Cómo la oposición busca apurar la acusación constitucional contra Piñera para que se vote antes de las elecciones

12 DE OCTUBRE DEL 2021 DIPUTADOS DE OPOSICION SE REUNEN PARA REVISAR EL BORRADOR DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA. FOTO: DEDVI MISSENE

Los plazos son relevante para los patrocinantes, pues como la próxima semana es distrital, si no llegan con el escrito mañana deberán esperar hasta la semana del 25 de octubre. Si fuese esto último, es probable que el Senado debiese pronunciarse -si se aprueba en primer trámite- después de la elección del 21 de noviembre.




Al mediodía se realizaba una megarreunión en una de las salas de El Pensador, en la Cámara de Diputados, para finiquitar los detalles de la Acusación Constitucional (AC) que la oposición presentará contra el Presidente Sebastián Piñera por las revelaciones de los Pandora Papers sobre el proyecto Dominga. La cita se suspendió un rato para ir a votar, pero varios quedaron con dudas de si serán capaces de cumplir con la fecha de presentación esperada de mañana miércoles.

En el encuentro participaban los diputados coordinadores de cada bancada que está patrocinando este libelo junto a los abogados que quedaron a cargo de la redacción.

“Ellos, los abogados, han estado full todo el fin de semana trabajando. Les hemos pedido que el documento esté listo para ingresarlo mañana y ahora vamos a conocer el avance para definir la presentación”, explicaba antes del encuentro la jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Claudia Mix (Comunes).

La mayoría de los diputados de oposición aspira a que la AC se presente mañana en la sesión de sala, pues inmediatamente empezarían a correr los plazos. Cabe considerar que la próxima semana es distrital, por lo tanto, de no tener mañana el escrito tendrían que dejarla para la semana del 25 de octubre. Eso implicaría que la acusación -si la aprueba la Cámara- estaría llegando al Senado después de la elección.

Los plazos

De acuerdo a la Constitución, desde que se da cuenta del requerimiento a la sala de la Cámara, hay tres días para notificar al acusado, y éste gozará de 10 días más para hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito. En paralelo, la Cámara debe sortear los miembros de la comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación, excluyendo a los patrocinantes del libelo y a los integrantes de la mesa. Una vez que el acusado comparezca, la comisión tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella. E inmediatamente la Cámara deberá votarla en un solo día. Si la aprobase, el Senado tendrá entre cuatro y seis días para fijar la sesión para votar la AC desde el momento en que la presidenta reciba el oficio.

Así, si se presentara mañana, el Senado podría estar revisándola la primera o segunda semana de noviembre, mientras que si ocurriera en la semana del 25 de octubre es probable que la Cámara Alta recién la viera tras la elección presidencial y parlamentaria del 21 de noviembre.

El gatillante de esta segunda AC que enfrentará Piñera durante este mandato fue la publicación de los llamados Pandora Papers, que revelan las condiciones de venta de la Minera Dominga en 2009 en un contrato en Islas Vírgenes Británicas. En esa oportunidad, Carlos Alberto Délano -amigo del Mandatario- compró la participación de varios socios, entre los que se incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, por un monto de US$ 152 millones pagadero en tres cuotas. Para la materialización del tercer pago se establecía, según los documentos, que el sector no debía ser declarado zona de exclusión, decisión que dependía del gobierno que entonces encabezaba Piñera.

“La AC contra el Presidente va. Esperamos conocer la primera propuesta de los asesores, el borrador para ir afinando detalles y los criterios políticos respecto de la fecha de presentación. Los argumentos irían por afectar el honor de la nación y afectar gravemente la Constitución y leyes de probidad y transparencia”, acotaba antes de la reunión el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto.

De hecho, tras la reunión se reafirmaron los fundamentos, pero quedó en duda el plazo. El diputado Marcelo Díaz (FA) manifestó que hay dos infracciones a la Constitución que estarían presentes en la acusación: “Afectar gravemente el honor de la nación e infringir las normas de probidad contenidas en el artículo octavo. Esperamos presentarla a la brevedad posible, es un acto de responsabilidad y de poner fin a la impunidad de alguien que tiene un prontuario de privilegiar el interés personal y familiar por sobre el interés público”

Equipo jurídico

Previa a esta reunión los asesores jurídicos han trabajado durante todo el fin de semana. En otros, la presentación en primera instancia la realizaba el exministro de la Segpres y asesor de la bancada socialista hace tres años Gabriel de la Fuente. Él, junto a Enrique Aldunate son los abogados senior de este tipo de presentaciones, ya que este último en su calidad de asesor de los diputados PS hace 15 años ha participado en todas las elaboraciones de AC que se han liderado desde la oposición, e incluso ha sido abogado querellante en otros reclamos, como ante el caso Penta por financiamiento ilegal de la política.

De parte del Frente Amplio hay un pull de abogados, articulado por Javiera Ascencio, quien hace tres años y medio asesora a RD, y que también figura como coordinadora general del Proyecto Reglamento para Convención Constitucional del centro de pensamiento de ese partido, Rumbo Colectivo. Ese equipo lo integran las asesoras de la diputada Catalina Pérez: Llankirai Díaz, que trabaja con ella hace tres años y ocho meses y es especialista en derechos humanos, y Camila Hernando, que llegó hace cuatro meses al equipo, y venía de ocupar diversos cargos ejecutivos en ONG como Cuchara de Palo, Tejido Social Americano, Fundación Crecer. Además se encuentra Amaranta Tapia, asesora de la jefa de comité FA (diputada Mix) desde enero de este año.

Por el PC está el abogado de la Universidad de Valparaíso Carlos Musri, que desde 2019 asesora a la bancada y participó también en la redacción de la primera acusación constitucional a Piñera.

Por la DC está Carolina Allende, que asesora desde hace cinco años a la falange, y Luis Felipe Ramos, por el Partido Liberal.

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