-Mami, se enredaron las cosas en el aeropuerto porque hubo un desfase de fechas.

El mensaje era corto y algo críptico, pero María Eugenia Atalaya entendió de inmediato que algo no andaba bien. Era el sábado 25 de agosto a las 9:20 horas, y aunque el número desde el que la estaban llamando no estaba registrado, al otro lado de la línea había una voz que conocía perfectamente: la de su hija, Rosario Madueño.

Ese día debía ser uno de los más felices de su vida. Rosario y su esposo, Jorge Tobar, llegarían a Chile desde Perú para presentarle a su familia a sus dos hijos de apenas un mes. Era el sueño que tenían desde que contrajeron matrimonio: ser padres.

Sin embargo, la llamada, el desfase de fechas y la imposibilidad de contactarse después con el teléfono del que la habían llamado hizo que María Eugenia comprendiera que el problema era serio. Tan complejo que hoy, dos semanas después, su hija y su yerno enfrentan un complejo proceso judicial, separados de sus hijos recién nacidos, con dudas sobre cómo se evaluará si son padres de ellos y con un final incierto a la odisea que debieron cumplir para lograr su sueño más preciado.

De hecho, este jueves, la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de trata de personas de Callao realizará una de las pruebas fundamentales para esclarecer el caso: una prueba de ADN por orden del Ministerio de Justicia de y Derechos Humanos de Perú. Algo que muestra la seriedad del caso y que ha motivado que la familia inicie todo tipo de gestiones para lograr que el tema se resuelva.

- Mis nietos tienen su pieza en Santiago. Está todo listo, sus cunas, los ajuares, coche para mellizos. Yo les he tejido todas sus cositas, como toda abuela-, dice María Eugenia.

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La historia del matrimonio de Rosario Madueño y Jorge Tovar comenzó hace 14 años. Luego de años de relación decidieron casarse e iniciar una familia, sin embargo, por un año las ganas de ser papás se vieron frustradas.

-Mi hija estuvo embarazada en dos oportunidades, pero tiene una condición fisiológica que rechazaba el cuerpo extraño y no lograba que el feto creciera, después estuvieron un año tratando de adoptar. Asistieron a todas las charlas, entrevistas, fueron visitadoras sociales y al final no les dieron en adopción ningún niño- relata María Eugenía.

Otro de los impedimentos que ha tenido la pareja, fue un tratamiento de radioterapia al que debió someterse Mónica tras una operación a la tiroide para extraer nódulos cancerígenos. Tras ello, su médico ginecólogo César Caffeti les propuso viajar a Lima a intentar otras técnicas de fertilización asistida.

La opción, entonces, fue concebir mediante un vientre subrogado. Para ello, recurrieron a una mujer peruana y planificaron el proceso. Sin embargo, hubo un detalle: los hijos

nacieron prematuros en la clínica Concebir. Esto implicó que la pareja chilena no presenció el nacimiento de sus hijos. Ello no importó para el matrimonio, porque luego de embarazos interrumpidos debido a una enfermedad de Rosario, y fallidos intentos de adopción, por fin podían decir que eran padres.

Tras su nacimiento, la pareja, por recomendación del médico tratante, decidió arrendar un departamento en Lima, que se convirtió en su hogar durante un mes. Ahí desarrollaron su vida como padres, entre mudas de pañales y alimentación especial, hasta que el sábado 25 de agosto - tras la autorización del especialista - decidieron volver a Chile a iniciar una nueva etapa en su matrimonio.

Una vez en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima empezó el problema. Teniendo todo preparado para regresar a Chile con los recién nacidos, las autoridades aeronáuticas no los dejaron ingresar al avión.

El argumento se originaba en la demora. Aunque la pareja aparecía como los padres de los menores, las fechas de nacimiento de los bebés y la de su llegada a Perú no coincidían: ellos nacieron el día 28 de julio, y la pareja ingresó al país al día siguiente. Ése era el "desfase de fechas" que le comentó Rosario a su madre en la llamada telefónica.

Ante ello, Rosario explicó a las autoridades que ellos eran los padres biológicos de los mellizos, pero que habían nacido a través de un vientre subrogado, explicación que no dejó conforme a los agentes de seguridad. Los padres fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia donde están siendo investigados por presunta trata de personas y los lactantes derivados a un albergue de Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

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Tras su detención, esa jornada en la noche, el hermano de Rosario, Pedro Antonio, decidió reunir exámenes médicos, documentos y todo lo que pudiera acreditar que su hermana no podía tener hijos y viajó hacia la capital peruana sin destino, donde está hasta el día de hoy.

María Eugenía fue tajante en explicar que -contrario a lo que se dijo en un principio- los mellizos tienen los documentos correspondientes, los cuales fueron tramitados por su yerno a través de los conductos regulares en el consulado de Chile en Lima, tal como le había explicado la clínica.

- Él fue personalmente, se sentó, esperó su turno e inscribió a los niños como chilenos- afirma.

Además, denunció las malas condiciones en que se encuentran los detenidos. "No tiene calificativo el trato que han tenido, están totalmente indocumentados, no se han podido cambiar de ropa. Mi hijo les ha comprado ropa interior, útiles de aseo, frazadas (... ) Ha sido un trato vejatorio". Incluso contó que fue necesario comprar antibióticos para Jorge, quien se resfrió en el penal donde está recluido.

Otro de los puntos que mantiene intranquilos a los familiares de Rosario y Jorge es saber del estado de los bebés. María Eugenía señala que no han podido contactarse con el hogar dónde están custodiados y han recibido ninguna información sobre su estado de salud.

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Óscar Campusano, periodista del diario El Comercio de Perú, relata que hay caso de vientre subrogado en Lima que marcó un precedente comenzó en 2015 y similar al de Rosario y Jorge. "Una pareja de esposos, que después de múltiples intentos no puede tener hijos y decide recurrir a un vientre de alquiler y crean un contrato con otra pareja".

En aquella oportunidad, una vez que la mujer dio a luz, el médico tratante inscribió a la madre gestante como la madre biológica de los menores y como padres a la persona que había utilizado su esperma - es decir al esposo del matrimonio que no podía tener hijos. Esto pese, a que la mujer que dio a luz dijo que su embarazo era producto de fertilización asistida.

Finalmente, las actas de nacimiento de los lactantes quedaron inscritas por el Registro de Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de esa manera, y la pareja que buscaba ser padres comenzó una batalla legal contra el organismo ante el Poder Judicial.

Finalmente en 2017, el Quinto Juzgado de Constitucional de Lima resolvió declarar fundada la demanda de amparo presentada y ordenó al Reniec modificar las actas de nacimiento. El juez encargado del caso, argumentó que pese a que el artículo 7 de la Ley General de Salud establece que toda persona tiene derecho al uso de técnicas de fertilización asistida "siempre que la condición de la madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma", no hay una prohibición de otros escenarios como el caso de la pareja querellante donde la mujer que cedió su vientre, pero no fertilizó su óvulo.

Ante ello, el Reniec apeló, pero en segunda instancia el Poder Judicial, ratificó el primer fallo.

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María Eugenia Atalaya dice que la familia ha iniciado gestiones que van más allá de lo diplomático. De hecho, están pensando contactar a la ex presidenta y ahora Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y el caso ya ha sido puesto en conocimiento del presidente Sebastián Piñera, del que ella espera que haga gestiones junto a la Primera Dama, Cecilia Morel.

-Ellos son abuelos. Toda la gente está a favor de la pareja. Si lo único que falta es que la justicia de allá, tenga un poco de cordura. Cecilia Morel es una mujer que yo considero fantástica, excepcional. ¿Pero cómo está tan indiferente ante un drama como este, que es internacional?- dice.

Por ahora, la pareja está retenida en distintas cárceles debido que la justicia dictaminó 12 meses de prisión preventiva, y aunque el panorama parezca negativo para los acusados, ayer se dió a conocer la declaración de la mujer que alquiló su vientre, quien respaldó al matrimonio de chilenos, explicando que ellos son los padres biológicos.

Además la Defensoría del Pueblo - organismo constitucional peruano - detalló, a través de un comunicado, que está tomando el caso y descartó la hipótesis de trata de personas: "La revisión de los documentos obtenidos nos lleva a señalar que los hechos no tipifican en el citado delito, debido fundamentalmente a que los niños serían fruto de un proceso de maternidad subrogada, situación que no se ajusta al ilícito penal que sanciona la venta de niños", afirmó la entidad.