Ymay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía: "No habrá impunidad con las violaciones a los DD.HH., ni con el vandalismo"

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Fotio: Mario Tellez.

Hace exactos 15 días, la prioridad de la unidad que dirige la abogada Ymay Ortiz estaba radicada en los casos de femicidios y violencia de género en todo el país. Nadie en el sexto piso de la Fiscalía Nacional preveía que cambiarían tan radicalmente las prioridades y tendría que activarse un protocolo urgente para asumir las 840 denuncias de civiles en contra de policías, militares y marinos, cuyos casos más graves han sido caratulados como violaciones a los derechos humanos. La última vez que se denunciaron acusaciones masivas contra agentes estatales fue durante el régimen militar. En ese entonces no existía la fiscalía y quien asumió ese rol, el Poder Judicial, tuvo que hacer -40 años después- un histórico mea culpa por sus omisiones. Hoy, Ortiz sostiene que "tenemos un importante desafío" y garantiza: "Acá no hay espacio para la impunidad".




¿Cómo están enfrentando los fiscales las investigaciones contra uniformados por abusos, apremios y torturas que han surgido en estas dos semanas?

Lo primero fue actualizar los criterios de actuación y adecuarlos a esta situación tan imprevista para todos en el sistema penal. El fiscal nacional, Jorge Abbott, envió una minuta sobre cómo debían enfrentar los fiscales de turno estos casos, que en la normalidad son tramitados por fiscales especializados en derechos humanos, pero ante la gran cantidad de denuncias tuvimos que afrontarlo en los turnos. Este tipo de delitos cuentan con una complejidad adicional y es que, en general, las víctimas no hacen las denuncias, porque justamente estas conductas son cometidas por fuerzas de orden, y en este caso, además, está el Ejército. Ese fue un primer obstáculo que tuvimos que sortear. La forma en que se fueron abriendo estas investigaciones por violencia institucional fue en los propios controles de detención, cuando un juez daba cuenta de golpes o lesiones que denunciaban los imputados de desórdenes y daños en el marco de las protestas. Luego hubo coordinaciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile para que nos enviaran las denuncias. Pero, además, los propios fiscales y funcionarios de unidades de víctimas salieron a las postas y hospitales a buscar los casos en el entendido de que no iban a ir a una comisaría a denunciar.

Es decir, ¿mientras formalizaban a una persona por delitos comunes, los mismos fiscales debían tomar las denuncias por los abusos policiales?

Exacto. Eso fue lo que tuvimos que hacer, y en la misma audiencia el fiscal debía tomar declaración para contar con el relato y pedirles ahí si tenían un medio de prueba, por ejemplo, un video, y adjuntar el certificado de constatación de lesiones.

La fiscalía no había investigado delitos en un estado de excepción y tampoco le corresponde perseguir a militares. ¿Cómo afrontarán estos casos?

Los fiscales y funcionarios del país están con una presión enorme. En esta tensión, por un lado, hay un aumento en delitos comunes en el contexto de las protestas y una necesidad no menor de justicia, y no me refiero a los saqueos de las grandes tiendas de supermercados, sino también todos esos pequeños emprendimientos, esas personas que han visto vandalizadas sus fuentes que en algunos casos no eran solo de ingresos, sino de vida. Ahí nos ha impresionado mucho el caso de una señora que dijo en la TV: 'Yo pasé de vender en la calle y ser clandestina, después de mucho esfuerzo, a tener un negocio establecido y lo van a destruir, y yo no tengo tiempo de empezar de cero, se me va la vida'... Bueno, a esos casos, la fiscalía de Chile también le tiene que dar una respuesta penal y llevar ante tribunales a los autores de esos delitos cometidos durante estas movilizaciones.

Pero un delito ataca la propiedad privada y el otro la integridad física de una persona.

En ambos se ataca también la integridad física y síquica de una persona. En algunos saqueos había vendedores dentro que vieron en riesgo su vida, porque se está ante delitos, por ejemplo, de robo con intimidación que se cometen con violencia. Lo importante es que así como vamos a perseguir las responsabilidades penales tras esos actos de vandalismo, vamos a perseguir con vehemencia -porque así lo han dicho el fiscal nacional y los regionales- los delitos de violencia institucional. Los fiscales están muy comprometidos con aquellas personas que han sido víctimas de agentes del Estado.

¿Cuál es la gravedad que la fiscalía les asigna a estos delitos cometidos por uniformados?

La gravedad de estos delitos es porque como sociedad vivimos en un estado de derecho y lo que lo caracteriza, entre otras cosas, es que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado a través de sus agentes, como también la mantención del orden público, pero eso no es cualquier precio. Porque ese monopolio es el ejercicio legítimo de la fuerza y, por lo tanto, tiene límites. El estado de excepción no suspende el estado de derecho ni el respeto a las garantías constitucionales de los ciudadanos, y es en estos casos que se pone a prueba el estado de derecho. Acá tenemos una policía o militares que pueden actuar por una buena causa: proteger a las personas, mantener el orden y que la delincuencia no quede impune; pero hay casos en que se excede el límite. Y eso es lo que no puede suceder: que las fuerzas del Estado traspasen ese límite, porque debilitamos los cimientos del estado de derecho. Hay directrices de las Naciones Unidas que regulan el uso de la fuerza, cómo se reprime una manifestación legítimamente autorizada, una manifestación no autorizada, pero no violenta y una violenta.

Entonces, ¿qué es lo más complejo, hoy, para un fiscal de dirimir? ¿Cuál es ese límite? ¿Las lesiones?

No necesariamente. No todas las torturas tienen lesiones físicas, por ejemplo, el trato cruel puede dejar lesiones sicológicas que no se ven. Yo creo que algunos casos complejos que hemos visto del levantamiento de información que hemos hecho es que al Ejército se le pidió que cumpliera un rol de mantenimiento del orden y era algo que no vivíamos hace 30 años. Entonces, en esos casos no hay regulación y nos enfrentamos a denuncias contra militares y algunas muertes. Fueron llamados para algo que no estaban habituados y ellos, a diferencia de Carabineros, no ocupan armas antidisturbios. En los casos que ocuparon el arma, hoy algunos enfrentan a la justicia como imputados de homicidio, así de complejo ha sido esto.

Los casos más graves en el catastro de 840 denuncias contra agentes del Estado son 18 torturas. ¿Cuál es el tipo penal que ustedes perseguirán en estos casos y cuáles son las penas que arriesgan estos agentes del Estado?

En el ámbito de los delitos de violencia institucional, el más grave es la tortura con resultado de muerte. Hasta el momento no tenemos registro, afortunadamente, de una denuncia de ese tipo, que puede tener penas de hasta presidio perpetuo calificado. Ahora, la tortura es un delito grave y lo que la caracteriza es que un agente del Estado causa un grave sufrimiento. Además, debe acreditarse que ese funcionario quiere obtener algo, por ejemplo una confesión, cuando se hace en venganza o cuando lo hace en función de algún tipo de discriminación. Después vienen los apremios ilegítimos y el abuso contra particulares. Los dos primeros con penas de crimen de más de cinco años.

Hay actores de la sociedad civil que emplazan al sistema, fiscales y jueces, a no replicar la impunidad que hubo en los delitos cometidos por agentes del Estado en dictadura. ¿Qué puede decir usted al respecto?

Mira, yo creo que hay cierto trauma con hechos que ocurrieron hace más de 30 años en Chile. El sistema en su conjunto -yo hablo por fiscales, pero no me cabe duda que jueces también- podemos garantizar que no habrá impunidad. Es importante que recalquemos el triunfo de quienes recobraron la democracia en este país, que costó muchas vidas recuperarla. Por ejemplo, la misma existencia del INDH; yo creo que hay muchas personas que no saben que es un organismo estatal, son funcionarios públicos al igual que los defensores penales públicos o los mismos jueces de garantía que hoy han tenido un rol muy importante y, nosotros también. Los fiscales somos autónomos y hoy hay que felicitar la decisión que se tomó cuando se creó el Ministerio Público de que no dependemos del Poder Ejecutivo, ni Legislativo, y tenemos la imparcialidad que nos da esa autonomía y hasta este minuto nosotros estamos iniciando las investigaciones y se han dado directrices concretas. Subimos, por ejemplo, nuestros estándares a nivel internacional. Existe un tipo de autopsia que se hace a todas las personas que fallecen y respecto de las cuales hay sospechas de que puede haber habido una intervención de agentes del Estado que se llama protocolo de Minnesota y lo hicimos desde el primer minuto. El fiscal nacional instruyó que todas las muertes en este contexto se iban a considerar sospechosas, aunque en el primer minuto no hubiera antecedentes de intervención de agentes del Estado.

¿Eso pasó con las personas que aparecieron calcinadas en supermercados?

Exacto, en esos casos las autopsias se han practicado bajo el protocolo de Minnesota para despejar cualquier duda. Es una autopsia más profunda, para que no quepa duda de la causa de muerte, y si previo a la muerte pudo haber una intervención, es mucho más aguda y hay médicos del SML capacitados especialmente para esas pericias. Por eso te digo, acá no hay espacio para la impunidad y tenemos todas las condiciones objetivas para que no haya impunidad con las violaciones a los DD.HH., ni tampoco con esos delitos comunes, con el vandalismo, que han afectado a muchas personas. Sin ir más lejos, hay fiscales investigando los atentados en las estaciones de Metro.

Pero en concreto, ¿puede decir que la fiscalía está investigando violaciones a los derechos humanos en el país?

Las violaciones a los derechos humanos en materia de violencia institucional se traduce en delitos que están tipificados, no es algo abstracto, es súper concreto y tenemos un catastro con 840 delitos que se traducen en el uso de fuerza por agentes del Estado en su rol de control del orden público. Hay hechos graves de violencia institucional y, por lo tanto, violación a los derechos humanos a cada una de esas personas que luego tendremos que probar ante los tribunales de justicia.

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