Las claves del programa de Jadue: terminar con las AFP, impuesto a los altos patrimonios y legalizar producción de marihuana

“Nunca se parte de cero, pero hoy el modelo no da para más, y por eso hablamos de transformaciones profundas", dijo el candidato del Partido Comunista en la presentación de su plan de gobierno de esta mañana. Este incorporó a su equipo programático a personeros que en su momento fueron protagónicos en el PS y el Frente Amplio.




“Hay que cambiar la matriz de la discusión de cuánta plata tenemos y para qué nos alcanza, porque sabemos que con la lógica de un Estado chico no vamos a resolver nada”, afirmó Daniel Jadue (PC) en un live de Facebook, canal escogido para entregar hoy su programa de gobierno, que consta de 205 páginas.

Desde las 11 horas, acompañado de su equipo programático y en un encuentro moderado por la diputada Marisela Santibáñez, el abanderado del PC se explayó por más de hora y media en su exposición, la cual fue seguida por entre 3.500 y 4.000 personas conectadas.

Su diagnóstico es que durante los últimos 30 años se han acumulado “desigualdades, abusos y precariedades” que llevaron al estallido social y se acentuaron con la pandemia, producto de un modelo neoliberal que calificó de agotado. Su aspiración es promover un “gobierno con verdadera voluntad transformadora” y por ello quizás a lo largo del programa se repiten vocablos que remiten a lo refundacional, como rediseñar, rehacer y rectificar.

“Nunca se parte de cero, pero hoy el modelo no da para más, y por eso hablamos de transformaciones profundas (…). No queremos que en la próxima pandemia nos regalen ventiladores malos para que nos sintamos que los grandes nos están cuidando, sino que el Estado fortalecido pueda proveernos a todos de lo que necesitamos”, recalcó. Por ello, propone como método de financiamiento ampliar la recaudación entre ocho y 10 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) con nuevos impuestos, fin a exenciones, entre otros.

La coordinación del programa estuvo en manos del economista Fernando Carmona, que contó con un amplio equipo -que serán sus voceros- provenientes de distintas vertientes de izquierda. Destacan Ramón López, que era encargado del ala económica de la excandidata del Frente Amplio Beatriz Sánchez, el expresidente del PS Gonzalo Martner, Francisco Silva, que fue candidato a la convención en la Lista del Pueblo, Jorge Coulon, músico fundador de Inti-Illimani, entre otros.

Las principales claves del programa son:

Financiamiento con más impuestos: crear un impuesto permanente de 2,5% a los altos patrimonios, cuya fortuna superen los US$ 5 millones y desintegrar el sistema tributario para las grandes empresas, de modo que tributen tanto las empresas como los socios. Eliminar exenciones como el del diésel y reemplazar el actual impuesto a la minería por un royalty sobre las ventas.

No más AFP: crear un nuevo sistema de seguridad social que elimine a las AFP como administradoras y pagadoras, y por lo mismo abre la posibilidad de que las personas retiren el 100% de sus fondos o los destinen a un seguro especial para su vejez en forma complementaria. “Entendemos que son propiedad de cada afiliado y que ante un cambio de sistema debemos respetar sus derechos de propiedad, pero, a la vez, ofreciéndoles un sistema de seguro social donde puedan voluntariamente incorporar sus recursos ahorrados”.

La propuesta combina tres sistemas de reparto intergeneracional, intrageneracional y de género, basado en cuentas nocionales, donde habrá una Pensión Básica Universal igual a un 75% del salario mínimo vigente para todos.

Subir salario mínimo hasta $567.000 en los cuatro años. Habla de configurar la modalidad de Trabajo Decente, disminuyendo la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, y 36 horas al final del período. Reconocer huelga universal, incluidos los trabajadores públicos, y propone la negociación ramal colectiva por cada sector y subsector económico. “La huelga podrá ser ejercida más allá de la negociación colectiva”, agrega, al mismo tiempo que menciona el reparto del 30% de las utilidades anuales entre los y las trabajadoras.

Revisión de los TLC: Propone revisar los tratados de libre comercio suscritos por Chile “con el fin de corregir los aspectos que limitan el espacio de políticas productivas e industriales nacionales” y promover “la integración económica y comercial en América Latina para una inserción virtuosa en Cadenas Globales y Regionales de Valor”. “Buscaremos la transición hacia un “nuevo orden económico internacional” que amplíe el espacio de políticas de desarrollo permitidas por la nueva política nacional de tecnología y conocimiento”.

Trabajo doméstico: que el Estado lo reconozca pagando una remuneración mensual de, al menos, un 75% del sueldo mínimo vigente, que se implementará de manera progresiva, partiendo de los primeros cuatro deciles de más bajos ingresos, hasta hacerse universal.

Agua: impulsar una agenda de cambios legales, institucionales, administrativos y de desarrollo de infraestructura para: hacer efectivo el principio del agua como un bien nacional de uso público, creando además una Agencia Nacional del Agua.

Reforma a la salud, incluyendo un modelo de cotización universal para que el sistema público sea de atención gratuita en Fonasa, abriendo la existencia de un sistema privado, pero que sea financiado de forma particular.

Derechos: aborto hasta las 14 semanas ampliando las causales -que no se definen- y ampliar el derecho a voto desde los 16 años.

Legalización de las drogas: “Para dar un fuerte golpe al tráfico de drogas se legalizará la producción nacional existente de marihuana y debatirá respecto de las drogas sintéticas bajo empadronamiento y control directo de calidad y cantidad”, afirma en el programa, señalando que su comercialización deberá hacerse en expendios habilitados y bajo empadronamiento con seguimiento de las y los consumidores desde los establecimientos de salud primaria.

Derogar la Ley de Seguridad del Estado: para que los tipos penales establecidos dejen de ser invocados en el contexto de manifestaciones sociales. Al igual como ha señalado el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, plantea establecer en materia penal “el juicio por jurado para fortalecer el sistema acusatorio adversarial con real participación y legitimidad ciudadana”.

Refundación del Sename y reforma a Carabineros: esta última establece “su sujeción a la autoridad civil en materias operativas y administrativas. La protección de la comunidad será el eje del trabajo de las policías”. Propone trasladar “las funciones de investigación a PDI, dándole presencia nacional, tal como la tiene Carabineros”.

Defensoría del Pueblo: con funciones de contraloría de los DD.HH., con autonomía de rango constitucional que acogerá las quejas de los administrados en relación al funcionamiento de la Administración del Estado y la prestación de servicios públicos.

Nuevo Estado social y democrático: plantea una amplia reforma del Estado, creando nuevos ministerios y fundiendo otros; la elaboración del presupuesto con una nueva regla fiscal contracíclica, con metas de equilibrio presupuestario estructural hacia el final del gobierno en 2026 y con cuentas de inversión plurianual.

Paridad y participación: paridad de participación de mujeres en cargos designados, “incluyendo el gabinete de gobierno y los consejos y comisiones”; en “cualquier órgano de elección popular” y en “el total de las candidaturas que componen las listas en disputa”. También establece iniciativa popular de ley, referéndum revocatorio de normas y de autoridades y plebiscito de materias de ley.

Reducción de gasto electoral: entre su agenda anticorrupción, junto con ampliar la persecución de delitos por fraude al Fisco, propone disminuir en un 50% los límites de gasto electoral, restringir la publicidad en la vía pública y en las radios y bajar de 1.000 UF a 100 UF el aporte máximo de personas naturales a las campañas. Asimismo, establecerá un período de vacancia de cinco años para que exfuncionarios públicos opten a un empleo en empresas reguladas.

Medioambiente: terminar con las zonas de sacrificio, proteger los 1.800 glaciares que existen en el país y en un acápite de la Defensoría del Pueblo promover el respeto, la protección y garantía de los derechos socioambientales y contribuir en la búsqueda de soluciones a los conflictos socioambientales que se encuentran a la fecha abiertos y latentes en el país.

Autonomía a los municipios para, por ejemplo, para aplicar tasas de Impuesto Territorial, patentes y permisos de circulación, y para “remunicipalizar” algunos servicios, como internet. Además de entregarles la capacidad de endeudarse hasta en un 10% de los ingresos propios por un periodo o más.

Restitución de tierras: menciona la posibilidad de crear una inmobiliaria popular, medios de comunicación públicos, contar con una Comisión de Verdad y Justicia permanente, y restituir las tierras a campesinos e indígenas. “Reconocer y garantizar el acceso a la tierra de todos y todas quienes la trabajen directamente. Establecer la obligación del Estado y todas las instituciones de garantizar el acceso a la tierra de las mujeres y jóvenes. Establecer el derecho a la restitución de tierras usurpadas a los pueblos originarios y campesinos”, remarca.

Banco Central: Aunque no tiene un acápite específico sobre este órgano, el documento sostiene: “Se ampliará las funciones del Banco Central, el que se regirá por un directorio que exprese a los distintos actores económicos y sociales y se coordinará con la autoridad gubernamental para que la política monetaria sea parte de una política económica de desarrollo con sus componentes fiscales, de ingresos, cambiarios, de fomento productivo y de lucha contra el cambio climático.” También agrega la idea de que el BC preste dinero directamente a empresas, lo que hoy no puede hacer. “Mantener una disposición de fondos para crédito concesional y condicionado a empleo con equidad de género para las empresas de menor tamaño (a los mismos niveles de 2002-2021), por parte del Banco Central u otro mecanismo del Estado, al menos los dos primeros años”.

Fortalecer Codelco y finalizar contrato de SQM: En el ámbito productivo, el programa dice que un eventual gobierno de Jadue buscará “reindustrializar” al país. En materia minera, se fortalecería el rol de Codelco, capitalizándolo. Además, señala que se finalizará “el contrato de SQM con el Salar de Atacama, así como revisar los contratos de explotación con Albermale”. El primero expira en diciembre de 2030. No está en el documento anunciado hoy mediante qué vía se finalizaría ese contrato.

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