio Público que indague esta denuncia en que él acusa directamente al juez Madrid de “haber incurrido en una evidente falsificación de una sentencia rectificatoria, eliminando fojas originales signadas como 7789 7790, que contenían la sentencia que nos fue notificada, para reemplazarlas por unas nuevas fojas 7789 y 7790 que contienen el mismo texto de las arrancadas más un nuevo penúltimo párrafo inexistente al momento de nuestra notificación”.

A poco más de un año de dejar 46 años de carrera en el Poder Judicial, jubila en agosto de 2022, Madrid, quien se especializó en indagatorias por muertes usando el uso de químicos, como el homicidio del químico Eugenio Berríos y el del cabo del Ejército Manuel Leyton Robles por inoculación de gas sarín, tendrá que sentarse -esta vez- en el banquillo de los acusados y defender su trabajo en estas emblemáticas causas.

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