Columna de Matías Petersen: TPP ad hoc

Dicho en simple, el costo político de firmar el tratado es muy alto, y los costos de no hacerlo, o de hacerlo de manera ad hoc, no los pagará en principio este gobierno. Dichos costos recaerán sobre los mismos chilenos que la estrategia de las side letters en teoría pretende defender.


¿Qué puede explicar la estrategia del gobierno respecto al TPP-11? Como es sabido esta estrategia consiste en firmar el acuerdo, pero sin suscribir el capítulo del mismo relativo a la resolución de conflictos entre inversionistas extranjeros y el Estado. Es la famosa estrategia de las side letters. Su nombre es rimbombante, pero en castellano se trata de solicitar a cada uno de los países firmantes que Chile quede excluido del mecanismo de resolución de conflictos contemplado (y ya pactado) en el tratado, mediante el cual las partes deben acudir a tribunales ad hoc.

El gobierno estima que el mecanismo contemplado en el TPP-11 tendría un sesgo pro empresa, en perjuicio de los intereses del Estado chileno. Así, en una línea argumental que no difiere en lo sustancial de aquella esgrimida por Donald Trump para bajarse del tratado, el Gobierno apela a la defensa de la soberanía nacional o de los intereses de todos los chilenos. ¿Es plausible este argumento? Todo indica que no, al menos por dos razones.

La primera es que el registro histórico de fallos en casos análogos de conflicto entre las partes es relativamente favorable al Estado chileno. Por ejemplo, de los seis casos presentados por inversionistas ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), el Estado de Chile ha perdido una vez y ganado tres, mientras que quedan dos resoluciones pendientes. Aún si el Ciadi fallara en contra del Estado en las causas pendientes, el registro ante el Ciadi sería un empate que cubriría con un manto de duda la idea de un sesgo pro empresa.

El segundo motivo es que la estrategia solo es razonable en la medida que los demás países acepten, mediante las side letters, la propuesta de excluir a Chile de esta sección del tratado. El antecedente que tenemos es el de Nueva Zelandia, que persiguió esta estrategia y logró el apoyo de 5 de los 11 países firmantes. Si la estabilidad política y económica de Nueva Zelandia supera a la de Chile, el pronóstico para la estrategia chilena no parece auspicioso. Además, dentro de los países que negaron a Nueva Zelanda esta petición se encuentran Canadá y… ¡Chile! ¿Qué razones pueden tener los países firmantes para aceptar esta propuesta? ¿Qué les ofrecerá el subsecretario Ahumada a cambio? En una situación de estabilidad institucional la estrategia puede ser razonable. En la situación actual, parece ser un delirio.

Si los argumentos que apelan a la soberanía de Chile no son plausibles, ¿qué puede entonces explicar la estrategia del gobierno? Dos hipótesis saltan a la vista. La primera es que el gobierno no puede renegar tan fácilmente de su pasado. El TPP-11 es parte importante de imaginario anticapitalista de los partidos oficialistas. Es, además, una política de Estado que remite a la era de los consensos, una política impulsada por los presidentes Lagos, Bachelet y Piñera.

La segunda tiene relación con lo anterior, aunque obedece a cuestiones más prácticas. La aprobación del gobierno es baja y las bases de los partidos gobernantes no digerirán con facilidad la firma del convenio. Dicha firma implicaría otro triunfo del “neoliberalismo”. Dicho en simple, el costo político de firmar el tratado es muy alto, y los costos de no hacerlo, o de hacerlo de manera ad hoc, no los pagará en principio este gobierno. Dichos costos recaerán sobre los mismos chilenos que la estrategia de las side letters en teoría pretende defender.

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