Todas las caras de Luis Cordero, el nuevo ministro de Justicia

Luis Cordero, ministro de Justicia

Luis Cordero, ministro de Justicia. Foto: Mario Tellez / La Tercera.

Hace unos días, el abogado experto en Derecho Público se convirtió en el ministro de Justicia número 196 de la historia. Quienes lo conocen aseguran que el cargo era un oculto anhelo que siempre tuvo, principalmente porque esa Secretaría de Estado es la encargada de relacionarse con la Corte Suprema, organismo al que ha estudiado en detalle y con ahínco durante décadas.


Cuando llegó a realizar su primera visita protocolar ante la Corte Suprema, el jueves 12, el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero Vega (50), se sentó frente a los jueces en pleno, sonrió y les dijo: “Estoy ante mis héroes y heroínas”.

Y es que durante décadas el abogado, experto en Derecho Público, se ha dedicado a estudiar la jurisprudencia del máximo tribunal. Su obsesión, eso sí, es la Tercera Sala, el lugar donde se tramitan conflictos administrativos, materia en la cual no falta quienes dicen que Cordero es una eminencia. Hasta antes de asumir en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, conocidos eran sus posteos en la red social Twitter en los que analizaba las principales directrices de fallos que venían “saliendo del horno” desde las más altas cúpulas del Poder Judicial. Muchos planteaban que tenía un ejército de ayudantes realizando esa búsqueda, pero no. El desarrollo de las sentencias y el propio tuit era meditadamente redactado por él mismo. Un usuario de la misma red, de hecho, creó el “corderomático”, un mecanismo de búsqueda de jurisprudencia basado en los posteos del profesor. Ahora, bajo su nuevo rol ha decidido dejar de tuitear, porque está consciente de que cualquier cosa que diga puede influir en las relaciones del Poder Ejecutivo con el Judicial. Lo que sí, dicen quienes trabajan con él, mantendrá su obsesión en silencio: no dejará de examinar cada voto o cambios de criterio que se produzcan en los fallos de la Suprema. Sobre todo, los de Sergio Muñoz, un ministro que -dicen- es muy cercano.

Aterrizaje forzoso

Cuando el Presidente Gabriel Boric le pidió que asumiera como ministro de Justicia, las labores de Cordero no estaban enfocadas en la contingencia de la sala constitucional, sino más bien en el pasado. Está preparando un libro con la jurisprudencia del máximo tribunal de fines del siglo XIX y principios del XX.

Y tampoco estaba en Chile, sino comprando en el supermercado en Alemania junto a su esposa, la embajadora de Chile en ese país, Magdalena Atria. Fue entonces cuando su teléfono comenzó a sonar desde un número oculto. Era la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien conoce bien pues ha sido su abogado en un litigio que la exalcaldesa mantiene en Contraloría. Cuando supo que era ella quien le estaba marcando, luego que Atria fuera contactada también, le devolvió el llamado. Al otro lado de la línea un exalumno suyo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que hoy es Presidente de la República, Gabriel Boric, le pedía que asumiera como el ministro de Justicia número 196 de la historia. Todo esto, en medio de turbulentos días en que el Mandatario era cuestionado por los indultos otorgados a fines de diciembre y que terminó con la petición de renuncia de la ministra Marcela Ríos, debido a “desprolijidades” en el cuestionado proceso. La decisión no era fácil. Pero dijo de inmediato que sí y tomó un avión con rumbo a Chile. Cada vez que le preguntan el motivo por el cual aceptó, repite: “A un Presidente no se le puede decir que no”. Aunque quienes lo conocen aseguran que era un oculto anhelo. Desde hace varios años quería ingresar a cargos protagónicos en el sector público. De hecho en la época en que se designó como contralor a Jorge Bermúdez, el nombre de Cordero sonó fuerte. No por nada los manuales de ambos abogados son los más citados en Derecho Administrativo. Sin embargo, no concitó el apoyo de la derecha.

No es muy político, pero tiene buenas relaciones en ese mundo y son transversales. En 1997 llegó a la División Jurídica de la Secretaría general de la Presidencia, repartición que era dirigida por el abogado y expresidente del TC Carlos Carmona. Antes de aterrizar en el gobierno ese año, Cordero trabajaba en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), pues su especialización era lo medioambiental. Luego daría un giro al derecho administrativo.

Al aceptar ser ministro de Justicia, Cordero renunció a uno de los estudios jurídicos más importantes del país: Ferrada Nehme. Lo integró durante 13 años, llegando a ser su socio. Nicole Nehme es la principal abogada de libre competencia en el país, por lo que todas las empresas que tienen ese tipo de líos terminan en ese bufete. No litigaba mucho, pero tomaba causas grandes y complejas. De hecho, fue abogado de la minera Dominga ante la Corte Suprema, el mismo proyecto que esta semana estuvo en el centro de la polémica luego de que el Comité de Ministros lo rechazara. También representó en un sumario por acoso laboral a la expresidenta del TC María Luisa Brahm.

En el pasado militó en el Partido Socialista (PS), es masón, estudió derecho en la Universidad La República, antes de un doctorado en la universidad española Lleida, también vinculada a la logia. Sin embargo, hay quienes sostienen -y sus alumnos lo dicen en wikibello, la página de los académicos de Derecho de la Universidad de Chile- que Cordero prefiere omitir su universidad y que cuando le preguntan dónde estudió, se remite al magíster en Derecho Público que hizo en la Universidad de Chile en 2000. Otros abogados desmienten ese dato, y agregan que Cordero es el mejor ejemplo de que la extinta casa de estudios generó buenos abogados.

Otro de sus contactos en el gobierno es la actual titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien también habría aconsejado a Boric la nominación del abogado al mando de Justicia. A ella la conoció cuando fue ministra de Medio Ambiente, en el primer gobierno de Michelle Bachelet. En esa época la asesoró y ayudó a preparar y tramitar proyectos en el Congreso que terminaron creando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Participó también de “Expansiva”, el think tank que comandaba Andrés Velasco en tiempos del primer gobierno de Bachelet. El ministro de Justicia que más admira, dicen, es Francisco Cumplido, el primero en ocupar el cargo tras la dictadura de Augusto Pinochet y con quien lo separan 14 nombres de los escritos en piedra en la recepción del Ministerio, emplazado en diagonal al Palacio de La Moneda.

Por la premura de su aterrizaje forzoso, Cordero no tuvo ceremonia de juramento. De hecho lo primero que hizo al llegar a Chile fue una reunión de trabajo con el Presidente Boric. Este último, según un presente en la cita, le dijo que le parecía increíble que nunca nadie le hubiera ofrecido ser ministro.

Los desafíos

El primer gran escollo que debe sortear es el tema de los indultos, por el cual su antecesora, Marcela Ríos, enfrentará una acusación constitucional. Algunos de sus asesores comentan que le afectó el hecho que, a propósito de ese tema, no haya existido una ceremonia de promulgación de la ley que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, una iniciativa que se venía tramitando hace años y todo un hito para la cartera que hoy dirige. Pero Cordero está consciente que el tema indultos lo acompañará durante no poco tiempo, por lo que prefiere un bajo perfil. De hecho, junto a funcionarios de la repartición prepara la respuesta a Contraloría por el tema y cada vez que ha sido consultado, ha defendido la emisión de decretos. “Todo legal”, reitera.

Dentro de los desafíos que el Jefe de Estado le impuso, está lograr mayor seguridad en las cárceles para hacer frente al crimen organizado, además de un nuevo sistema registral que afectará a los notarios y conservadores de bienes raíces. El tercer desafío es especialmente importante para el Presidente: implementar el Plan de Búsqueda, un último intento para los familiares de desaparecidos en la dictadura, sobre todo cuando se cumplen 50 años del golpe. Cordero es de quienes creen que es la última oportunidad para que el Estado no siga defraudando a las víctimas y sus parientes.

Pero hay algo que le preocupa y ocupa también. Y es que este año se van tres supremos y la fiscal judicial Lya Cabello. Deberá tender puentes con el Senado para que no ocurra lo que pasó recientemente con el nombramiento del fiscal nacional, en que dos de las tres propuestas de Boric fueron rechazadas. El gobierno, dicen en Justicia, se ha propuesto lograr la paridad del máximo tribunal. Y está a punto de lograrlo.

Este 2023, además, la Corte Suprema cumple 200 años de historia y Cordero será uno de los principales invitados a la conmemoración. En el festejo se volverá a topar con sus “superhéroes”, en lo que los supremos ya denominan -en broma- “la liga de la justicia”.

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