El pleno de ministros de la Corte Suprema llevaba varias semanas preocupado por algunos de los artículos que estaba discutiendo y aprobando la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional. Esta instancia es la encargada de crear las normas sobre cómo será el Poder Judicial en la nueva Constitución.

Los magistrados, que cuentan con una comisión especial para hacerle seguimiento a los avances de la instancia, han planteado que el punto que más les hace ruido es que las normas que se han votado atenten contra los principios de independencia judicial -interna y externa- e inamovilidad de los jueces.

Por eso en el pleno del lunes 14 de marzo el ministro Arturo Prado, quien integra junto a otros supremos la comisión encargada de estudiar estos asuntos, le propuso al resto de los magistrados que se enviara un nuevo oficio a la Convención.

La iniciativa promovida por el magistrado se dio justo cuando la comisión despachó al pleno del órgano constitucional su segundo informe. Este documento contiene las normas visadas ya en particular por la instancia y que, de lograr los votos en el pleno, pasarán directamente a formar parte del borrador de la eventual nueva Carta Magna. De hecho esta jueves 17 de marzo a los convencionales les tocará revisar estas iniciativas.

En ese contexto, el ministro Prado consideró que esta era el momento indicado para volver a manifestar la opinión institucional de la Corte Suprema. Hacerlo después habría sido tarde, ya que el riesgo de que los artículos se aprueben es muy alto y en esa circunstancia, ya no habría vuelta atrás.

Tras la petición de Prado, el pleno discutió el asunto y acordaron que era pertinente enviarle un oficio a la Convención manifestando la necesidad de que las normas relativas a cuatro temas sean rechazados en el pleno para que vuelvan a la comisión y ahí sean perfeccionados. De esta forma el presidente (S) de la Corte Suprema Sergio Muñoz despachó ese mismo día un oficio de dos páginas dirigido a la presidente del órgano María Elisa Quinteros.

El acuerdo del pleno no fue unánime. Hubo tres votos en contra. Los disidentes fueron los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich y Leopoldo Llanos.

Los cuatro puntos controversiales

“En atención a los acuerdos autónomamente adoptados por la comisión de Sistemas de Justicia y que serán examinados por el pleno de la Convención Constitucional, confiando en que su revisión es la instancia para su perfeccionamiento, en orden a obtener una pronta y cumplida administración de justicia, como a fortalecer la independencia interna y externa de los tribunales de justicia, parece necesario nuevamente analizar las siguientes materias”, se lee en el oficio.

Fuentes del máximo tribunal comentan que se procuró cuidar el lenguaje y la redacción del documento para que fuera sutil, pero que de manera explícita se dejara constancia de que el máximo tribunal respeta la autonomía del órgano.

El resguardo estuvo presente para evitar una sobrerreacción de los convencionales, tal como pasó hace algunos meses atrás cuando el pleno emitió una declaración pública, que luego envió por correo a todos los constituyentes, golpeando la mesa y manifestando su oposición a la idea de limitar a un periodo de ocho años con reelección la duración de los ministros de cortes de apelaciones y jueces de tribunales de instancia. Sin embargo, tanto los integrantes de la cúpula del Poder Judicial como los convencionales, en privado, reconocen que de ese párrafo lo que se infiere es que los magistrados están pidiéndole al pleno que rechace los artículos.

Los cuatro asuntos controvertidos son los siguientes. “En relación a la revisión integral del funcionamiento de los tribunales de justicia, que se exprese en el texto constitucional -como se anunció verbalmente en la comisión- que ella no incluirá la función jurisdiccional, esto es, que está excluida de la misma revisión de sus fallos”, plantea el oficio. ¿Qué significa eso? Los supremos están preocupados de esta revisión integral que se ideó -que sería cada cinco años y con audiencias públicas- incluya la posibilidad de que se incorporen los fallos. Es decir, que en estos exámenes se evalué a los tribunales y los jueces por la forma en que han tomado una decisión judicial plasmada luego en una sentencia. Si eso es así, comentan en privado, se acaba la independencia judicial. Por eso se pide de forma explícita se rechace esa propuesta.

El segundo punto tiene que ver con la manera en como quedó integrado el nuevo Consejo de la Justicia. Este es un órgano que se creará y que tendrá el poder en el futuro Sistema Nacional de Justicia. De él dependerán los nombramientos y todas las tareas administrativas así como también la arista disciplinaria. La comisión visó una integración que no tiene mayoría de jueces. Tanto la Suprema como la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas son de la postura de que esta instancia debe tener mayoría de jueces para evitar así que se politice.

El tercer punto que inquieta a los supremos, tiene que ver con la gradualidad de los cambios. Esto se vincula con dos propuestas relevantes. El primero es que se pretende modificar la edad de jubilación de los jueces, bajando de 75 a 70 años. Lo segundo es que se quiere limitar la duración del cargo de supremos a un periodo de 12 años sin reelección. Respecto de esto al máximo tribunal le preocupa cómo quedarán los artículos transitorios. Si estas normas comienzan a aplicar de inmediato, comentan los jueces, existe el riesgo de que una gran cantidad de magistrados y funcionarios judiciales deban jubilarse poniendo en riesgo la continuidad del servicio.

Respecto de este tema el oficio además plantea que se debe establecer “una regla uniforme tanto respecto de la edad de retiro como del plazo de duración de los jueces y juezas sujetos a ello”.

El último punto tiene que ver con las facultades del futuro Consejo de la Justicia. “En lo relativo a las facultades del futuro Consejo de la Justicia, en orden a que ellas no comprenderán un sistema de calificaciones similar al actualmente existente, resguardándose el buen comportamiento de la jueces y jueces a través de los procedimientos disciplinarios”. Ese párrafo lo que plantea es que se debe mejorar la redacción de los artículos que tratan este asunto para que quede claro cómo serán las futuras de calificaciones y que estas evaluaciones no sean anuales.

El convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista) adelanta que los puntos planteados por la Suprema son compartidos por varios constituyentes, quienes también están de acuerdo con la idea de rechazar en el pleno varios artículos del informe para mejorarlos.

“Me parece que como toda entidad pública especializada, con personas que tienen conocimiento de la función que les corresponde desarrollar, es perfectamente factible tomar en consideración las posiciones que plantea la Corte Suprema y de hecho hay una gran parte de convencionales que compartimos las observaciones realizadas y que vamos a propender para que las proposiciones de cláusulas constitucionales sean rechazadas en el plenario para que puedan ser revisadas y redactadas de otra manera. O bien, derechamente suprimidas de las propuestas que deberían ser sometidas a la aprobación de la ciudadanía”, dijo Cruz a La Tercera PM.

La Corte Suprema no es la única institución que ha manifestado su opinión directamente a la Convención. También lo ha hecho, por ejemplo, la fiscalía nacional a través del jefe del Ministerio Público Jorge Abbott. Lo mismo, pero de manera indirecta, han hecho los senadores respecto de la discusión sobre unicameralidad o bicameralidad del sistema político.