Funcionarios públicos y teletrabajo: Las diferencias de criterio entre La Moneda y Contraloría

Jorge Bermúdez

El miércoles pasado el ministro del Interior Gonzalo Blumel cruzó hasta la oficina del contralor Jorge Bermúdez para abordar las diferencias de criterio que quedaron en evidencia en sucesivos decretos dados a conocer por el gobierno y la Contraloría.


Eran las 16.15 horas del miércoles 18 de marzo cuando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cruzó la calle Teatinos para tener una reunión a puertas cerradas con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

A la cita, el secretario de Estado llegó con tres temas en carpeta. Primero, le entregó a Bermúdez una copia con la propuesta de reforma a Carabineros que el Ejecutivo dio a conocer la semana pasada. Luego, trataron los escenarios ante un inminente estado de excepción constitucional y, finalmente, abordaron los matices entre los instructivos del gobierno y la Contraloría respecto del trabajo a distancia de los funcionarios públicos en el marco de la emergencia por el coronavirus.

Las diferencias de criterio quedaron en evidencia entre el decreto presidencial dado a conocer el lunes 16 de marzo y el oficio emitido por la Contraloría al día siguiente.

El primer documento que impartió instrucciones a los servicios públicos antes del brote de Covid-19, y que aparece firmado por el Presidente Sebastián Piñera, dejó a evaluación de los jefes de servicios la adopción de medidas como la suspensión de ceremonias y el uso de la modalidad de teletrabajo.

El documento al que tuvo acceso La Tercera PM, además, recomendó que, en caso de realizar ceremonias, asistiera un máximo de 50 personas y se establecieran horarios diferidos para los casinos para evitar aglomeraciones.

“En el uso de la modalidad de trabajo a que se refiere este párrafo, los jefes superiores de Servicios deberán velar por el cumplimiento de la función pública que las autoridades y funcionarios deben observar", añadió el documento emitido por La Moneda y difundido a 31 servicios entre ministerios y subsecretarías.

El instructivo agregó instrucciones del Ministerio de Salud como cuarentena para quienes hayan viajado al extranjero; y que se informara a la autoridad sanitaria en caso de que hubiera una persona con fiebre en el servicio. “Si la autoridad determina que no corresponde a un caso sospechoso, la persona podrá retomar sus actividades habituales en la institución", indicó.

Veinticuatro horas después el contralor Bermúdez envió un oficio al ministro Blumel detallando “medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del Estado a propósito del brote de Covid-19”.

En el documento de cinco páginas realizado por la división jurídica de la Contraloría, Bermúdez amplió el espacio para el trabajo a distancia de los funcionarios públicos. Una medida que, de hecho, aplicó en su repartición.

Ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la administración del Estado adoptar medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y y salud de sus servicios, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población”, dice el documento emitido por Contraloría.

El texto añade: “En mérito de lo expuesto, es posible concluir que los jefes superiores de los órganos de la administración del Estado se encuentran facultados para disponer, ante esta situación de excepción; que los servicios que en ellos se desempeñan cualquiera sea la naturaleza de su vínculo jurídico, cumplan sus funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se encuentren”.

“En segundo término, respecto de los servidores que ejercen tareas que no resultan compatibles con la modalidad de trabajo a distancia , pero cuya presencia no resulta indispensable en las dependencias de los servicio, cabe precisar que el jefe del servicio puede igualmente establecer su no asistencia... eximiendo del deber de asistencia al amparo del instituto del caso fortuito, asistiéndoles igualmente el derecho a percibir en forma íntegra sus remuneraciones”, recalca.

La Contraloría, además, advirtió que “cabe hacer presente que no corresponde que por causa de la pandemia de que se trata, se exija a los funcionarios o prestadores de servicios a honorarios solicitar los feriados o permisos a que tengan derecho”.

El presidente de la ANEF, José Pérez, asegura que el documento emitido por la Contraloría recoge parte de las inquietudes que le plantearon a Bermúdez en una reunión que sostuvieron el lunes 16 (después del decreto emitido por La Moneda).

“Cuando se nos informa de este instructivo (presidencial) vemos que no recoge la voz de los trabajadores públicos. Para abordar estos temas también se pidió una reunión con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien también le planteamos esas inquietudes”, relata Pérez.

Cercanos a Bermúdez, en tanto, aseguran que el decreto emitido por La Moneda el lunes estaba preparado desde el viernes 13 cuando el nivel de contagio estaba en fase 1. De ahí, aseguran en Contraloría, que el ministro Blumel en la reunión con Bermúdez afirmó que habría un nuevo decreto más acorde a la emergencia en fase 4 de coronavirus. Este nuevo oficio se dio a conocer el 18 de marzo pasado.

Ese oficio, firmado por Blumel y Briones, y que se repartió a 310 servicios del Estado, refuerza que “cada jefe de servicio definirá mediante acto administrativo la modalidad de trabajo flexible que se realizará de forma remota”. E instruye que en caso de ser necesario cada repartición deberá elaborar un plan de contingencia con turnos.

La Tercera PM contactó al ministro Blumel y al contralor Bermúdez para esta nota. Ninguno se refirió al tema hasta el cierre de esta edición.

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