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Fue procesado por 29 facturas falsas que equivalen actualmente a más de 360 millones de pesos, y falsedad militar en relación con esas mismas facturas.

El máximo tribunal no le otorgó todo el plazo con el que contaba la ministra para seguir con las pesquisas en el caso, a pesar de que la legislación le permitía estar un año más al frente de la indagatoria. A partir de ahora, la jueza que procesó a los cinco últimos comandantes en jefe de la institución militar trabaja contra reloj.

La defensa del exmandamás de la institución castrense recurrió a la instancia luego de que la ministra Romy Rutherford -quien lo procesó por delitos reiterados de malversación de caudales públicos- le denegara el beneficio.

General en retiro, investigado por su presunta participación en el delito de malversación de caudales públicos, podrá apelar en la Corte Marcial en una audiencia que se realizará hoy a las 13.30.

Tras nueve días de prisión, el excomandante en jefe solicitó a la jueza Romy Rutherford cambiar su medida cautelar.

La ministra en visita que indaga el fraude en el Ejército contestó al recurso de amparo presentado por el general (R) Juan Emilio Cheyre. En el escrito enviado a la Corte Marcial advierte que la defensa del exoficial presenta un documento que justificaría la entrega de recursos a los jefes militares, a través de un decreto de 1998, sin embargo, la magistrada replica: "Tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados".

El abogado Jorge Bofill ingresó un recurso de amparo ante la Corte Marcial donde sostiene que el auto de procesamiento del otrora mandamás del Ejército se fundó en graves errores que vulneran las garantías de su cliente. Por lo mismo, piden que la imputación realizada por la ministra en visita se declare ilegal y, por consiguiente, que se proceda a su inmediata liberación.

Fue su propia declaración en calidad de inculpado, junto a otros testimonios, la que llevó a Juan Emilio Cheyre a ser procesado y quedar detenido en el denominado caso "fraude en el Ejército". En el interrogatorio ante la magistrada admitió que fue él quien implementó un sistema de entrega de dineros en efectivo a los excomandantes en jefe, mensualidades que fueron desde los $ 400 mil a $ 1 millón, y que el origen de dichos montos provenía de gastos reservados. También jugaron en contra las declaraciones de otros compañeros de armas que lo sindicaron como un malversador de caudales públicos. Aquí detalles inéditos de su encausamiento.

Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.

El excomadante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre (2002-2006) es indagado por la ministra en visita como presunto autor del delito de malversación de fondos públicos, poniéndolo en el foco de las pesquisas de la jueza, quien podría procesarlo durante esta jornada. Quienes fueran sus colaboradores más cercanos durante su gestión como jefe militar ya fueron interrogados, dando cuenta de cómo se usaban los dineros cuestionados y que tenían su origen en "gastos reservados".

Por cuatro votos contra uno, se desestimó recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la resolución del tribunal de alzada.

Por tres votos contra dos, el tribunal de alzada militar acogió el recurso de apelación de la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, porque a su juicio la magistrada no ha reunido los antecedentes suficientes para imputarle el delito de fraude al fisco. La magistrada apunta a que el ex jefe castrense habría desviado a sus arcas personales más de $44 millones. La Corte, de hecho, le ordenó realizar un nuevo peritaje contable, ya que sostienen que durante esta etapa investigativa no se ha acreditado el perjuicio causado.

El coronel Isaías Martínez Castillo es indagado como inculpado por el presunto uso irregular de pasajes, a la vez que integra el tribunal de alzada castrense que revisa todos los procesamientos y actuaciones legales en el marco del fraude en el Ejército. El CDE pidió su inhabilitación en la causa y las implicancias del caso ya llegaron a oídos del comandante en jefe, Javier Iturriaga.

El tribunal de alzada militar revocó un procesamiento de la ministra en vista Romy Rutherfrod en que inculpaba por fraude al Fisco a un coronel (R) de la institución castrense, advirtiendo que el hecho -al momento de dictar el encausamiento- ya estaba prescrito. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado recurrió de queja ante la Corte Suprema acusando ilegalidad por parte de los jueces que revirtieron lo resuelto por la magistrada. Como en todo, será el máximo tribunal el que tenga la última palabra.

El requerimiento presentado por la defensa del excomandante en Jefe, señala que existen dos supuestas vulneraciones a la Constitución: la primera de ellas por la imposibilidad de que el ex alto oficial declarara acompañado de su abogado y otra por "contrabando legislativo". Esto último debido a la aprobación de leyes que le han permitido a la jueza seguir con la investigación.