Delegado presidencial en Tarapacá: “Esta situación de los migrantes llegó para quedarse”

Miguel Ángel Quezada aborda la situación migratoria de Colchane y asegura que el plan para normalizar la crisis ha sido exitoso, con 143 vehículos chilenos que funcionaban como ‘coyotes’ sacados de circulación y habiendo duplicado a todas las Fuerzas Armadas. Eso sí, entrega responsabilidad a la Corte Suprema, donde, asegura, han perdido 126 de 134 recursos de amparo.




En su condición de delegado presidencial en Tarapacá, Miguel Ángel Quezada fue aludido por el gobernador de la región, José Miguel Carvajal, en una entrevista publicada por La Tercera el martes 24 de agosto. Las críticas apuntaban principalmente a la crisis migratoria que se vive en Colchane y a las medidas implementadas, las que estima ineficientes.

Quezada aborda los cuestionamientos, entrega su visión sobre los alcances del Plan Colchane -el que cataloga de “exitoso”- y hace parte al Poder Judicial en la problemática. “La responsabilidad jurídica para expulsar que uno pensaba que tenía no la dan los tribunales. Por lo tanto, aquí también hay un responsable, que es la Corte Suprema”, asegura.

¿Cómo ha avanzado el Plan Colchane?

El Plan Colchane desde que lo implementamos ha sido exitoso. Tenemos acciones antes y posteriores a la frontera. Ha sido exitoso desde lo que estamos haciendo con el ministro de Relaciones Exteriores con los países del Cono Sur en distintas aristas, como por ejemplo la persecución de los ‘coyotes’ (personas que guían o son coadyuvantes en los ingresos ilegales) o tratando de articular y tener relaciones internacionales más activas en torno a esta migración, que pasa por países en el continente y que vienen desde la dictadura de Maduro, que es el responsable de esta migración. Y en la frontera estamos con acciones territoriales y posterior a ella con aspectos sanitarios y humanitarios. Entonces, el plan está funcionando, está activo. Hoy día no hay personas, como se ha querido mostrar, que se estén quedando o haciendo algún destrozo.

En cifras, ¿cómo se traduce esto?

Llegamos a recibir a unas 10 mil personas en todo 2020, número que empezó a crecer desde agosto. A todas esas personas las condujimos al lugar definitivo donde venían: el 65% a Santiago y un 25% de O’Higgins al sur. A la Región de Tarapacá no venían. Y en el 2021, al cierre de julio, ya son del orden de las nueve mil personas en total. Nuestro peak fue en enero y febrero, llegaron todos entre un fin de semana y otro y eso nos hizo colapsar, porque en octubre, noviembre y diciembre de 2020 también era un volumen grande (cerca de dos mil cada mes), pero no todos juntos. Pero de ahí en adelante bajaron y tiene que ver con las medidas que estábamos tomando. Hay mucha actividad moviéndose en la frontera nuevamente, por lo tanto, hemos tomado todos los planes de acción y nos hemos preparado para un volumen de esa magnitud.

El alcalde de Colchane y el gobernador de Tarapacá señalan que la crisis se ha mantenido, ¿no es correcto?

Hemos conversado con mucho inmigrante y lo que nos señalan es que prefieren entrar por pasos no habilitados y quedar en estas condiciones migratorias por siempre, pero no quedarse en su país. Y tampoco en otros países de Latinoamérica. Una de las cosas que se piensa es que el Plan Colchane tenía que ver con evitar que ingresaran y la verdad es que hoy día, en las condiciones legales que estamos, podría contar que hemos tenido 134 recursos de amparo, de los cuales hemos perdido 126. La teoría que yo tenía cuando leía esta ley era que ´me permite expulsar a las personas’, y hoy no se me permite. Cuando la gente piensa que el Plan Colchane es para expulsar personas, la verdad es que está lejos de eso. El plan tiene que ver con buscar la fórmula en que nos hacemos cargo de un fenómeno migratorio.

¿Usted creía que sí podía expulsar personas?

Al leer la ley, para mí estaban todas las facultades de poder hacerlo, pero la Corte Suprema no lo permite. El que pone un pie en nuestro país es un sujeto de derecho y, por lo tanto, yo no puedo expulsarlo. Por otro lado, las organizaciones internacionales solo hacen declaraciones, pero tampoco colaboran con el tema humanitario.

¿Su crítica apunta a que la Corte Suprema está haciendo un trabajo deficiente o a que la ley está mal hecha?

No siendo una persona de leyes, cuando uno lee la ley y le dicen ‘tiene facultades para expulsar administrativamente’, eso tiene un sentido. Pero cuando después dicen ‘no, usted tiene que pasar por tribunales e ir hasta la Corte Suprema para defender esa posición’, me parece que quieren tener una actuación en la cual no nos permiten a aquellos que creemos que tenemos la facultad administrativa ejercerla adecuadamente. Lo que queríamos, y en especial en nuestra región, era que vinieran migrantes, pero aquellos que no lo hacen por un paso habilitado que pudiesen ser expulsados. Y lo que uno dice es, si no podemos hacer lo que yo creo, entonces tengo que trabajar en lo que sí puedo. Y ahí hemos trabajado en lo sanitario y humanitario.

¿Esto podría estar solucionado antes de que ud. abandone el cargo?

No es un problema de fácil solución o que tenga solución, salvo que cambiemos la ley. Aquí hay una situación que tenemos que abordar y vamos a tener que conversar con el Frente Amplio, el Partido Comunista y con la izquierda, en términos de lo que ellos quieren para la migración, porque en este sentido no tenemos atribuciones y ellos también son responsables por cómo quedó la ley.

¿Expulsaría a todo el que esté irregularmente en el país?

No. Hemos tenido una buena migración en distintas oleadas. Pero también hay personas que no vienen a hacer una buena migración. Yo haría una diferencia y tener esa facultad de poder expulsarlos. Es importante poder hacerlo para la tranquilidad de los barrios, porque me pregunto si un (juez) supremo estaría contento si tuviese una plaza cerca de su casa y le llevara la cantidad de gente que está llegando a nuestra región. Esa es la explicación que les tienen que venir a dar a los pobladores de Tarapacá.

¿Qué deficiencias existen aún, pese al plan?

Cuando se dice que en Colchane hay miles de personas, te podría mandar una foto donde no hay migrantes. No queda nadie deambulando. Ahora, es efectivo que el fenómeno ha migrado a que estas personas que antes llegaban a pie, hoy se está haciendo con los ‘coyotes’. Hemos sacado de circulación 143 vehículos chilenos que transportaban migrantes. Estamos trabajando con la fiscalía para que a aquellos que los encontremos reiterando esta situación podamos detenerlos.

¿Por qué no se ha logrado poner freno definitivo a esta situación?

Esta situación de los migrantes llegó para quedarse. No creo que esto vaya solo a terminar por el hecho de que abramos la frontera. Como autoridades y autoridades futuras tenemos que prepararnos para generar las condiciones para que estos migrantes lleguen. Si vamos a tener a la Corte Suprema en esta posición, a las organizaciones en otra y a las autoridades con las facultades que les permite la ley, es un tema que tenemos que abordar, porque la ciudadanía nos va a estar diciendo qué hacemos con esta migración.

¿Y cómo se hace cargo de la invitación que hizo el Presidente hace dos años en Cúcuta?

Como está ocurriendo este fenómeno hace mucho más sentido cuando decíamos que necesitábamos una ley de migración que fuera ordenada, regular y segura. Tener una migración regular tenía que ver con que las personas pudiesen entrar con visa, con todas las condiciones pertinentes. Calculamos que entre el 2020 y 2021 hemos institucionalizando a 20 mil personas. Y hay otras 10 mil que no han pasado por esa situación.

¿Pero ese llamado del Presidente tuvo algo que ver con la situación actual?

Yo creo que no. Cuando conversamos con ellos y les decimos por qué no esperan a que abramos las fronteras y podamos recibirlos con todas sus condiciones, nos dicen que prefieren quedarse en esas condiciones migratorias, que en Chile van a poder alimentar a la familia. En esa circunstancia es muy difícil decirles que esperen a que la pandemia pase y que entren regularmente.

¿Qué otras medidas concretas han implementado?

En la frontera hemos duplicado carabineros, PDI y el Ejército. Hemos puesto puntos fijos y móviles, pero la persona que pone un pie en nuestro país es un sujeto de derecho. Hoy día las autoridades (gobernador) son del Frente Amplio y tienen una contradicción, porque lo que vota en el Congreso su senador no funciona acá, porque pareciera que quieren que expulsemos a la gente o que hagamos otras cosas.

El gobernador de Tarapacá decía que le ofreció ayuda y coordinación, pero que nada de eso pasó.

Estoy centrado en resolver esta problemática. Soy un fiel hincha de la descentralización. Hay que cuidarla, y cuidarla significa ser una autoridad responsable. Si yo quiero hacer cosas por los migrantes, lo puedo hacer. Si yo quisiera tener un gran hospedaje, para ello basta con levantar un proyecto, llevarlo al consejo regional, aprobarlo y ponerlo en marcha. Estaríamos encantados.

El mismo gobernador señalaba que quieren pedir la eliminación del delegado presidencial...

Más que desaparezca la figura del delegado presidencial hay que buscar la fórmula de entender cuáles son las brechas de cada región. Hoy, la máxima tiene que ser la coordinación con la delegación presidencial y en la medida en que uno va pidiendo competencias y se le entregan, va a ir creciendo la figura del gobernador regional y las competencias de la delegación presidencial van a tener que ser más en la coordinación con el gobierno regional. La figura de la delegación siempre va a tener que existir, en el sentido de un representante del Presidente, salvo que sea una decisión de sociedad. Y en la medida en que los territorios vayan teniendo mayor organización, va a ir disminuyendo esta figura hasta que lleguemos a una condición de bastante más autonomía. Pero para eso nos queda mucho tiempo.

¿Hay claridad de hasta dónde llegan sus atribuciones y las del gobernador? ¿Es un problema?

No hay ningún choque. Cuando se proponen proyectos adicionales, yo como intendente se lo proponía a los consejeros regionales. Hoy día sigue existiendo esa misma condición, lo único es que estamos separados. La delegación presidencial tiene la facultad de estar con las direcciones de servicios, las seremis y el gobierno regional con todas las facultades que tiene y con un presupuesto que puede manejar.

¿Cree que los gobernadores deben tener más atribuciones?

Uno tiene que empezar a estudiar el proceso descentralizador en cada una de las regiones, ir viendo las brechas que tiene la región para empezar a pedir las atribuciones. Eso hay que hacerlo en un proceso que tiene tres características: descentralización política, administrativa y financiera. Como país partimos en la política, tenemos ya un gobernador, y hay que trabajar en la administrativa y financiera.

¿Las críticas son con tintes políticos?

Sí. A lo mejor al alero de lo que viene en las elecciones se quiere colocare esta situación de relieve. Lo que a mí no me gusta es cuando las aseveraciones no son correctas o se quiere hacer ver cosas que no corresponden.

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