Por la razón o la fuerza

Uno de cada tres estudiantes justifica la violencia como una vía para resolver los conflictos, titula La Tercera esta mañana, acentuando la grave crisis de violencia escolar que vive el país. Anteayer, un tiroteo frustrado en Puerto Montt liderado por un niño de 14 años que terminó hiriendo a un compañero; ayer, hoy y desde hace meses, escenas de violencia desenfrenada en el Instituto Nacional que muestran que las dinámicas escolares ya no son cosas de niños.

¡Abran los mochilas!, dicen unos, como si la sola transparencia fuera a solucionar los problemas; ¡Cierren las mochilas!, exclaman otros, que perdidos en su estrategia política buscan cualquier excusa para polemizar con la autoridad educacional.

Ni unos ni otros están en lo correcto, o completamente equivocados. Pero el problema no es el instrumento que ilumina esta discusión, sino los problemas de fondo que no estamos debatiendo. Chile vive una crisis de responsabilidad y de autoridad, que tiene como consecuencia la erosión de la confianza pública y la pérdida de los deberes básicos de nuestro comportamiento social. Peor aún, es el comienzo de un espiral de violencia que hoy está consumiendo al liceo más importante y prestigioso de Chile y que amenaza, en el corto plazo, con expandirse a toda la educación pública y privada por igual.

Ya nadie respeta a nadie: ni los hijos a sus padres, ni los estudiantes a sus profesores. Los ciudadanos no respetan a los políticos, ni las personas a los Carabineros. Las mujeres siguen siendo vulneradas, y a ellas se suma la falta de consideración con nuestros adultos mayores, con los enfermos y desvalidos. Nos hemos convertido en una sociedad individualista, egoísta y desconsiderada, que pone a su propia persona en primer lugar, pero al resto de los seres humanos en el último. Una nación que ha perdido el sentido de las prioridades, donde gracias a la Ley Cholito o la Ley Arbolito, un perro o un árbol tienen más protección que un profesor o un carabinero.

Por eso es urgente enmendar el rumbo. No podemos aceptar que un violentista encapuchado tenga secuestrado un colegio y nos pretenda imponer, en total impunidad, un petitorio irrisorio que incluye el rechazo al TPP y el establecimiento de un menú escolar vegano. Eso no es una articulación inteligente, eso es un atentado al sentido común que sólo busca instalar el caos y burlarse de nuestra tradición republicana.

Ya sea abriendo mochilas, usando las Fuerzas Especiales o sitiando por completo el Instituto Nacional, la violencia tiene que acabar ya. No podemos tolerar que el otrora primer faro de luz de la nación siga convertido en el símbolo de la impunidad y de la incapacidad de gobiernos, municipios y Carabineros de controlar a delincuentes con capucha que se burlan de nuestra sociedad. La razón ya no sirve, sólo queda la fuerza y hay que aplicarla con rigor antes de que sea demasiado tarde.

Superada la emergencia, aboquémonos a trabajar en la profundidad de los complejos desafíos que vive nuestra sociedad. Hagámonos cargo de la creciente crisis de salud mental; de la emergencia nacional en materia de consumo de drogas y narcotráfico; de la violencia escolar, el bullying y los problemas que generan las nuevas tecnologías, la desconcentración y la dependencia farmacológica en menores de edad. Son temas donde hay una preocupación transversal y donde racionalmente se pueden elaborar propuestas efectivas que nos comprometan a avanzar.

La izquierda no puede seguir validando la impunidad de estos grupos anarquistas que, aprovechando su ingenuidad ideológica, los arrastran hacia una defensa ingenua de sus absurdas demandas. Llegó la hora de que los ciudadanos exijamos a nuestras autoridades hacer una división clara y categórica entre quienes defendemos la razón y aquellos que nos quieren imponer las suyas por la fuerza.