Destruir, saquear, quemar y robar. Esos son los mínimos comunes de cualquier conmemoración del 18 de octubre en Chile y a lo que los chilenos se han tenido que acostumbrar. El lunes recién pasado, miles de personas tuvieron permiso para retirarse más temprano de sus trabajos y la televisión, gradualmente, nos fue mostrando el vaciamiento de las calles y las imágenes de la barbarie.

¿Quiénes son los responsables? Es la pregunta que intentó contestar el subsecretario Galli al emplazar a candidatos presidenciales, constituyentes y otros actores. Indignados, algunos de ellos le contestaron que la responsabilidad es del gobierno y que la indignación que muestra Galli, más que una función de Estado, corresponde a una intervención electoral. Curioso sería que el subsecretario Galli terminara sumariado en Contraloría por condenar los desórdenes públicos y los delincuentes indultados por concesión graciosa del Congreso Nacional.

Pero antes que buscar a los responsables, creo yo, lo primero es reconocer que tenemos un grave problema. Porque al parecer, a muchos actores estos hechos no les parecen lo suficientemente reprobables. Por lo pronto, a los líderes del Partido Comunista que asisten felices a conmemorar esta fecha junto al perro “Matapacos” en Plaza In-dignidad. De la misma forma, los diputados y senadores que patrocinan, impulsan y votan a favor de un proyecto que asegura la impunidad de delincuentes, vándalos y asesinos en potencia.

¿Es normal que un grupo de personas tenga derecho a destruir, saquear, quemar y robar? Esa es la pregunta sobre la cual debemos trazar una línea roja. Durante más de un año, previo al estallido, nos acostumbramos a ver a jóvenes encapuchados sobre el Instituto Nacional lanzando molotovs a diestra y siniestra. Muchos callaron y fueron cómplices pasivos de esa violencia. Lo mismo ocurre ahora, con los que intentan esconder los graves atentados de violencia y pillaje debajo de un aparente manto de legitimidad que darían las manifestaciones y movilizaciones sociales.

Los chilenos eligieron un camino para resolver su crisis social e institucional. Ese es el rol que cumple la Convención Constituyente que, más allá de los plazos y procedimientos que algunos pretenden cambiar, deberá evacuar sus resultados finales en algunos meses. Pero, claramente, esa definición no va a resolver el grave problema de violencia pública que se ha instalado en nuestro país en los últimos años y que tiene a varios actores públicos como cómplices, pasivos y activos, de esa violencia.

Durante más de 30 años, Chile se ha destacado en el contexto latinoamericano por la seriedad y estabilidad de sus instituciones y el respeto profundo al Estado de Derecho por parte de autoridades y la ciudadanía en general. Durante el último lustro, esas virtudes se han ido deteriorando sistemáticamente. A fines de noviembre, por las diferencias expresadas, Chile no solo elige al próximo Presidente, sino también se define entre dos modelos de sociedad y su fórmula para enfrentar la violencia extrema. Por una parte, dos candidatos que son cómplices activos del vandalismo y la delincuencia; por otra, dos candidatos que son activos opositores a que esa violencia permanezca. En el Chile de hoy, esa no es una insignificante diferencia.