Matar a un Presidente

Por segunda vez, en menos de cuatro años, la izquierda más radicalizada presentará una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. A 46 días de la elección presidencial y a cinco meses del cambio de mando, la oposición ha decidido juzgar y eventualmente decretar la muerte civil de un Presidente de la República.

No soy admirador de Sebastián Piñera. En este humilde espacio, he sido crítico de su incapacidad para enfrentar el estallido de violencia; la debilidad que evidenció para sostener la gestión del exministro Mañalich; o la capitulación progresiva de sus atribuciones legislativas frente al chantaje creciente del Congreso. Ni hablar de las malas decisiones políticas y el frenesí comunicacional que lo han llevado a sostener posiciones ambiguas y traicionar a la inmensa mayoría de sus electores.

Siempre he creído que Sebastián Piñera es un especulador compulsivo, en los negocios y en la política. Una característica –o condición– que le ha permitido alcanzar importantes logros en su vida, pero que, para lograrlo, ha cultivado un estilo y modo de actuar donde permanentemente se expone al riesgo y hace competir a sus subordinados y empleados en forma paralela, contraria o complementaria según la naturaleza de la operación lo requiera.

Finalmente, no tengo certezas, pero tampoco dudas, de que Piñera nunca ha separado la política de los negocios. No por nada tenía instalados los monitores de Bloomberg en su oficina de La Moneda y está al tanto, minuto a minuto, de los principales movimientos del mercado chileno y mundial, con una capacidad superlativa para anticipar las tendencias financieras. Precisamente, es el infinito poder y éxito que ha alcanzado Piñera el que lo ha hecho situarse más allá del control y los límites en los más diversos órdenes de cosas.

Pero el fundamento para esta acusación constitucional no es jurídico ni ético, es exclusivamente político. No hay nada nuevo en las revelaciones sobre la naturaleza de Sebastián Piñera que sean una novedad; no hay un solo antecedente que por sí solo pueda ameritar un reproche jurídico o que se acerque a la comisión de un delito; no hay rastros ni huellas de una operación comercial que pueda atribuirse a la intención premeditada de obtener ventaja o beneficio impropio de la función que por mandato constitucional fue elegido para desempeñar.

“El hecho de ser Presidente me ha significado perjuicios, no beneficios en lo personal”, afirmó Piñera este lunes, visiblemente afectado por la situación que le tocó enfrentar. Y es verdad. Durante casi ocho años, Sebastián Piñera se ha entregado por completo a servir a los chilenos. Lo haya hecho bien o mal es otra cosa, pero en materia de sacrificio personal y familiar, un personaje como Piñera ha perdido mucho al emprender una travesía tan compleja como ésta. No es la plata o una ventaja económica lo que ha movido a Piñera, sino una gran cuota de amor propio, y aunque a muchos nos cueste reconocerlo, un amor también por su país y la creencia –errada o no– de que su liderazgo beneficia a la gente.

Acusar a un Presidente no es un hecho baladí. Es uno de los procesos más graves y complejos que puede enfrentar una República y su justificación debe estar a la altura de las consecuencias que su aprobación genera. Es lo que se espera de la izquierda radical e irresponsable, y no de los políticos sensatos de nuestro país. Por lo mismo, en esta decisión no solo estaremos juzgando al actual Presidente, sino también al tipo de Presidente que elegiremos para el futuro, y lo que hagan, digan o no digan los candidatos presidenciales sobre esta materia será determinante para el voto de muchos este 21 de noviembre. Los estaremos mirando.