¿Indicación Rutherford? La modificación legal que podría extender visita de jueza en caso de fraude en el Ejército

La ministra Romy Rutherford, en noviembre de 2019, llegando a tomarle declaración al general (R) Humberto Oviedo.

El diputado Leonardo Soto (PS) presentó una indicación que extiende la duración de la visita de los ministros de la Corte Marcial en investigaciones penales de dos a cuatro años en causas de alta complejidad e impacto público. La intención del parlamentario es ingresar este artículo en la ley patrocinada por el gobierno que busca "enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”. Soto apela a que dado el Covid-19, la causa no pudo avanzar en un 100%.




El 16 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial la denominada “Ley Rutherford”, modificación legal que permitió extender, hasta marzo de 2022, el plazo para que la ministra Romy Rutherford continuara indagando el fraude en el Ejército. La jueza asumió la causa en 2017, sin embargo, dados los antecedentes que sumó el caso y la dilatación que sufrió la causa en el Tribunal Constitucional (TC), los diputados Leonardo Soto (PS) y Matías Walker (DC) presentaron este cambio en la legislación del Código de Justicia Militar.

Con esta extensión, Rutherford siguió con las pesquisas y una investigación que suma -por ahora- 43 aristas, donde destacan las indagatorias por el uso de gastos reservados por parte de los excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su sucesor, Humberto Oviedo. Conocido es que este “cuaderno judicial” podría incorporarse el antecesor de Fuente-Alba, Óscar Izurieta, e incluso, en otra de las aristas estrellas, “agencias de viajes”, podrían sumarse más generales activos, incluido el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez.

Con algunas de estas aristas en plenario, otras a la espera de diligencias y otras recién en un periodo incipiente, y una pandemia que limitó la realización de declaraciones y trabajo presencial en tribunales, el diputado Soto busca una nueva prórroga para Rutherford, a través de una indicación en el proyecto de ley del Ejecutivo para “enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”.

El camino de esta indicación

El proyecto de ley del gobierno busca hacerse cargo de la “avalancha” de causas judiciales que enfrentará el sistema de justicia una vez que se levante el estado de catástrofe (el que vence en septiembre, con posibilidad de prórroga).

El estado de emergencia a raíz del Covid-19 y la imposibilidad de hacer audiencias presenciales (solo algunas se hacen de manera telemática) derivó en que el año 2020 se redujeran las audiencias en los juzgados de garantía y en los tribunales de juicio oral en lo penal en un 68% y 65%, según datos del Ministerio de Justicia.

Por su parte, en materia laboral las audiencias disminuyeron en un 70%, y en materia de familia, un 80%. En materia civil se dictaron 45% menos sentencias definitivas respecto del año anterior. Los ingresos en la judicatura de familia se redujeron en un 52% en comparación al promedio de años anteriores, mientras que en materia laboral y civil las cifras se mantuvieron relativamente estables.

La ley está en su segundo trámite constitucional y ya fue aprobada en el Senado y ahora está en la Comisión de Constitución de la Cámara. Es acá donde entra la “Indicación Rutherford”, patrocinada por Soto, la cual fue ingresada ayer por el diputado.

En concreto, la indicación modifica el Artículo 51 inciso tercero del Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de ministros y ministras de cortes de Apelaciones que integren las cortes marciales, extendiendo la duración de la visita de los ministros de la Corte Marcial en investigaciones penales de dos a cuatro años en causas de alta complejidad e impacto público

“Hoy es más importante que nunca que los ministros y ministras de cortes de Apelaciones, como por ejemplo la ministra Romy Rutherford, puedan seguir investigando, procesando y concluir el juzgamiento a todo el alto mando militar involucrado en el denominado megafraude del Ejército. La pandemia ralentizó muchos casos, incluido este, por lo que es de suma importancia esta indicación para el sistema judicial”, dijo Soto a La Tercera PM.

Soto, además, explicó que a diferencia de la “Ley Rutherford” esta indicación tendrá un camino más corto. La legislación que permitió alargar la visita de la ministra se presentó en marzo de 2020 y recién vio la luz en enero de 2021. “De aprobarse esta indicación podría estar lista en septiembre, una vez que se levante el estado de excepción”, indicó el diputado, quien agregó que “no es personalizar las investigaciones, sino que hacerse cargo de un problema derivado de la pandemia, donde no se pudo trabajar en un 100% en las causas”.

El diputado PS Leonardo Soto. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

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