La avalancha de los jueces de Rancagua arrastra a juzgados de la región mientras Abbott busca cerrar suspicacias

El suspendido fiscal Emiliano Arias.

El suspendido fiscal Emiliano Arias.

Mientras la Fiscalía Sur analiza la actuación de los juzgados de letras que contrataron a la hija del suspendido ministro Vásquez, la de Rancagua se prepara para la formalización de Elgueta. Abbott, en tanto, cierra flancos por su criticada reunión con el senador Letelier.




Ya no son sólo los ministros Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Hernández y Marcelo Albornoz Troncoso, los suspendidos jueces de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quienes enfrentan una investigación por Fiscalía. Poco a poco las tres indagatorias paralelas que los involucran (nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias en la Fiscalía Sur; cohecho, prevaricación y enriquecimiento ilícito, en la de O'Higgins; y un sumario administrativo seguido en la Corte Suprema) han arrastrado al poder judicial de la zona y amenaza con llegar incluso al máximo tribunal en Santiago.

En la investigación que sigue el fiscal de la Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, se indaga cómo la hija de Vásquez Hernández logró ser contratada en distintos cargos. Cuando La Tercera PM reveló en octubre pasado que la profesional estaba contratada en el Tribunal de Familia de Santa Cruz, lo que contravenía la normativa vigente, Vásquez Hernández manifestó que su familiar sólo estaba realizado reemplazos. "En todos los periodos de reemplazo provisionales, ella dio estricto cumplimiento a las exigencias de habilitación para su desempeño, no existiendo en momento alguno, con la salvedad de sus reconocidas capacidades profesionales, elementos de designación en sus suplencias al margen de lo estrictamente legal", adujo en aquella ocasión.

Sin embargo, la información recabada por Guzmán apunta a que determine si funcionarios de los Juzgados de Letras y Garantías de Limache, Rengo, Peumo y Santa Cruz tuvieron conocimiento de que se estaba ante una manifiesta incompatibilidad por parentesco al contratarla y derivar de ello otras acciones.

En la indagatoria de O'Higgins, en tanto, los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya avanzan en la recopilación de antecedentes para la formalización del 26 de abril de Elgueta Torres, contra quien existen una serie de pruebas como el tráfico de llamadas con abogados que debían litigar en las salas que integraba, además de cheques de al menos un profesional de la plaza en periodos en que debía fallar. A ello se suman depósitos en efectivo y menciones en escuchas telefónicas y su manifiesta amistad con el médico Luis Arenas Contreras, condenado en abril de 2018 a una pena de dos años por entregar recetas de psicotrópicos a una red de tráfico de estupefacientes.

A este médico, Albornoz Troncoso le solicitó un préstamo de $1,5 millones mientras se revisaba su causa.

Acá, en paralelo, surge otra arista. En escuchas telefónicas entre Albornoz Troncoso y Arenas Contreras se menciona que habrá que hacer diligencias con "la comadre", que sería, según fuentes consultadas, una integrante de la Suprema.

Fin de tregua

Este caso, en paralelo, ha implicado un fin de la paz que por estos meses, y a raíz de la investigación sobre abusos en la Iglesia Católica, habían sostenido el Fiscal Nacional, Jorge Abbott y Arias. La primera indagatoria, sobre nombramiento ilegal, le fue quitada a Arias el 19 de noviembre, horas después que de Abbott sostuviera, como reveló Ciper, una reunión con el senador PS por la zona Juan Pablo Letelier. La causa quedó en manos de Julio Contardo, quien debió inhabilitarse por su amistad con los jueces.

La Tercera PM consultó ayer a la Fiscalía los detalles de aquel encuentro: ¿cómo se agendó la reunión? ¿quiénes participaron de esta cita? ¿qué fue específicamente lo que se abordó? ¿solicitó directa o indirectamente el senador que fuera derivada la investigación a otros persecutores? ¿cómo se explica que horas después de ese encuentro se tomara la decisión de traspasar la indagatoria al fiscal Contardo?

La respuesta desde la dirección de entidad fue la siguiente: "El senador Juan Pablo Letelier solicitó una reunión con el Fiscal Nacional a través de la Ley 20.730 –para lo cual completó y adjuntó el formulario correspondiente- la que se realizó el 19 de noviembre pasado. El Fiscal Nacional estuvo acompañado por la Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, Marta Herrera. De acuerdo a la petición del senador, su interés era tratar temas relacionados con su circunscripción. Durante la audiencia, el legislador le manifestó al Fiscal Nacional su preocupación por lo que él calificó de 'públicas diferencias' entre magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Fiscalía Regional de O'Higgins, ya que a su juicio afectaban la confianza de las personas en las instituciones. El senador no realizó ningún tipo de solicitud".

A través de un correo electrónico, recalcaron que "respecto de su consulta sobre la investigación que inició la Fiscalía Regional de O´Higgins 'por presuntos nombramientos irregulares', la Fiscalía Nacional descarta en forma tajante que la derivación de esta investigación a otro Fiscal Regional haya tenido relación con la audiencia antes mencionada. El cambio de Fiscal obedeció a una serie de antecedentes que se tuvieron en consideración, investigación que la Fiscalía Nacional precisa sigue en pie. Estos antecedentes se refieren a que el 29 de octubre de 2018, los ministros Elgueta y Vásquez, ambos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presentaron una denuncia administrativa contra el Fiscal Regional de O´Higgins, Emiliano Arias, en la que solicitaban además su remoción ante la Corte Suprema. En este marco, el Fiscal Nacional solicitó un informe al Fiscal Arias. Adicionalmente, el 13 de Noviembre, el Fiscal Arias interpuso una recusación ante la Corte Suprema, en contra de los ministros Elgueta y Vásquez por la causal de tener causa pendiente y por enemistad o resentimiento contra el Fiscal investigador. En tales condiciones, habiendo recibido el informe del Fiscal Arias y, teniendo a la vista también el antecedente de que el fiscal regional consideraba que los referidos ministros estaban inhabilitados para resolver los asuntos que se ventilaran ante ese Tribunal Superior relacionados con sus causas, fundándose, entre otro, en la enemistad entre ellos, el Fiscal Nacional emitió dos resoluciones".

Prosigue el texto con que los documentos a los que se hace referencia. "Una (N° 2436), en la que se designó al Fiscal Regional del Maule para seguir adelante con la investigación penal contra los ministros, considerando -además de los antecedentes ya expuestos- el hecho consignado en la misma resolución en cuanto a que, de llegar al evento de encontrarse inhabilitada toda la Corte de Apelaciones de Rancagua el asunto pasaría a la Corte que debiera subrogar según las normas legales, esto es, su símil de la ciudad de Talca. En la segunda resolución (N° 2461), el Fiscal Nacional rechazó completamente la denuncia presentada por parte de los ministros, por no existir antecedentes que justificaran el inicio de investigación alguna en contra del Fiscal Arias, lo que fue notificado el 21 de noviembre a los denunciantes. Estos antecedentes fueron extensamente analizados en los días previos a la emisión de las resoluciones y, en ningún caso la decisión se tomó durante el día 19 de noviembre. Esta última corresponde a la fecha en que los documentos estuvieron listos para la firma, día en que fueron efectivamente firmados".

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