Las dudas que dejó el proceso de Iniciativas Populares de Norma que llegaron a la Convención

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Foto: Andres Perez

Valorado por su alta convocatoria, con cerca de un millón de personas siendo parte de la autoría o adhesión a diversas propuestas, persisten interrogantes en cuanto a la cantidad de iniciativas que efectivamente llegaron a la Constituyente y no fueron publicadas, las razones para ello o quiénes y por qué se eligieron unas por sobre otras.


De manera inédita en el país, en noviembre de 2021, la Convención Constitucional abrió un proceso de participación ciudadana para recibir propuestas de normas que, tras cumplir distintos requisitos, pudieran ser consideradas en la redacción de una nueva Constitución.

Con el plazo cerrado para su recepción el 20 de enero, fueron 2.496 las iniciativas populares de norma (IPN) que fueron publicadas en la plataforma web habilitada para dar a conocer los textos, que recibieron más de 2,8 millones de respaldos antes del plazo final para su patrocinio, que venció el 1 de febrero.

Así, 77 iniciativas consiguieron más de 15 mil apoyos, pudiendo -de ese modo- ser parte de la discusión de las distintas comisiones temáticas del órgano redactor.

De acuerdo a la información que han entregado desde la mesa directiva de la Convención, que preside María Elisa Quinteros (MSC), 980.332 personas participaron del proceso -pudiendo apoyar un máximo de siete IPN-, en su mayoría mujeres (47,8%) y de la Región Metropolitana (47%).

Con esos números, convencionales de todos los sectores valoraron el alto nivel de participación e interés ciudadano. Sin embargo, existe una serie de interrogantes respecto de la opacidad en los resultados del proceso.

El Reglamento de Participación Popular, aprobado por el pleno de la Convención en octubre pasado, estableció que existirían dos “órganos para la participación popular”: la Comisión de Participación Popular y la Secretaría Técnica ad hoc. La comisión encargada de velar por el diseño e implementación de la participación popular debía estar integrada por al menos 21 miembros y liderada por dos coordinadores. Bastián Labbé (MSC) y Paulina Valenzuela (INC) fueron elegidos en la primera sesión de la instancia, el 27 de octubre de 2021.

Además, esta comisión debía dirigir y supervisar el trabajo de la secretaría técnica respectiva, cuya conformación (artículo 20 del Reglamento de Participación Popular) sería de “16 personas de reconocida capacidad técnica en materias constitucionales, metodologías de participación ciudadana, análisis lingüístico, conocimientos interculturales, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, tecnologías de la información y disciplinas afines y pertinentes para la íntegra satisfacción de su cometidos”.

La convocatoria para integrar ese órgano fue abierta el 28 de octubre, y el 11 de noviembre el pleno ratificó la nómina propuesta por la mesa directiva, que entonces lideraba Elisa Loncon. Sin embargo, dicha nómina contenía solo 10 nombres, es decir, no cumplía con el requisito reglamentario de 16 profesionales para integrar este equipo. Además, en diciembre del año pasado se conoció la renuncia de tres personas, cuyo reemplazo fue aprobado por el pleno el 6 de enero.

¿Cuántas normas entraron?

Además de los aspectos reglamentarios que pudieran haberse incumplido en relación con la conformación de la secretaría técnica, existen dudas respecto de cuántas propuestas de norma ingresaron, cómo se visó su admisibilidad y quiénes trabajaron en ello.

Los coordinadores de la secretaría de participación, Gonzalo de la Maza y Valentina López, fueron contactados -vía correo electrónico- el miércoles de la semana pasada por La Tercera PM para solicitar diversa información vinculada al proceso, sin obtener respuesta.

Asimismo, este medio contactó a los convencionales Labbé y Valenzuela -esta última, a través de una de sus asesoras-, quienes tampoco entregaron respuesta a la solicitud.

En este escenario, se requirió una respuesta por parte de la presidenta Quinteros, pero hasta el cierre de esta edición, la información no había sido enviada.

Una de las interrogantes dice relación con la cantidad total de propuestas ingresadas. Esto, considerando que no todas las iniciativas que llegaban pasaban el filtro. El reglamento estableció como único requisito que ninguna propuesta podría transgredir tratados sobre derechos humanos. Sin embargo, había también requisitos formales -incluso, llegaron textos con “bromas”, según dicen en la Convención- para poder acoger una solicitud.

Entonces, si bien se ha hecho público que más de 2.400 normas pudieron ser publicadas, no existe información acerca de cuántos textos no calificaron para ser subidos a la web. Tampoco existe registro sobre la notificación a sus autores, el plazo en que eso ocurrió o no, ni si tuvieron la posibilidad de reingresar sus propuestas.

La cuestión de la admisibilidad

El propio reglamento estipula que la Comisión de Participación Popular debía declarar admisibles o inadmisibles las iniciativas. Pero no consta en ninguna sesión de esa instancia que la comisión en su conjunto haya deliberado sobre aquello. Únicamente se hizo mención, en la sesión del 17 de enero de 2022, que estaban frente a un “atasco” o “cuello de botella” en la revisión de IPN, cuestión por la que el convencional Tomás Laibe (CS) propuso reestructurar la comisión y planteó la opción de asignar un número de 100 iniciativas a cada convencional para su revisión.

Ante ello, el coordinador Bastián Labbé preguntó a cada uno de los presentes su disponibilidad para realizar aquella tarea y, en su mayoría, respondieron afirmativamente. Quedó pendiente, eso sí, la decisión de Valentina Miranda (PC) y Giovanna Grandón (Coordinadora Plurinacional) quienes no contestaron vía zoom a los dos llamados que se les realizó, mientras que Geoconda Navarrete (Evópoli) se negó.

En las siguientes sesiones de la comisión, no obstante, no fue abordado el tema, por tanto, no es pública la información respecto de quiénes y cuántas IPN fueron examinadas, bajo qué criterios priorizaron su revisión o cuánto tiempo tardaron entre la llegada de las IPN hasta que, de pasar el filtro, fueron publicadas.

Por otra parte, si bien existe un único criterio que permitía excluir una propuesta, no se ha hecho público tampoco algún registro o informe en el que se detalle las razones por las que una IPN no pudiera pasar al proceso de publicación para conseguir los patrocinios.

En otras palabras, no consta en documentos públicos de la Convención, de la Comisión de Participación Popular o de la secretaría técnica respectiva registro alguno acerca del proceso en su totalidad, considerando la cantidad de normas recibidas, si hubo o no notificación a sus autores, plazos que tardó el proceso de revisión, criterios de admisibilidad o convencionales que examinaron las propuestas.

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