CDE va tras patrimonio de Fuente-Alba: en acusación particular pide comiso de sus bienes y multa de más de $ 100 millones

Fuente-Alba  y Anita María Pinochet

En una estrategia similar a la que se llevó a cabo en el caso Riggs contra el fallecido dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, la consejera del CDE María Inés Horvitz presentó la acusación del Fisco con el que se llevará a juicio oral al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa por los miles de millones de pesos que, según la investigación de la Fiscalía Centro Norte y la justicia militar, habrían malversado desde gastos reservados de la institución a sus cuentas.




“El imputado Fuente-Alba, teniendo a su cargo la gestión de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército, dineros que recibía en efectivo desde la Dirección de Finanzas del Ejército, los aplicó ilícitamente a usos personales o ajenos en lugar de los destinos públicos a los cuales estaban asignados, y ejecutó, junto a su cónyuge, diversas maniobras de colocación, ensombrecimiento e integración en el mercado formal de los mismos. Ellas fueron realizadas por el matrimonio Fuente-Alba Pinochet con pleno conocimiento de su sentido y significación, esto es, con el propósito de integrarlos a su patrimonio bajo apariencia de licitud”.

Este párrafo es parte de la acusación particular que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Anita Pinochet, y en la que busca que ambos sean condenados a 15 años y 10 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos reiterados.

El documento, elaborado por la consejera María Inés Horvitz y su equipo, pide además el comiso de todos los bienes adquiridos durante el periodos que abarca la investigación y que luego estos sean rematados y así poder devolver parte del dinero defraudado a las arcas fiscales. A eso se suma la aplicación para cada imputado de una multa de 1.000 UTM ($ 52 millones aproximados), como pena accesoria, una de las diferencias que existe entre lo que solicitó la Fiscalía Centro Norte y este querellante.

La maniobra hace recordar la estrategia que siguió el propio CDE en el caso Riggs en contra del fallecido dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, emprendiendo acciones que buscaron el decomiso de los bienes para resarcir al Fisco los montos defraudados también con el mal uso de gastos reservados desde el Ejército que fueron a parar a la fortuna del general.

Maniobras de lavado

En el texto se atribuye a que tras la investigación del fiscal José Morales se logró acreditar todas las maniobras clásicas de ocultamiento de dinero cuyo origen es ilícito. “Todas las maniobras descritas a nivel internacional para “limpiar” el dinero ilícitamente obtenido se verifican en este caso. En efecto, conforme a la clasificación más reconocida de las etapas del blanqueo de dineros obtenidos ilícitamente, a saber, la elaborada por el Grupo de Acción Financiera (Gafi). Las fases principales se denominan comúnmente de colocación (placement), ensombrecimiento (layering) e integración (integration) y pueden realizarse separada o simultáneamente”, explica el querellante estatal.

Es así como detalla que “entre los mecanismos empleados para lograr la naturalización del dinero sucio están las transacciones con inmuebles con la intermediación de terceros, declarando un precio reducido y pagando parcialmente al vendedor con dinero en efectivo. O a la inversa, convenir un precio inflado de modo que el último vendedor pueda mostrar un beneficio cuantioso, aunque ficticio (método de reversión de las propiedades compradas). El mismo mecanismo se puede hallar en la compraventa de vehículos”.

A juicio del CDE se ha dado por acreditado durante los siete años de esta investigación que “Fuente-Alba y Anita Pinochet con pleno conocimiento que los dineros señalados anteriormente, provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos cometido entre los años 2010 al 2014, realizaron conductas constitutivas del delito de lavado de dinero, de forma reiterada, a lo menos, entre los años 2010 al 2016, con el objetivo de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema económico formal, tanto aquellas que provenían directa, como indirectamente del delito base. Asimismo, poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los bienes que se describirán, provenientes directa e indirectamente del delito base, con ánimo de lucro (...). Mantuvieron y contrataron, a lo menos entre los años 2010 a 2016, diversas cuentas bancarias en diversos bancos, nacionales como extranjeros y utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares, las cuales fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito base, realizando para estos efectos su fraccionamiento, lo que les permitió colocar, y luego estratificar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas”.

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